Causa Base Naval: tres sobrevivientes volvieron 39 años después

“Me cuesta creer que, en Auschwitz, permitieran que se construyera un Disneylandia”, pensó en voz alta.

Pablo Mancini, Osvaldo Durán y Edgardo Gabbín compartieron cautiverio durante la última dictadura. Hoy, participaron de una inspección ocular en la Base Naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en el marco del juicio que tiene a 14 militares acusados por crímenes cometidos contra 123 personas en centros clandestinos de detención de la Armada.

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Enviar por mailPor: Federico Desántolo

ANTECEDENTES

Base Naval: el juicio que muestra la articulación entre Ejército y...

Mar del Plata: procesaron a los acusados por los crímenes de la Base...

Pablo Mancini y Osvaldo Durán se adelantan a la comitiva. Se dan ánimo y reconocen el lugar, los olores y los sonidos. Edgardo Gabbín camina más lento. Se toma unos segundos, se separa del grupo. Al rato, deja de lado la emoción y avanza. Los tres compartieron lugar de cautiverio en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico–militar y hoy, 39 años después, regresaron al sitio donde conocieron el terror.

Desde la entrada principal, no se puede ver la dependencia de Buzos Tácticos. Para llegar al lugar donde fueron alojados cientos de detenidos hay que recorrer unos 500 metros, por un camino serpenteante. Los tres detenidos coincidieron en el primer detalle: el árbol que se veía desde la celda. Mancini lo recuerda bien porque durante los 20 días que pasó en la Base Naval, en una oportunidad, fue sacado sin capucha al exterior e identificó dónde estaba.

Los sobrevivientes hicieron un gran ejercicio de memoria sensorial porque finalizada la dictadura y con el comienzo del Juicio a la Juntas, la mayoría de las dependencias militares que funcionaron como centros clandestinos de detención fueron modificadas a contrarreloj, para despistar a quienes pudieran dar testimonio.

A partir de 1973, Gabbín comenzó a militar en el peronismo de base. El intervalo en su militancia se dio a partir de 1974 cuando le tocó hacer la colimba en la ESIM pero, al poco tiempo, desertó.  Con un documento falso, el “Gordo” siguió con su vida hasta el 11 de enero de 1977. Ese día fue descubierto por dos oficiales de la Armada y fue llevado a la Base Naval. Desde entonces, y durante poco más de un año, fue torturado; intentó fugarse y hasta pensó en suicidarse.

La parte trasera del edificio de Buzos Tácticos mira hacia la pequeña playa donde el personal militar realiza los entrenamientos en el agua. Gabbín necesitó volver a escuchar el ruido del oleaje para  confirmar que había estado allí. “Este ruido del mar y chicos jugando era lo que escuchaba cuando me tenían encerrado”, aseguró.

No fue un sueño

El 17 de junio, Gabbín declaró en el juicio a los 14 militares responsables de los crímenes cometidos en las dependencias de la Armada, en Mar del Plata. Frente a los jueces Néstor Parra, Mario Portela, Alejandro Esmoris y Jorge Aníbal  Micheli, contó un episodio confuso que, hasta ese momento, nunca había mencionado. En su memoria había una imagen de hombres que caminaban bajo el agua, cargando peso en un espacio de color celeste. Gabbín dudaba: creía que podía ser un recuerdo o un sueño. La certeza de su existencia llegó hoy, cuando descubrió que el espacio celeste era –y es– una de las cámaras de agua que utilizan los buzos en el entrenamiento de inmersión y que está camino a la enfermería, lugar donde a los detenidos les daban una pastilla para dormirlos. 

El último tramo del cautiverio en la Base Naval, Gabbín lo pasó en un calabozo muy pequeño, ubicado en el edificio de “servicios generales”. Contra todos los pronósticos, esos calabozos están casi intactos. Ahora almacenan gaseosas y cajones de cerveza. “Yo estuve en el del medio hasta que me trasladaron a Buenos Aires”, recordó el testigo.

ESIM: el terror en el Faro

Pablo Mancini fue secuestrado la madrugada del 9 de septiembre de 1976. El grupo de tareas ya había secuestrado a su primera víctima esa noche; Mancini era la segunda. En dos Ford Falcon, ambos fueron llevados a la Base Naval. Durante 20 días, fue sometido a un feroz interrogatorio en el que le preguntaron por sus compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

El mismo camino que hizo este miércoles, desde la Base Naval hasta la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina –ubicada en el Faro al sur de la ciudad– Mancini lo hizo 39 años atrás, en un camión de la Armada junto a otros detenidos.

El lugar donde funcionó el centro clandestino de detención de El Faro ya no pertenece a fuerza. Por decisión del gobierno nacional, fue cedido para la creación de un Espacio de la Memoria.  Mancini visitó varias veces la ex ESIM y ya exorcizó los viejos fantasmas. Dentro del lugar donde permaneció dos meses cautivo, describió con detalle cómo trascurrían aquellos días. “Nos tenían sentados. Éramos diez detenidos en filas de cinco, espalda con espalda. Teníamos manos y pies atados, algodones en los ojos y orejas, más la capucha. Y se escuchaba música las 24 horas del día. Unos siete discos que se repetían a todo volumen”.

Mancini se animó a adivinar dónde estaba ubicado el tocadiscos que reproducía a Gardel, a Daniel Toro y a Los del Suquía. Los primeros días estuvieron sentados sin poder moverse. “Tiempo después,  nos pusieron cinco colchones y nos turnábamos para dormir”, recordó.

Desde el regreso de la democracia, el predio de la ESIM sufrió varias modificaciones. Una parte, la que da a la playa, fue cedida en los ’90 a una empresa privada que construyó el Aquarium, un parque marino que sepultó parte de la estructura del terror estatal. Mancini formó parte del grupo que se opuso a que los negocios del Aquarium se siguieran extendiendo sobre el predio del Faro. Hace más de 15 años, lograron que el Concejo Deliberante no aprobara el nuevo emprendimiento: un parque de diversiones con vista al mar.

“Me cuesta creer que, en Auschwitz, permitieran que se construyera un Disneylandia”, pensó en voz alta.

FD/LL

¿Por qué no emiten desde Argentina, la orden de extradición para el médico represor Gori?

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad con medidas cautelares al médico argentino Carlos Fernando Gori a la espera de que se resuelva la extradición a su país de origen, donde está acusado de participar en homicidios y torturas cometidos a partir del primer año de la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, informaron fuentes jurídicas. 

 
El doctor Gori está acusado por las autoridades judiciales argentinas de varios delitos de homicidios agravados, imposición de tormentos, privación de libertad agravada y asociación ilícita que se habrían cometido durante la dictadura militar, que se prolongó entre 1976 y 1983, está acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la Dictadura. Fue jefe de Sanidad de la fuerza de submarinos en 1976

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El magistrado le ha impuesto a Gori la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio. El médico había sido enviado a prisión provisional el pasado 19 de septiembre tras ser detenido un día antes en Alicante en virtud de la petición de entrega cursada por el país andino.

