Causa CNU : Prisión perpetua para Demarchi, Durquet y Otero

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 1 en el marco de la causa CNU. Además, condenó a 7 años de prisión a José Luis Granel, a 5 a Juan Pedro Asaro, a 3 años en suspenso a Juan Carlos Asaro y a 3 años en suspenso a Roberto Justel. Fueron absueltos Raúl Viglizzo y Raúl Moleón.

En un juicio histórico para reconstruir lo ocurrido en Mar del Plata durante los años previos al golpe de Estado de 1976, el Tribunal Oral Federal N°1 condenó este martes  a la pena de prisión perpetua al ex fiscal federal Gustavo Demarchi al considerarlo culpable de seis asesinatos y asociación ilícita en el marco de la causa donde se investigaron los crímenes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU).

La misma pena recibieron el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mario Ernesto Durquet. En tanto, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión por ser coautor del delito de asociación ilícita. De acuerdo al veredicto, continuará en libertad hasta tanto la sentencia quede firme, aunque se dispuso la prohibición de la salida del país.

Por su parte, Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años por el delito de asociación ilícita y absuelto respecto al homicidio de María del Carmen Maggi. La condena, advirtió el Tribunal, ya fue cumplida por los años que lleva de prisión preventiva por lo que se ordenó su inmediata libertad.

Por otro lado, Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados por el delito de asociación ilícita a la pena de tres años de prisión en suspenso y no quedarán detenidos. Raúl Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón fueron absueltos. Respecto de los imputados fallecidos, Roberto Coronel y Marcelo Arenaza, se determinó extinguida la acción penal.

El veredicto fue leído este martes a la tarde en el Tribunal Oral Federal N°1 ante una sala colmada por familiares de los acusados y de las víctimas y organismos de Derechos Humanos. Los magistrados Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas sólo dieron a conocer los montos de las penas y las absoluciones y anunciaron que el 20 de marzo se sabrán los fundamentos.

En el primer tramo de la lectura del veredicto, los jueces declararon que los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad. De esa manera descartaron el pedido de las defensas que habían requerido la prescripción de los delitos cometidos el año previo a la instauración de la última dictadura.

Demarchi, Otero y Durquet fueron condenados a la pena de prisión perpetua, por ser coautores de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg –cometidos en la denominada noche del 5×1-, la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de Maggi, y en el caso de los dos últimos imputados también los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. A su vez, Demarchi y Durquet fueron condenados también por el delito de asociación ilícita.


Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, los jueces.

Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, los jueces.



Juicio histórico

En el juicio declararon alrededor de 125 testigos. Durante las audiencias se apuntó a Demarchi -en 1974 se convirtió en el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata- como el líder de la organización CNU.

Al ex funcionario judicial, procesado desde el 9 de octubre de 2012, se lo acusó de haber sido el organizador o jefe de la asociación ilícita y de instigar seis homicidios calificados y un secuestro, cometidos entre el año 75 y el 76.
Según la investigación, Demarchi tenía una rol fundamental dentro de la CNU: contrataba la mano de obra para cometer los crímenes y luego pedía el sobreseimiento o archivo de las causas que involucraban a algún integrante de la organización ultraderechista.

Los crímenes fueron parte de una venganza llamada “5 X 1” por el asesinato del abogado Ernesto Piantoni, quien se dirigía a su casa cuando al llegar a Formosa, entre Olavarría y Güemes, fue interceptado por un Peugeot 504 verde claro, desde el que le dispararon una ráfaga de ametralladora antes de huir.

Las heridas le provocaron la muerte horas más tarde, en una cama de la Clínica Modelo. Era 20 de marzo del ‘75 y con el asesinato del letrado comenzaba una sucesión de secuestros y crímenes a sangre a fría que se planearon durante su velatorio. Este martes, tras 41 años, las víctimas de la banda de ultraderecha tuvieron justicia.