 
El detenido, de 74 años, trabajaba desde 2002 en la compañía Medibarox, radicada en Alicante y dedicada a la medicina hiperbárica, según consta en el perfil que mantiene abierto en la red social Linkedin.

 
"Condiciones inhumanas"
Según la reclamación, efectuada por el Juzgado Federal de Primera Instancia Criminal y Correccional número 3 de Mar de Plata Secretaría 8, Gori era en 1976 el jefe del Departamento de Sanidad de la Fuerza de Submarinos, desde el que habría contribuido a "mantener ilegalmente detenidas en condiciones inhumanas a disidentes y presos políticos".

 
El magistrado español le tomó declaración el pasado septiembre y cursó entonces una comisión rogatoria internacional a Argentina para preguntar a sus autoridades si la reclamación de extradición continúa vigente o los delitos han prescrito.

 
Del mismo modo, solicitó que se detallen los cargos que se sostienen contra él y que se realice una narración detallada de los hechos delictivos que se le imputan. El juez Velasco también quiso conocer si existe en el país argentino alguna norma de perdón, olvido o archivo que permita exonerar a Gori de responsabilidad penal.

Tres represoreds fueron condenados a prisión perpetua por los delitos cometidos en Monte Peloni

“Un aparato organizado de poder que tragó vidas”

En Olavarría, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata dictó penas de prisión perpetua para Ignacio Aníbal Verdura, Walter Grosse y Omar Ferreyra por homicidios, secuestros y torturas. Horacio Leites fue condenado a ocho años de cárcel.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael - Desde Olavarría

Treinta y siete años después, la misma ciudad que en agosto se vio sacudida ante la aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto, y que aún espera la investigación sobre la responsabilidad de Loma Negra en el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, vislumbró una luz de justicia. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata dictó penas de prisión perpetua en tres casos y de ocho años de cárcel en otro a los represores que –desde diferentes roles– manejaron los hilos del poder en la Olavarría durante la dictadura.

La sala estaba atestada. Un par de ventiladores y decenas de abanicos aliviaban escasamente el calor agobiante en el SUM de la Universidad del Centro, mientras los cuatro acusados esperaban la sentencia por su participación en los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el circuito represivo de la zona. Olavarría hervía en su cemento fundante con más de 33 grados al mediodía. Ignacio Aníbal Verdura, Walter “el Vikingo” Grosse, Omar “Pájaro” Ferreyra y Horacio Leites escucharon la determinación de su destino inmediato sin inmutarse. Verdura, con más de 80 años y una salud extremadamente frágil que se hacía visible en su andar inseguro, sabía que cualquier condena para él sería perpetua. Literalmente lo fue. De ese hombre omnipotente, de ese criminal convencido de los servicios ofrendados a la patria, sólo quedaba la mirada. La mirada terrible. El resto es un muestrario de los estragos del tiempo.

Para los sobrevivientes, las casi cuatro décadas en espera de justicia, en un andén donde durante años sólo se detuvo la soledad, también gastaron las piernas, marcaron la piel y ensombrecieron el alma. Algunos no llegaron a ver esa justicia consumada. Pero ayer, cuando los nubarrones de una inminente tormenta de verano hacían un poco más soportable la intemperie, la recuperación de la alegría como militancia fue la sensación mayoritaria. Acaso sintetizada en las palabras de Rosana Cassataro, familiar de cuatro desaparecidos: “Nosotros nunca buscamos venganza. La única venganza es la alegría, la que no nos pudieron arrebatar”.

Apenas pasados unos minutos de las 11, se abrió la audiencia con sólo un testimonio pendiente: las últimas palabras que Omar Antonio Ferreyra aceptó pronunciar. Afectado por un cáncer, dijo que no pediría clemencia porque “clemencia piden los culpables”. Responsabilizó a las superioridades, juró su inocencia y pidió ser devuelto de inmediato “al hospital por mi estado crítico”. Luego del cuarto intermedio de dos horas, Ferreyra volvió: el tribunal había rechazado el pedido.


La voz del juez Roberto Falcone repasaba cada tramo de la sentencia mientras la mirada de Verdura apuntaba hacia el gris de los baldosones de la sala. Walter Grosse y Omar Ferreyra quedaron unidos en el destino de las penas: “Prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro” como autores de “homicidios agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas de los que resultaron víctimas Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini”, más la privación ilegítima de la libertad agravada en 20 hechos y tormentos en otros 15. Apenas un par de músculos de sus rostros se movieron mínimamente ante un destino esperado.

En el campus, una pantalla gigante transmitía la audiencia para quienes se habían quedado afuera. El clima agobiante era compartido. Los aplausos y algunos abucheos inmediatamente abortados por el juez Falcone se replicaban afuera, donde no había sala para desalojar.

Sin embargo, el residente más estable en los dos ámbitos fue el profundo dolor que sobrevive a los tiempos, que quiebra a los Fernández (Osvaldo, sobreviviente; y Jorge Oscar, asesinado), que sube la presión y la diabetes de Araceli Gutiérrez (víctima y actual casera de Monte Peloni), que atraviesa la vida de Juan Pablo Villeres y su abuela Purita, ambos todavía esperando una noticia de Graciela Follini y Rubén Villeres, devorados por las fauces del Estado terrorista. El mismo que ayer, como definió Carmelo Vinci (víctima y parte de la Comisión por la Memoria), “fue condenado a perpetua”.

A la derecha de la sala, los familiares de los represores se replegaban en su soledad de minoría. Los hijos de Verdura escucharon el veredicto entre lágrimas. El hijo de Walter Grosse eligió la mirada desafiante. Todos salieron en silencio cuando la lectura de las condenas cerró el juicio hasta el 25 de febrero en la sede marplatense del Tribunal, cuando se leerán los fundamentos de la sentencia.

La suerte de Leites fue más benigna: apenas ocho años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tormentos. Su participación podría tener mayores elementos probatorios en el juicio Monte Peloni II, aún en etapa de instrucción penal.

Tras una lectura que se extendió por 26 minutos exactos, el último punto fue la revocatoria del arresto domiciliario de Verdura por los “peligros procesales” y “las amenazas durante el juicio”.

Cada uno de los imputados –advirtió Falcone previo al inicio de la lectura del fallo– hizo aportes a “un sujeto colectivo, que es el aparato organizado de poder, que se tragó vidas, secuestró y torturó. Los delitos cometidos no son delitos de mano propia. No tortura solamente el que ejerce violencia sobre la víctima sino, también, el que lo permite o el que no lo interrumpe, teniendo el deber de hacerlo”.

Para Juan Pablo Villeres, hijo de padres desaparecidos, las sensaciones fueron “contradictorias; uno se resiste a pensar que están muertos”. La sentencia “no calma el dolor”, pero “marca la permanencia de la esperanza”. Araceli Gutiérrez sintió el peso de la muerte definitiva de su hermana Pichuca: “Se condenó por su muerte; ya no están desaparecidos, están muertos; no están porque los mataron”.

A Pura Puente de Villeres, con sus 90 años, “la sentencia me cambia la vida, que haya justicia me cambia la vida, con todo lo que yo he recorrido”, dice con su pañuelo blanco, sus magros 37 kilos y su esperanza de más vida.

A un costado, el fiscal federal Daniel Adler decía que “lo importante es que este juicio repara a toda la comunidad. Una prisión perpetua que se dicta, responde a la necesidad de mucha gente, no sólo de quienes fueron víctimas aquí. Este juicio tuvo un alto valor simbólico”.

Detuvieron a un represor que actuó en la Base Naval de Mar del Plata

Detuvieron ayer al capitán de navío (R) Teodoro Rosauro Sabbino, quien fue director de la Escuela Antisubmarina de la Base Naval Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar. Fue en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en esa dependencia de la Armada.

La detención fue dispuesta por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata. Y el presunto represor fue encontrado en su domicilio particular, de donde la justicia secuestró, además, fotografías, recortes periodísticos de los años de plomo 1976 a 1983 y una credencial a nombre de Sabbino, emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Sabbino, que fue trasladado a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Mar del Plata, es uno de los 19 marinos que están imputados en causas de lesa humanidad –también están implicados dos ex policías–, por crímenes cometidos en el ámbito de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval marplatense y en otros establecimientos que la Armada tiene en esa ciudad balnearia.

"El accionar de la fuerza se ha probado no sólo por las disposiciones normativas vigentes a la época sino por su efectivo funcionamiento como dan cuenta numerosas evidencias incorporadas a la investigación",  sostuvo el fiscal Pablo Larriera en los pedidos de detención que presentó, tiempo atrás, ante Inchausti. En la causa está imputada, además, la ex jueza federal Ana María Teodori, sospechada de haber tomado declaración indagatoria a dos desaparecidos en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina en el marco de la ley "antiterrorista" de la dictadura. «  Por:  Tiempo Argentino

CNU: la justicia española liberó a Arenaza y Ullúa

Arenaza y Ullúa fueron liberados por la Justicia española.

La justicia española liberó de forma provisional a dos argentinos capturados en España hace 20 días para ser extraditados a la Argentina, en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió liberar a Beatriz María Arenaza Corres y Daniel Alejandro Ullúa a pedido de la Fiscalía, que se opuso a su extradición alegando que los argentinos “no están acusados de lesa humanidad sino de organización criminal” y por hechos “cometidos en los años 70”.

Asimismo, la Fiscalía argumentó que ambos están arraigados en España, por lo que no necesario su permanencia en prisión para evitar el riesgo de fuga, explicó una fuente de la Audiencia Nacional.

No obstante, el magistrado ordenó que Arenaza y Ullúa comparezcan cada 15 días en la comisaría más cercana a sus domicilios, en La Coruña, Galicia, y Palma de Mallorca, Islas Baleares, respectivamente.

La justicia argentina tiene un plazo de 40 días para formalizar el pedido de extradición ante la Audiencia Nacional.

El juez federal Santiago Ichausti, que dictó la orden de captura en el marco de la causa 13.793, acusó a los dos argentinos de “asociación ilícita y homicidio” contra 18 víctimas.

Si el magistrado mantiene esta acusación en vez de lesa humanidad, la extradición difícilmente prosperará porque cuenta con la oposición de la Fiscalía del tribunal, según las fuentes consultadas.

Los dos argentinos eran miembros de la CNU de Mar del Plata, agrupación de ultraderecha que actuaba bajo la órbita de la Triple A y responsable de medio centenar de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975, antes del último golpe de Estado cívico-militar.

Arenaza ya fue condenada a principios de los `70 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler, pero quedó en libertad en 1973 al beneficiarse de la ley de amnistía aprobada durante el gobierno del presidente Héctor Cámpora.

La mujer, de 60 años, que durante casi 40 años vivió tranquila en España y se ganó la vida en la actividad comercial, niega las acusaciones en su contra y asegura que son fruto de las “mentiras” de aquellos años.

Por su parte, Ullúa, quien vivía con una mujer, negó los delitos que se le imputan, y argumentó que en aquellos años convulsivos él era menor de edad.

De los 18 imputados en la causa de la CNU, todavía se encuentran prófugos Fernando Delgado, Eduardo Salvador Ullúa -hermano del que fue detenido en España y Raúl Viglizzo.

Entre los detenidos se encuentra en el Penal de Marcos Paz el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, arrestado por Interpol en Bogotá, Colombia, y extraditado en septiembre pasado a nuestro país, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.

Demarchi está acusado del asesinato de un grupo de militantes de la Juventud Universitaria Peronista en la ciudad de Mar del Plata.

Tras escuchar durante ocho años los testimonios en el Juicio por la Verdad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata concluyó en 2008 que los crímenes de la CNU fueron cometidos con “la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.

El juez Pedro Hooft, a indagatoria

El juez Pedro Federico Hooft, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, deberá prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata, según informaron ayer fuentes judiciales. 

El juzgado citó a Hooft a declarar el próximo 13 de marzo, a las 10. El fiscal general Jorge Auat presentó en diciembre último un escrito ante el juez federal Martín Bava para que ordene la “inmediata” indagatoria del imputado. 

La causa se inició en marzo de 2006, con una denuncia impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a Hooft, por su participación en el secuestro de los abogados caídos durante la llamada Noche de las Corbatas. 

La secretaría entendió que Hooft “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que se pudiesen cometer delitos de lesa humanidad” y exigió su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de “tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada” y como autor “del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba”. Luego se sumaron a la denuncia la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria.


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Piden prisión perpetua para siete represores de Mar del Plata

El horror de la Base Naval

Por delitos de lesa humanidad, la fiscalía solicitó la máxima pena para Alfredo Arrillaga, Juan Lombardo, Raúl Marino, Roberto Pertusio, Rafael Guiñazú, José Lodigiani y Mario Forbice. Para otros cinco imputados pidió 25 años de prisión.

La fiscalía federal de Mar del Plata solicitó prisión perpetua para siete acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval II de esa ciudad, 25 años de cárcel para otros cinco imputados y penas menores al resto de los imputados en lo que fue el último de los alegatos de las partes acusatorias en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron la prisión perpetua para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice por los delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra 69 víctimas durante la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de la Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad. Los pedidos coincidieron con los de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las tres querellantes en la causa y que emitieron sus alegatos durante la semana.

Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez fueron las responsables de realizar parte de los alegatos de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que compartieron con César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II.

Las cuatro partes acusatorias también solicitaron penas de 25 años de cárcel a Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar Falcke y Angel Narciso Racedo. La diferencia radicó en lo pedido para el ex marino Juan Carlos Guyot, para quien la fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron cuatro años de encierro, en tanto que la APDH exigió seis y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió que le apliquen 15 años de cárcel.