1) Gustavo Modesto Demarchi
Condena: prisión perpetua
Delitos: homicidios calificados de los que fueron víctimas Jorque Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagara, María del Carmen Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. También fue encontrado culpable de asociación ilícita.

2) Mario Durquet
Condena: prisión perpetua
Delitos: homicidios calificados de los que fueron víctimas Jorque Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagara, María del Carmen Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. También fue encontrado culpable de asociación ilícita.

3) Fernando Otero
Condena: prisión perpetua
Delitos: homicidios calificados de los que fueron víctimas Jorque Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagara, María del Carmen Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. También fue encontrado culpable de asociación ilícita.

4) José Luis Granel
Condena: 7 años
Delito: asoción ilícita.
Dato: continuará en libertad hasta que la condena quede firme. Los jueces consideraron que se ajustó a derecho
mientras estuvo libre durante el juicio.

5) Juan Pedro Asaro
Condena: 5 años
Delito: asoción ilícita.
Dato: Los jueces ordenaron su inmediata libertad ya que la condena la cumplió durante el periodo de prisión preventiva.

6) Juan Carlos Asaro
Condena: tres años de prisión en suspenso.
Delito: asoción ilícita.
Dato: continuará en libertad

7) Roberto Justel
Condena: tres años de prisión en suspenso.
Delito: asociación ilícita.
Dato: continúa en libertad

8) Raúl Viglizzo
Veredicto: absuelto.
Dato: llegó al juicio acusado de los delitos de homicidio y asociación ilícita.

9) Raúl Moleón
Veredicto: absuelto.
Dato: llegó al juicio acusado de los delitos de homicidio y asociación ilícita.

Una “carta abierta” que revela vínculos de la CNU con la policía y la Justicia

El documento recuperado luego de más de 40 años. / 

Silvia Filler, asesinada el 6 de diciembre de 1971 por la CNU.  

Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal investigacioncnu@gmail.com

Se trata de un documento de principios de 1972, donde el grupo propone una versión del asesinato de Silvia Filler y utiliza información policial y judicial para intimidar y “marcar” a los testigos del crimen.

Una “carta abierta” de la Concentración Nacional Universitaria dirigida “a los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista” confirma que ya en 1971 y 1972 la CNU marplatense tenía fuertes vínculos con un sector de la Justicia Federal de esa ciudad y con la Policía Bonaerense. Se trata de un documento prácticamente desconocido, con una portada y dos páginas de texto, producido en Mar del Plata e impreso por la CNU de Rosario (se distribuyeron folletos similares en la ciudad atlántica y en La Plata), uno de cuyos ejemplares en papel –recuperado por el archivo digital El Topo Blindado– fue facilitado a los autores de la investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de ese grupo parapolicial de la ultraderecha peronista.
El documento –confeccionado en stencil y reproducido en mimeógrafo, como casi todos los de la época– data de los primeros meses de 1972, poco tiempo después de que una patota de la CNU marplatense interrumpiera a los tiros una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinara a la estudiante Silvia Filler, el 6 de diciembre de 1971.
El texto apunta a dos objetivos: por una parte, “despegar” a la CNU del crimen adjudicándoselo a “grupos armados de bolches de la Facultad de Humanidades” y, por la otra, a “marcar” públicamente e intimidar a 17 testigos del asesinato que ya habían declarado en sede judicial. Los testigos no sólo están identificados por sus nombres sino que el documento hace públicos los domicilios de cada uno de ellos, dato que la CNU sólo pudo obtener del propio juzgado de instrucción.

EL ASESINATO DE SILVIA FILLER. Como fue probado en su momento por la Justicia, Silvia Filler fue asesinada por un grupo comando de la Concentración Nacional Universitaria que irrumpió disparando armas de fuego en una asamblea que se estaba realizando en el aula magna la Facultad de Arquitectura de la entonces Universidad Provincial de Mar del Plata. La patota de la CNU estaba integrada por alrededor de veinte personas, de las cuales por lo menos dos realizaron disparos al bulto contra los estudiantes allí reunidos.