En esta causa además estaba involucrado Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud, mientras que durante la instrucción fallecieron los imputados Juan Carlos Malugani y Pedro Barda. El tribunal –integrado por Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo– dispuso que el debate continúe el próximo 14 de noviembre, cuando comienzan los alegatos de los defensores.

De los 69 casos que se investigaron en el juicio, la mitad son mujeres y la mayoría sufrió abusos sexuales. Las partes acusatorias lo calificaron como un juicio de “documentación”, ya que fue un proceso que se fue armando a partir de archivos rescatados de la “burocracia”. A partir de los datos surgidos podrían identificarse cien nuevos represores.

Se trata del segundo juicio que se lleva a cabo por crímenes imprescriptibles cometidos durante la última dictadura en ciudades balnearias. El primero, que obtuvo sentencia hace poco menos de un mes por los hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata y Necochea conocidos como La Cueva, obtuvieron condenas que los organismos de derechos humanos calificaron de “reprochables”.

Alegato de querellas por los crímenes en la Base Naval de Mar del Plata

“Fueron entregados cual botín de guerra”

Las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo se concentraron en los casos de las víctimas embarazadas de ese centro clandestino, que fueron despojadas de sus hijos luego de dar a luz.

 Por Alejandra Dandan

¿Se puede hablar de mayor o menor crueldad cuando se habla de los centros de exterminio y detención? Existe la tentación de hacerlo ante las mujeres embarazadas, los nacimientos de sus hijos o frente a los niños que pasaron por la experiencia de encierro y tormentos con sus padres. Ese es uno de los escenarios en los que ingresó el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, en Mar del Plata. En el relevamiento de las pruebas sobre el secuestro de un grupo de mujeres embarazadas, de sus compañeros y de los partos, las abogadas se detuvieron a observar a los niños que pasaron por la Base Naval: “Esta incertidumbre respecto de la suerte que pudieran correr los hijos de cualquiera de las víctimas –dijeron– era funcional al aparato represivo y constituía otra forma sádica de infundir el terror”.

Santiago Kraiselburd contó en una audiencia su experiencia de niño. Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez de Abuelas retomaron parte de su testimonio en el alegato. A Santiago lo subieron al camión en el que también trasladaron a su madre, Patricia Valera. Les taparon las cabezas con bolsas y los llevaron a la Base Naval. Después los llevaron en un auto hasta la ESMA “todavía tabicados con las bolsas”. A Santiago lo reprendieron en el camino porque “con su inocencia de niño, sin medir las consecuencias, intentó sacarse las bolsas para espiar”, dijeron las abogadas. “Fue en la ESMA donde hicieron que se despidiera de su madre, para luego ser abandonado en el Hospital de Niños de Buenos Aires y finalmente concluir su trágico periplo en un orfanato a sus cinco años.”

A las niñas Bonn y Ríos, recordaron, las dejaron en la puerta del Hospital Regional de Mar del Plata. Bonn murió poco después y a Ríos la recuperó su abuela materna. Daniel Mogilner es el hijo de Graciela Arriola: “Fue liberado a su suerte con su hermanita de 4 años cuando el grupo de tareas de la Base Naval los dejó con el portero de la casa”.

La primera parte del alegato la hizo César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II: trasladadas a dar a luz a la ESMA y luego desaparecidas. “Sufrieron el secuestro, la tortura, el asesinato, fueron constituidos en desaparecidos y les fueron arrancados sus hijos, quienes fueron entregados, cual botín de guerra, a otras familias, las que los apropiaron continuando así con esta práctica sistemática y aberrante”, dijo Murgier.

La sentencia del juicio por el Plan Sistemático de Robo de Niños apareció como telón de fondo del alegato. “Esto demuestra que el interés de la organización represiva por ellas cesaba luego del nacimiento de los niños. Los militares argentinos se quedaron con lo más preciado de sus opositores políticos: su descendencia.”

El alegato recorrió puntos generales de un juicio caracterizado por la enorme producción de prueba documental. Abuelas puntuó algo que una y otra vez apareció en las audiencias como “miedo” no sólo de los detenidos-desaparecidos sino de sus familias: “Usted es muy joven, doctora, usted no sabe cómo nos trataban, el miedo que había”, dijo Anahí Marocchi en una audiencia, como lo recordaron las abogadas.

Hubo una lectura en perspectiva sobre lo que sucedió con otros niños en otros momentos históricos y el contexto del nazismo y el franquismo. Una mención al rol de los padrinos y luego el análisis de los casos. En todas las descripciones, aparecieron las voces sobre la vida de cada quién, sus filiaciones militantes y, dentro del campo, el intento de caracterizar el modo que adquirieron los traslados de Mar del Plata a la ESMA. El primer caso fue el de Susana Haydeé Valor y Omar Alejandro Marocchi. Susana estaba embarazada cuando la secuestraron en 1976. Los dos militaban en Montoneros. Y la reconstrucción del secuestro dio cuenta de las dificultades que tiene aún el sistema judicial para incorporar como víctimas a quienes no fueron vistos por sobrevivientes de los centros clandestinos. La reconstrucción se hizo por vías alternativas: relatos de familiares, una carta del comandante de la Base Naval Juan Carlos Malugani a la familia durante la búsqueda, testimonios escalofriantes de los propietarios de la casa que alquilaban Omar y Susana. Ante la Conadep, contaron cómo después del secuestro el grupo de tareas pasó a robar todo y les dijeron que sus vecinos eran “peligrosos terroristas”. Otros dos procedimientos realizados ese mismo día sirvieron para mostrar que la lógica era la misma: “Los tres procedimientos son idénticos”, dijo Murgier. “Secuestran un día, regresa el mismo grupo operativo para materializar la rapiña y también se hacen del dinero depositado por los locatarios. Es evidente que la fuerza de tareas es la misma y que el destino de todos estos jóvenes estaba decidido: los desaparecerían.”

Otra de las víctimas de aquel grupo fue Susana Pegoraro, secuestrada embarazada, con su padre en Constitución. Recordaron el intento de liberación de su padre. El traslado de ella de la ESMA a la Base Naval y de la Base Naval nuevamente a la ESMA para el nacimiento de su hijo. “Susana había cambiado totalmente”, recordaron durante el alegato. “Llegó (a la ESMA) en un estado lamentable, en su cara se veía todo lo que le habían hecho pasar en esos dos o tres meses en la Base Naval: no hablaba, no reía, no lloraba; lo que había vivido en ese lugar era terrorífico.”