Una de las balas, calibre 38, impactó en la frente de Filler, que murió poco después en la Clínica Central de esa ciudad. Otros cuatro estudiantes resultaron también heridos de bala: José Fiscaletti, Marcos Chueque –luego desaparecido durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976–, Oscar Alberto Ibarra y Nestor Adolfo Vila. Múltiples testimonios recogidos por la Justicia aseguran que frente a la Facultad –ubicada por entonces en el edificio de Alberdi 2621, actualmente sede del rectorado– estaba apostado un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que permitió que se desarrollara el ataque sin intervenir.
Los hechos fueron investigados por el juez Adolfo H. Martijena. En el juicio fueron condenados 17 integrantes de la CNU, que fueron encontrados responsables del delito de “homicidio en riña”: Oscar Héctor Corres –autor del disparo mortal–, Raúl Arturo Viglizzo, Marcelo Arenaza, Ricardo Alberto Cagliolo, José Luis Piatti, Alberto José Dalmaso, Raúl Rogelio Moleón, Eduardo Salvador Ullúa, Luis Horacio Raya, Eduardo Aníbal Raya, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Roberto Cuadrado, Ricardo Scheggia, Carlos Eduardo Zapatero, Martha Silvia Bellini y Beatriz María Arenaza. Todos ellos salieron en libertad el 25 de mayo de 1973, beneficiados por la amnistía dictada por el gobierno de Héctor J. Cámpora.

LA VERSIÓN DE LOS FACHOS. La “carta abierta” de la CNU fue publicada mientras la Justicia estaba investigando el asesinato de Filler y mostraba una clara intención de influir sobre la instrucción y el desarrollo del juicio posterior.
En el inicio mismo del documento, la CNU reproduce la versión que luego terminaría siendo probada en parte por la Justicia y que denunciaba sus vinculaciones con sectores del poder y del aparato sindical. Decía: “Toda la propaganda de los sectores antinacionales se centró en describir el hecho (el asesinato de Silvia Filler) como ‘un ataque a mansalva contra una pacífica asamblea de estudiantes indefensos por parte de un grupo de choque organizado y mantenido por militares y dirigentes sindicales corrompidos’”.
A partir de ahí, bajo el subtítulo “Los hechos”, el libelo de la CNU desarrolla la historia que busca instalar en la opinión pública: “A partir de una continua agresión de grupos izquierdistas de la Facultad de Arquitectura (Partido Comunista Revolucionario, Partido Revolucionario de los Trabajadores, FUA, Tarea, etc.) un sector de estudiantes nacionalistas aglutinados en el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo (CEAU) se acercó a la CNU a efecto de obtener asesoramiento sobre los problemas universitarios y material de propaganda de corte nacional para enfrentar a los activistas ‘bolches’ y su prédica disolvente. Esta actitud del CEAU y algunos enfrentamientos menores, motivaron que los bolches convocaran a una ‘asamblea’ en la que un ‘tribunal revolucionario’ juzgaría la actitud de ese grupo que trataba de frustrar la tarea de la trenza izquierdista de profesores y alumnos que controla la Facultad con la complacencia de las autoridades universitarias”, dice.

Una lectura atenta de esta parte del documento pone en evidencia lo que la CNU trata de ocultar: que la patota era externa a la Facultad y que su irrupción en la asamblea de 6 de diciembre de 1971 fue previamente planificada. “El día de la ‘asamblea’ –sigue el texto– algunos militantes de CNU y otros jóvenes peronistas decidieron evitar que el grupo nacionalista que sería juzgado por los bolches fuera agredido por éstos y resolvieron hacerse presentes en la asamblea a fin de prestar apoyo moral al CEAU e impedir que se consume la agresión y posterior expulsión de la Facultad por la fuerza que pretendían imponerles los bolches”. Y continúa: “A la asamblea concurrieron también grupos armados (bolches) de la Facultad de Humanidades para apoyar las pretensiones de sus camaradas maoístas”.