Liliana Carmen Pereyra estaba embarazada de cinco meses. Su recorrido prueba a la vez el tránsito entre la Base Naval y la ESMA: luego de dar a luz volvieron a llevarla a la Base Naval. “Fue asesinada en el paraje Barranca de los Lobos, recibió un disparo de bala de escopeta, efectuado a corta distancia en su cabeza”, dijo Yamila Zabala Rodríguez. “Señores jueces, cada uno de ustedes, como muchas de las personas aquí presentes, a lo largo de la vida, han compartido con una hija, una nieta, una sobrina o algún ser querido, su embarazo y el alumbramiento del bebé”, le dijo al Tribunal. “Pues bien, a Liliana nada de eso se le permitió, nada de eso pudo hacer ni ella ni sus familiares. Dado que fue ilegalmente secuestrada.”

Durante el juicio declaró por primera vez Sebastián Rosenfeld Marcuzzo, el hijo de Patricia Marcuzzo y de Walter Rosenfeld. Patricia fue una de las últimas embarazadas de la ESMA. Yamila leyó durante el alegato la poesía que ella bordó en un pañuelo que tiempo después una de las sobrevivientes logró alcanzarle a su hijo. Luego habló de Laura Godoy, otra de las embarazadas.

 “Señores jueces, es el momento de ustedes, es el desafío de la Justicia, es el momento para dar respuesta a tanta impunidad, a las víctimas, a los familiares y a toda la sociedad, condenando los más aberrantes delitos cometidos por los aquí imputados”.

El ex fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la banda criminal

El exfiscal fue procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de seis homicidios calificados y un secuestro en el marco de crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 y 1976

El juez Santiago Incahusti, que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) cometidos durante 1975 y 1976, procesó este miércoles a Gustavo Demarchi por considerarlo jefe de una asociación ilícita e instigador de seis asesinatos y el secuestro de María Del carmen Maggi. Además le trabó un embargo por 2 millones de pesos.

Inchausti utilizó hasta el último día de plazo que le otorga el procedimiento para llegar a una decisión. Luego de 10 días, ayer les notificó a las partes de la causa 13.793 que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que dictó el procesamiento con prisión preventiva para el ex fiscal Gustavo Demarchi.

La resolución reza: “por considerarlo jefe u organizador del delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con el delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg y María del Carmen Maggi -decana de la Facultad de Humanidades secuestrada y asesinada el 9 de mayo de 1975- en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia respecto de esta última víctima, en calidad de instigador”.

Demarchi, quien se encuentra alojado en el pabellón de delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, recibió la noticia por notificación. Por la distancia, el juez no lo convocó al juzgado.

A lo largo de las 92 páginas de la resolución, el juez Inchausti determinó que Demarchi no sólo integraba la CNU sino que era uno de sus lideres o referentes. Además fue responsable del nombramiento de la mano de obra contratada para los hechos violentos y como fiscal se expidió solicitando el sobreseimiento o archivo de las causas en que aparecía involucrado un miembro del grupo. Por último, el juez consideró que fue Demarchi quien cumplió la función de “instigador o determinador mientras que los otros integrantes de la organización (Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, Piero Asaro, Raúl Viglizzo, Raúl Molleón, y los fallecidos José Luis Piatti y Carlos González”, inducidos por un mandato ejecutaron las ordenes.

Por otro lado, el juez consideró que, en base a las constancias recolectadas en la causa, también hay elementos como para que el imputado sea indagado por el crimen de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani ocurrido el 25 de abril de 1975. Ambos fueron hallados sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo. El cuerpo del primero estaba calcinado dentro de un auto. A pocos metros estaba el segundo que presentaba innumerables impactos de balas.

Demarchi llegó al país el viernes 21 de septiembre proveniente de Colombia, donde intentó refugiarse cuando huyó de la Argentina en noviembre de 2010. Al país cafetero ingresó como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió protección al gobierno de Juan Manuel Santos, quien finalmente le negó el asilo y así aceleró el proceso de extradición.

Demarchi fue asesor legal de la CGT, coordinador docente de la Universidad provincial en la década del '70 y candidato a intendente de General Pueyrredon por el peronismo en las elecciones de 1983. A partir de 1974 fue el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata. Ejerció el cargo hasta el '76. Uno de sus oficiales de Justicia- Eduardo Salvador Ullúa- también integró la CNU y es uno de los acusados en esta causa.

La captura de Demarchi fue producto de una denuncia formulada en junio de 2008 por los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de recibir durante años testimonios en el Juicio por la Verdad.

La causa judicial por los crímenes de la CNU aún cuenta con cuatro prófugos. Se trata de Eduardo Salvador Ullúa -ex ayudante fiscal de Demarchi en la fiscalía federal-, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero -quien cumplió condena por el crimen del diputado Ramón Rojas, ocurrido en San Juan en noviembre del 1975-, y Raúl Viglizzo, quien antes de darse a la fuga vivía en Buenos Aires y era docente universitario. Por todos ellos, el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

El 5x1

Pasadas las dos de la tarde del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni, uno de los líderes de la CNU, muere en la clínica Modelo. Horas antes cuando se dirigía a su casa fue interceptado en la calle Formosa entre Olavarría y Güemes por un Peugeot 504. Una ráfaga de ametralladora lo dejó muy mal herido y no hubo forma de salvarle la vida.

Las primeras noticias hablaron de un ataque por parte de Montoneros pero también se rumoreó una interna entre miembros de la UOM, que tenían muy buena relación con militantes de la CNU.

La madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio de Piantoni un grupo armado conformado por personas de entre 24 y 30 años irrumpió en la vivienda de la calle España 856. La venganza por la muerte del líder de la CNU había comenzado. Se identificaron como policías e hicieron bajar a todos los moradores de la casa.

Enrique “Pacho” Elizagaray era el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Mar del Plata. Cuando el grupo armado irrumpió, Elizagaray pretendió huir por los techos. Algunas de las personas salieron a la terraza y dispararon sus armas automáticas. “Pacho” murió de forma instantánea.

Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Los cuerpos de los Videla fueron hallados en el paraje Montemar.Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo 27 y su padre Jorge Enrique 33.Elizagaray, que quedó muerto en la casa de la calle España, presentaba 23 balazos.

Los jóvenes de saco y corbata que llegaron hasta la casa de la familia Videla habían salido del velatorio de Piantoni: Eduardo Ullúa, Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo y Raúl Moleon. Según la resolución de Inchausti, la viudad de Piantoni le habría pedido a Demarchi la “cabeza de todos los responsables” y la orden del imputado a los integrantes de la CNU habría sido “arrasar contra todo militante”.

El cirujano Bernardo Goldemberg fue otra de las víctimas de la venganza por la muerte de Piantoni. La misma madrugada del 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armados con ametralladoras lo secuestró en su casa de la calle Falucho 3634 en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.

Redacción El Atlántico

Justicia a medias en La Cueva?

No hubo conformidad por el fallo de los jueces. 

Dos de los catorce imputados por los crímenes cometidos en lo que se llamó el circuito represivo Mar del Plata – Necochea fueron absueltos. Sólo seis fueron condenados a prisión perpetúa y el resto recibió “penas bajas” que no dejaron conforme a las partes acusadoras

Siete militares y cinco policías fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea durante la última dictadura cívico militar. No obstante, dos de los catorce imputados fueron absueltos.

La decisión del Tribunal Oral Federal 1 chocó de frente contra la expectativa de un fallo condenatorio para los 14 imputados por los crímenes cometidos en la megacausa La Cueva que incluye los centros clandestinos de detención La Cueva -que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea-, la actual comisaría cuarta y las dependencias policiales de Necochea: la comisaría primera y el antiguo destacamento de playa Díaz Vélez.

Después de 15 meses de debate oral los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, a los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino. La misma pena recibieron los miembros de la Fuerza Aérea, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio. Los seis militares son culpables de los delitos de de privación ilegitima de la libertad calificada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidios calificados por premeditación de dos o más personas.

Por su parte, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia y por la aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos.

Lo que se creía un fallo condenatorio ejemplar mutó en un sin fin de interrogantes cuando el tribunal anunció la decisión de absolver a dos de los seis policías imputados y condenar con penas menores a los cuatro restantes.

El ex comisario Ernesto Orosco por el cual la Fiscalía había pedido la pena de 20 años de prisión fue condenado a 12. Lo mismo ocurrió con el ex oficial Héctor Carlos Cerutti que recibió 5 años de prisión a pesar del pedido de una condena de 12 años por parte del fiscal Daniel Adler.

Por su parte el ex comisarío de Necochea Héctor Francisco Biccarelli fue condenado a 7 años de prisión cuando el Ministerio Público había solicitado 15. El ex oficial Mario Larrea fue sentenciado a 5 años -tres menos de lo pedido por Adler- no obstante el tribunal entendió que esa pena ya fue cumplida con los años de cárcel preventiva durante la instrucción de la causa y el desarrollo del juicio por lo que ordenó la inmediata libertad del condenado.

Los ex oficiales Marcelino Blaustein, quien cumplió funciones en la comisaría cuarta donde se alojaban detenidos desaparecidos y su compañero de armas Aldo Sagasti fueron absueltos porque el tribunal entendió que no cometieron ninguno de los delitos que se le imputaron.

Por último, y en contra de lo esperado, los jueces decidieron condenar a 5 años de prisión al ex integrante de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarello, quien cumplía funciones como integrante del servicio de inteligencia del Ejército. El “Tano Nicola”, así apodado durante aquellos años, estaba imputado por tres casos de secuestro y torturas, de los cuales dos terminaron en homicidio.

El tribunal consideró que Caffarello solo es responsable del secuestro del militante Daniel Nario pero no de su destino final: la tortura y la muerte. Además entendió que no se pudo probar su participación en el secuestro y las torturas al ex secretario general del sindicato de Prensa, Amílcar González y en el crimen del ex militante Jorge Toledo, desaparecido en La Cueva.

No obstante, en la etapa de alegatos, todas las partes acusadoras habían solicitado la prisión perpetúa para Caffarello.

Por último, el tribunal hizo lugar al pedido de las querellas y decidió revocar los arrestos domiciliarios de los condenados a prisión perpetúa ordenando su alojamiento en cárceles federales.

Con una sala de audiencias repleta, el hall de entrada del tribunal oral federal también fue auditorio para que el público escuchara el fallo. La avenida Luro fue cortada al menos un centenar de militantes de distintas agrupaciones políticas y sociales que se reunieron en la puerta del Tribunal.

Así aplausos y gritos de euforia que provenían devinieron en silbidos e insultos con las absoluciones y las bajas penas para los policías. El momento de mayor tensión se produjo cuando el camión del servicio penitenciario salió del interior del tribunal. Un grupo de manifestantes intentó acercarse para insultar a los condenados, pero un cordón policial se los impidió. Se produjeron algunos incidentes cuando un uniformado pateó a una mujer. Hubo empujones, insultos y algunos policías utilizaron gas pimienta contra los manifestantes.

Sin condena

Los juicios por lesa humanidad celebrados en todo el país y después de 30 años de cometidos los hechos presentan una serie de dificultades. Una de ellas es el tiempo transcurrido que hace que muchos de los imputados lleguen a juicio con el último aliento de vida.

En esta causa en particular, que ventiló 85 casos ocurridos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea cinco imputados no llegaron a sentarse en el banquillos de los acusados porque fallecieron durante la etapa de instrucción debido a enfermedades o su avanzada edad. Ellos fueron los coroneles Alberto Pedro Barda y Roberto Atilio Bocalandro, ambos jefes de la subzona militar XV con base operativa en el Gada 601.

También corrieron la misma suerte los policías Manuel Asad –titular de la comisaría cuarta- y Francisco Ríos, quien cumplió funciones en Necochea.

Otro de los imputados que no llegó a la etapa de debate fue el abogado y ex integrante de la CNU, Eduardo Cincotta, quien con el advenimiento del golpe de Estado en marzo del 76 comenzó a colaborar con el Ejército en la represión ilegal.

Por su parte, el oficial de la Aeronáutica Gregorio Rafael Molina murió a causa de un cáncer durante el juicio. En tanto el policía Adriano Arguello y el militar Aldo Carlos Máspero fueron apartados del proceso oral por sufrir afecciones que no le permiten ejercer el derecho de defensa.

Por último, los abogados Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, ex miembros de la CNU, y colaboradores del Ejército permanecen prófugos de la Justicia y tampoco pudieron ser juzgados en este proceso.

Por Federico Desántolo

“Sometidos a simulacros de fusilamiento”

La Fiscalía empezó su alegato contra trece represores de la Base Naval de Mar del Plata.

En base al testimonio de los propios acusados se fue rearmando el cuadro operativo de los integrantes del grupo de tareas en el que predominaban los oficiales de la Marina. Los legajos aportados por Defensa permitieron completar el cuadro.

 Por Alejandra Dandan

“En la Base Naval de Mar del Plata había una playa privada con carpas de lona donde fueron alojadas varias víctimas. Las carpas viejas tenían un asiento de madera y una especie de vestuario interior sin cortina. Los cautivos eran puestos en la arena fría, expuestos a los cambios del clima, atados sin poder moverse. Los que pasaron por ahí recordaron durante el juicio que estuvieron atados en invierno, a veces una semana, con poca ropa, golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Así lo dijeron José Angel Nicolo, Ricardo Alfredo Valente, Guillermo Eduardo Cángaro y Miguel Angel Erreguerena.”

Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly describieron en la primera jornada de alegatos la participación de los trece acusados por la represión ilegal. Las pruebas que se elaboraron durante el juicio a partir de la voz de los testimonios, contaron además con lo que los fiscales definen como “un impresionante” acervo documental basado especialmente en dos grandes archivos: el de la Prefectura de Bahía Blanca y los legajos aportados por el Ministerio de Defensa. Con ese material rearmaron después de 36 años, de modo milimétrico, la arquitectura de los grupos operativos y exactamente qué hizo cada quien. De los legajos extrajeron además alrededor de cien nombres que fueron leyendo ayer, producto de la evaluación que los acusados hicieron a sus subordinados. A partir de esos nombres los fiscales pedirán al tribunal el impulso de una nueva investigación.