Hablando en buen cristiano: según los fachos, la CNU concurrió desarmada a la asamblea, simplemente para dar “apoyo moral”; en cambio, lo que estaban armados eran los “bolches”.
A partir de ahí, la “carta abierta” arma una historieta fantástica sobre lo ocurrido: “Apenas iniciada la asamblea comenzaron los insultos y agresiones verbales contra los compañeros del CEAU al punto que se generalizó una pelea a golpes de puño y cachiporras entre ambos bandos, lo que motivó que los jóvenes peronistas irrumpieran en apoyo de sus compañeros en razón de su inferioridad numérica. Al ingresar éstos al hall contiguo al aula magna, en que se desarrollaban los incidentes, fueron recibidos con un disparo de arma de fuego que efectuara Marcos CHUEKE (n. de los autores: por Marcos Chueque) (militante del Partido Socialista de Izquierda Nacional, domiciliado en Las Heras 2310); ese disparo fue a herir –por error o no– a otro militante izquierdista: Néstor A. Villa, 25 años, domiciliado en 14 de julio 2446, en la cabeza. Esta agresión motivó que los peronistas hicieran uso que las armas que llevaban en prevención de ella (sic). También en el aula magna hicieron disparos de calibre 38, desde el sector bolche, contra la militante del CEAU Silvia Martín, sin que dieran en el blanco pero motivando la muerte de Silvia Filler, que fuera adjudicada a los grupos peronistas. Estos sólo se limitaron a disparar contra las paredes tratando de intimar a los bolches, y contra Marcos CHUEKE, que fue herido en las piernas, pues portaba una pistola calibre 22, que inmediatamente de ser herido fue ocultada por una estudiante de Humanidades llamada Zulma OPEN, para evitar reconocer el enfrentamiento y simular un ataque a mansalva”, dice el documento.

CONTRADICCIONES E INTENCIONES. En el relato que pretende instalar la CNU sobran contradicciones y tela para cortar. Primero: sostiene que concurrió pacíficamente, a brindar apoyo moral, pero resulta que la patota estaba armada. Segundo: asegura que los disparos se iniciaron desde el “sector bolche”, pero resulta que a “los bolches” no se les encontró ningún arma. Tercero: dice que Chueque estaba armado, pero el arma de Chueque nunca apareció. Cuarto: sostiene que el disparo, de calibre 38, que mató a Filler fue disparado por “los bolches” contra una militante del CEAU y no contra Filler, aunque la investigación judicial ya había probado que el revólver 38 del que había partido el disparo mortal pertenecía al policía y miembro de la CNU Oscar Héctor Corres (a quien, llamativamente, el documento no nombra ni identifica como miembro del grupo de choque). Quinto: es notorio que en el documento sólo algunos apellidos están escritos con mayúsculas; son los que pertenecen a los “bolches”, de quienes también se brindan los domicilios, reproducidos como si estuvieran copiados literalmente de una declaración policial o de un informe judicial. En otras palabras: los están marcando con datos brindados por la Justicial y/o la Bonaerense.

Por último, siempre bajo el subtítulo “Los Hechos”, la CNU intenta justificar por qué la Justicia no encontró ningún arma entre “los bolches” que supuestamente habían disparado primero. “Al retirarse los grupos nacionalistas y peronistas –dice la “carta abierta”–, los bolches, al tiempo que atendían a los heridos, se ocuparon de recoger las cápsulas servidas por el arma de Chueke y exhortar a sus militantes sobre lo que debían declarar a la prensa y a la policía. Es necesario aclarar que el grueso de los participantes de la mencionada asamblea se habían retirado cuando comenzaron los incidentes y sólo recogieron las versiones de los bolches que ya se proclamaban víctimas de una agresión ‘fascista’”.
Más claro, imposible: la CNU es víctima de una conspiración bolchevique. Los testigos que señalan a sus integrantes como autores de la agresión armada y de la muerte de Silvia Filler han sido instruidos (exhortados) para que declararan de esa manera. Y los que no han sido instruidos hablan por boca de ganso. La única verdad es la realidad de la CNU.