“Llegado el momento de esta discusión final estamos en condiciones de efectuar una acusación constitucionalmente válida por entender que se ha reunido un cuadro probatorio suficiente contra quienes pusieron en crisis el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución”, dijo Soiza Reilly.

La primera de las cuatro jornadas previstas para los alegatos de la fiscalía avanzó en dos aspectos. Una pequeña presentación del perfil de las víctimas, sobre todo de las mujeres que constituyeron la mitad de las 70 víctimas del juicio y de sus hijos. Y, por otro lado, el nombre de cada imputado desde el punto de vista de quién fue quién, dónde estuvo y cuáles son los cargos.

“Constancias documentales acreditaron que un grupo de víctimas murió en condiciones de indefensión y fueron cruelmente ejecutadas”, dijo la fiscalía. “Fuimos testigos, con el correr de las audiencias, del trato dispensado a mujeres y niños. Probaremos que los aquí juzgados ordenaron y dirigieron a sus subordinados para que dentro de los lugares de cautiverio las víctimas supieran que con ellas nadie haría excepciones. Las mujeres fueron maltratadas, abusadas, violadas y sometidas a vejámenes. Tanto las que salieron con vida como las desaparecidas o asesinadas que estaban embarazadas.” Los niños tampoco tuvieron un trato diferente: los encapucharon e interrogaron en los domicilios, como Damián Mogilmner, Sebastián Kraiselburg, Liliana Elizabeth Ortiz. A otros los abandonaron en lugares públicos, como a Anita Ríos y Victoria Bon. Otros fueron secuestrados con sus madres, como Santiago Kraiselburg. Hubo apropiaciones como la de Ilario Federico Cagnola y Evelin Bauer. Otros nacieron en cautiverio y los reintegraron a las familias, imponiéndoles el miedo de no hablar, como Sebastián Rosenfeld. “Mujeres, niños y jóvenes, todos sin excepción padecieron y perecieron en este circuito represivo, pergeñado e ideado por los aquí acusados para dar cumplimiento al plan de aniquilamiento instaurado.”

La mayor parte de los acusados son de la Marina y pertenecieron a la Fuerza de Tareas 6 (Fuertar 6). Como también un acusado es del Ejército, los fiscales intentaron demostrar la vinculación entre las dos fuerzas: “En estos sucesos, personal dependiente del Ejército tuvo responsabilidad en los hechos y los miembros de la Fuertar 6 actuaron de manera coordinada en los secuestros, para luego facilitar los espacios clandestinos donde las víctimas fueron mantenidas en cautiverio”, dijeron.

En la segunda parte de la jornada describieron a los represores. Entre los acusados hay dos comandantes de la Fuertar: Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino. Y hay quienes fueron parte del Estado Mayor: Roberto Luis Pertusio, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazú, entre otros. La lectura de la información de los legajos le permitió a la fiscalía una de la tareas más complicadas: recuperar ahora sin las condiciones de clandestinidad los lugares por los que estuvo cada uno. La evaluación de sus jefes confirmó las actuaciones. Y la evaluación que a su vez ellos les hicieron a otros subordinados permitió localizar a quienes intervinieron en los grupos de tareas. Ese es uno de los logros del juicio.

Uno de los casos más representativos de los que se escuchó fue el de Pertusio, hasta hace poco reciclado como asesor del jefe de la Armada. De su legajo surgió buena parte de su carrera. En marzo de 1976 aparece como intendente de General Alvarado; enseguida pasa a jefe del Departamento de Personal de la Fuerza de Submarinos (FASE) y hasta enero de 1977 es director de la Escuela de Submarinos. En enero lo ascendieron a jefe del Estado Mayor y de Operaciones de FASE, un período en el que “absorbe dos puestos de máxima responsabilidad”, dijeron. “Todo el Estado Mayor dependía de él. Era el colaborador inmediato del comandante. Dirigía y coordinaba las actividades del aquél, transmitía las resoluciones y decisiones del comandante y fue responsable de la preparación y emisión de directivas y órdenes para la fuerza.”

El comandante de la FASE, Juan José Lombardo, lo reconoció en su legajo como un “sobresaliente colaborador. Siempre bien dispuesto para el cumplimiento integral de sus obligaciones. Ha sido no sólo un muy valioso colaborador del suscriptor, sino a la par un amable camarada”.

En febrero de 1978, escala como subjefe de la Base Naval de Mar del Plata hasta abril de 1979. En la audiencia, los fiscales reconstruyeron las listas de quienes integraron los grupos de tareas del Fuertar a partir de las calificaciones que dio. Calificó por ejemplo a Horacio Carlos Michelis jefe de Operaciones del GT 6.1 y como tarea subsidiaria, coordinador general del Programa de Instrucción de Lucha Contra la Subversión (CO-104). También calificó a Alfredo Oscar Campero, Hugo Luis Núñez, Ciencio Delfor Zalazar y Luis Borgeat, por ejemplo, “por ocupar un puesto de combate conforme el Placintara”. También a Rubén Angel Gregorio Romero en su rol de combate por ser ayudante de operaciones en el GT 6.1, entre otros.

Del volumen de información aportada por los testigos, los fiscales recogieron para ése y el resto de los casos el resto de la prueba. Roberto Frigerio e Ilda Daseville de Yudi, por ejemplo, lo mencionaron como la persona que con los comandantes informaba a los familiares sobre el destino final de las víctimas. Y otra de las víctimas lo mencionó como la persona a quien dirigía las cartas durante el secuestro de su hija.

Otro de los nombres que se escucharon fue el del único civil acusado del juicio, Juan Carlos Guyot, abogado que operaba de nexo entre el centro clandestino y los juzgados. Guyot fue diciendo durante el juicio que sólo “trabajó” de asesor, que su tarea era ir y venir con expedientes de la Base a los juzgados y que no tuvo injerencia en nada. Otra vez, además de los testigos, lo refutaron los legajos. “Conforme surge de su legajo de concepto –dijo la fiscal–, Guyot formó parte de la Fuertar 6 entre el 4/8/76 y el 26/11/76. Fue evaluado por Pertusio en calidad de jefe de la Fuerza, por Malugani como jefe de la Base Naval MDP y comandante de la fuerza, y por Ortiz como subjefe de la Base Naval y jefe del Estado Mayor de la Fuerza.”

Alegatos en Mar del Plata.

La víctimas de la Base.