COMPLICIDAD PARA “MARCAR”. En la segunda página del documento, la CNU se ocupa de identificar a los testigos con nombre, apellido y domicilio. Aquí los objetivos son dos y quedan claramente explicados en el texto.
Primero intenta desacreditarlos: “Luego de la detención de algunos militantes de CNU y otros jóvenes peronistas independientes, comenzaron a desfilar por el Juzgado que tiene a su cargo el proceso penal y alentados por un grupo de abogados bolches, los ‘testigos’ que posibilitan el actual encarcelamiento de nuestros compañeros”, dice la “carta abierta”.

Y, luego, directamente los “marca” para intimidarlos e, incluso, para propiciar acciones contra ellos. El texto no lo oculta: “Las falsedades y contradicciones en que incurren la mayoría de esos ‘testigos’ son por demás evidentes y para conocimiento de los militantes y afiliados del Movimiento Nacional Justicialista, a quienes va destinado este folleto, transcribimos la siguiente lista de los principales testigos falsos”.
El párrafo es revelador: por un lado “marca” a los testigos para conocimiento de “los militantes y afiliados del Movimiento Nacional Justicialista”. Es decir: muchachos, acá están, estos son… hagan con ellos lo que crean necesario. Por el otro, utiliza un verbo que no deja dudas de que la lista les fue brindada desde el Juzgado o desde la instrucción policial: “Transcribimos la siguiente lista”, dice. A confesión de parte, relevo de pruebas.
A continuación viene la lista, que en realidad son dos.

Una es de testigos directos, numerados del uno al doce, a saber: Hugo Roberto TORRADO; Loris Juan LAGO; Luis María RAFALDI; Jesús BLANCO; Pablo José MANCINI; Nélida Lilia GRANT; José Luis CASTORINA; Martha Isabel GUEVARA; Rodolfo Oscar ORSCHITZ; Héctor O. PERUZZOTTI; Carlos Alberto PAEYCHAUX; Arquitecto Nelson QUARATI. En todos los casos la CNU incluye la edad y el domicilio de los nombrados, también transcriptos de la lista que les han brindado.
La segunda lista es de “individuos que no estuvieron presentes en la asamblea”, que se presentaron para avalar “la peligrosidad del grupo” (es decir, de la CNU). Numerados del uno al cinco, son (y aquí los autores de la Carta utilizan deliberadamente mayúsculas no sólo para los apellidos sino también para los nombres, como para “marcarlos” aún más): JORGE JACINTO GAUNA, HUGO ALBERTO RAGO, ROBERTO ENRIQUE MONTECCHIA, JOSÉ LUIS ALGARTE, PEDRO ALBERTO ÁLVAREZ. Todos con edad y domicilio, también “transcriptos”.
Reproducir hoy, a 42 años de ocurridos los hechos, estos nombres no marca otra cosa que la valentía de esos testigos, digna de ser rescatada.
Es fácil descubrir el origen de las listas transcriptas en el folleto de la CNU. El texto de la “carta abierta” confirma lo que ya había sido revelado por los autores de la investigación de Miradas al Sur el 17 de febrero del año pasado, en el artículo titulado “Los informes secretos de la Bonaerense sobre la CNU”.
Allí se decía que entre los asesinos de Silvia Filler había dos policías bonaerenses que integraban la CNU: el oficial subayudante Héctor Oscar Corres (autor del disparo mortal) y el agente Juan Carlos Gómez.
Pero no era sólo la presencia de dos policías bonaerenses en el grupo de tareas lo que ponía al descubierto la vinculación de la CNU con esa fuerza de seguridad, sino la utilización que la Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) le dio a la información que Corres brindó durante su declaración ante sus colegas policías el 8 de diciembre de 1971.
En lugar de dar detalles sobre el crimen –un aspecto que no parece interesar al interrogador–, Corres hace una minuciosa radiografía de las organizaciones de la izquierda marxista y peronista que actúan en la Facultad e identifica a sus principales referentes. Esa descripción será incorporada casi como un parte de inteligencia elaborado por el propio Corres a los informes de inteligencia de la Mesa A, Factor Estudiantil, de la Dippba marplatense.