Por Alejandra Dandan
La mitad de las setenta víctimas del juicio son mujeres. La mayoría sufrió alguna forma de violencia sexual. Sus hijos no tuvieron un trato diferenciado en el plan criminal: a algunos los encapucharon e interrogaron en sus casas, a otros los abandonaron en espacios públicos, a otros los secuestraron con sus madres y otros fueron apropiados o nacieron en cautiverio. Los datos emergieron en el juicio de lesa humanidad que se hace en Mar del Plata por los crímenes de la Base Naval II y que hoy ingresa en su etapa de alegatos. El debate permitió reconstruir en escala mínima la represión en Mar del Plata y las playas aledañas. A partir de los datos surgidos en el juicio podrían identificarse unos cien nuevos represores.

El primer tramo de alegatos estará a cargo de los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele y luego seguirá la querella de Abuelas de Plaza de Mayo representada por Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez y querellas particulares. El juicio tiene trece acusados. La mayoría, marinos de la Fuerza de Tarea 6 (Fuertar6) que según los documentos “secuestraron, trasladaron prisioneros, interrogaron, torturaron y asesinaron a las víctimas”. Entre ellos, los ex comandantes Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino. Como parte del Estado Mayor de la Fuertar6 está Roberto Luis Pertusio, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazú. También hay jefes de los grupos de tareas como José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice. Hombres con roles en la Central de Inteligencia de la Base Naval y en Informaciones de Prefectura como Julio César Falcke y Ariel Macedonio, que obtenían información de inteligencia antes del secuestro y después de los interrogatorios. U otros como Juan Eduardo Mosqueda parte de Fuertar6, encargado con su grupo de seleccionar personal para los grupos de tareas y autorizar seguimientos e inteligencia a todas las víctimas.

“Este es un juicio caracterizado por la documentación”, dice Soiza Reilly. “Hubo mucha documentación que recuperamos de la burocracia a partir de dos grandes acervos: el archivo de Prefectura que se encontró en Bahía Blanca y que contiene ‘el plan de lucha a la subversión’ que plasma de manera nítida el trabajo de la comunidad informativa. Por otro lado, los legajos de los marinos en los que aparecen, por ejemplo, datos sobre cómo calificaron a sus subordinados: esos elementos permitieron recrear una estructura enorme de cómo operó la Base Naval que, por las dimensiones que tuvo y de lo que significa para la ciudad, puede compararse a Bahía Blanca.”

La reconstrucción realizada durante el juicio pudo probar cómo fue la sincronización de las caídas de un conjunto de víctimas. Empezaron con los dirigentes del gremio pesquero. Luego, los estudiantes de la Escuela de Artes Visuales y personas allegadas a los líderes de la agrupación política Montoneros, vinculadas con la impresión gráfica, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, militantes del Partido Comunista Marxista Leninista Argentino, militantes de Vanguardia Comunista y el grupo de las embarazadas que fueron trasladadas a dar a luz en la ESMA.

Tramo final para el juicio por los crímenes de lesa humanidad

Mar del Plata: tramo final para el juicio por los crímenes de lesa humanidad
El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de Mar del Plata ingresará este lunes en su etapa final.

Según informaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal marplatense iniciará las audiencias de réplicas y dúplicas para los querellantes y defensores, luego de que la fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para siete acusados: Ernesto Agustoni, José Beccio, Leandro Marquiegui, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Luis Toccalino y Nicolás Caffarello.

Todos están imputados por delitos perpetrados en perjuicio de 85 víctimas, señaló el Centro de Información Judicial (CIJ). Además, la fiscalía requirió al Tribunal penas de entre ocho y 25 años de prisión para Fortunato Rezett, Ernesto Orosco, Marcelino Blaustein, Héctor Bicarelli, Héctor Carlos Cerutti, Aldo Sagasti y Mario Larrea.

Durante el juicio buscó esclarecerse los crímenes cometidos en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, en el Centro Clandestino de Detención “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea Mar del Plata, y también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez, de la ciudad de Necochea.

Catorce militares y policías acusados

ALEGATOS EN EL JUICIO POR LA REPRESION EN MAR DEL PLATA-NECOCHEA

Los organismos de derechos humanos comenzarán sus alegatos en el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en lo que se conoce como el circuito represivo Mar Del Plata-Necochea, que comenzó hace más de un año. Las sedes marplatenses de Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, además de la secretaría bonaerense dedicada a la protección de esos derechos, ofrecerán sus conclusiones ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad balnearia respecto de la responsabilidad de catorce militares retirados y ex policías por crímenes cometidos contra 85 víctimas.

El 26 de junio pasado, el fiscal federal Daniel Adler solicitó penas que variaron entre prisión perpetua y ocho años de cárcel para los represores Ernesto Agustoni, José Beccio, Leandro Marquiegui, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Nicolás Caffarello, Fortunato Rezett, Ernesto Orosco, Marcelino Blaustein, Héctor Bicarelli, Héctor Cerutti, Aldo Sagasti y Mario Larrea. En todos los casos, el fiscal requirió la pena de prisión en cumplimiento efectivo al considerar “el riesgo de fuga” de los acusados, que se desempeñaron en la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar.

En este juicio se investigan 85 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en las comisarías 1ª y 4ª de Mar del Plata, la subcomisaría de Necochea y el centro de detención clandestino conocido como La Cueva. Se espera que las defensas expresen sus alegatos durante el mes siguiente y que recién en septiembre el TOF marplatense exponga su veredicto y dicte las sentencias.

La caída del prófugo Miguel Angel Chiarello

Un gendarme retirado, acusado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en La Rioja, fue detenido el último fin de semana en el interior bonaerense. Miguel Angel Chiarello, quien se encontraba prófugo desde principios de 2010, es uno de los imputados en la Causa Menéndez, como es conocida en la provincia cuyana la investigación judicial por la que se acusa al represor capturado y al genocida Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de domicilio.

El Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, había ordenado en abril de 2010 la captura nacional e internacional con recompensa de Chiarello, luego de que no se presentara a declarar.

Bajo las directivas del juzgado actuante en la causa, personal de la Subdelegación Concordia de la Policía Federal y de Interpol lo detuvo el sábado pasado en la localidad bonaerense de Quequén, partido de Necochea, en donde vivía. En base a los dos años de trabajo de investigación, las autoridades judiciales suponen que el represor vivió hasta el año pasado en Concordia, Entre Ríos.

Tras su detención, el ex gendarme fue puesto a disposición del juez federal de la ciudad de Necochea, Bernardo Bibel, quien dispuso el alojamiento de Chiarello, por razones de seguridad, en la Delegación Mar del Plata de Policía Federal, hasta tanto se cumplan las medidas procesales para efectivizar su traslado a la ciudad de La Rioja.

Miguel Angel Chiarello, conocido por el alias Pantera Rosa, cumplió funciones en el Escuadrón 24 Chilecito, de Gendarmería Nacional, con otro imputado, el entonces alférez de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos, quien también se encontraba prófugo en esta causa y fuera capturado y extraditado desde Paraguay.

En el marco de la Causa Menéndez, de La Rioja, también se encuentran detenidos el comisario retirado Juan Carlos Romero y el coronel retirado del Batallón de Ingenieros 141 Heriberto Miguel Goénaga.