En el informe de inteligencia del 13 de diciembre de 1971, firmado por el comisario Jorge Hermondari e incorporado al Legajo N° 44 de la Dippba, el autor expresa claramente qué se hizo con la información elaborada por Corres: “Asimismo cabe agregar que el suscrito requirió al Delegado del SIPBA los antecedentes que pudieran registrar las personas, grupos y entidades mencionadas por CORRES, como así también una evaluación de lo expresado por el mismo, informando al Jefe lo siguiente: los nombres de alumnos y profesores mencionados por el imputado CORRES, dentro de la línea izquierdista, que actúan en las distintas Facultades locales, en su mayoría coinciden con los antecedentes obrantes en la Delegación y, particularmente, en el caso de los primeros, la nómina de activistas es mucho más amplia. Sobre las organizaciones mencionadas y sus integrantes, siempre de orientación izquierdista, la información resulta útil porque permite ubicar con mayor precisión a cada uno de los elementos en los grupos que actúan”.

En otras palabras, el objetivo de la Bonaerense no era el esclarecimiento del asesinato de Silvia Filler sino la identificación de militantes de izquierda. Para la policía Corres no era un imputado de asesinato sino un agente de inteligencia de suma utilidad.

La lectura atenta del texto de la “carta” no hace más que confirmar las vinculaciones de la CNU con la Bonaerense y sectores de la Justicia marplatense, aún en tiempos de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Para unos y otros, los “bolches” constituían un enemigo común.

CNU: la justicia española liberó a Arenaza y Ullúa

Arenaza y Ullúa fueron liberados por la Justicia española.

La justicia española liberó de forma provisional a dos argentinos capturados en España hace 20 días para ser extraditados a la Argentina, en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió liberar a Beatriz María Arenaza Corres y Daniel Alejandro Ullúa a pedido de la Fiscalía, que se opuso a su extradición alegando que los argentinos “no están acusados de lesa humanidad sino de organización criminal” y por hechos “cometidos en los años 70”.

Asimismo, la Fiscalía argumentó que ambos están arraigados en España, por lo que no necesario su permanencia en prisión para evitar el riesgo de fuga, explicó una fuente de la Audiencia Nacional.

No obstante, el magistrado ordenó que Arenaza y Ullúa comparezcan cada 15 días en la comisaría más cercana a sus domicilios, en La Coruña, Galicia, y Palma de Mallorca, Islas Baleares, respectivamente.

La justicia argentina tiene un plazo de 40 días para formalizar el pedido de extradición ante la Audiencia Nacional.

El juez federal Santiago Ichausti, que dictó la orden de captura en el marco de la causa 13.793, acusó a los dos argentinos de “asociación ilícita y homicidio” contra 18 víctimas.

Si el magistrado mantiene esta acusación en vez de lesa humanidad, la extradición difícilmente prosperará porque cuenta con la oposición de la Fiscalía del tribunal, según las fuentes consultadas.

Los dos argentinos eran miembros de la CNU de Mar del Plata, agrupación de ultraderecha que actuaba bajo la órbita de la Triple A y responsable de medio centenar de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975, antes del último golpe de Estado cívico-militar.

Arenaza ya fue condenada a principios de los `70 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler, pero quedó en libertad en 1973 al beneficiarse de la ley de amnistía aprobada durante el gobierno del presidente Héctor Cámpora.

La mujer, de 60 años, que durante casi 40 años vivió tranquila en España y se ganó la vida en la actividad comercial, niega las acusaciones en su contra y asegura que son fruto de las “mentiras” de aquellos años.

Por su parte, Ullúa, quien vivía con una mujer, negó los delitos que se le imputan, y argumentó que en aquellos años convulsivos él era menor de edad.

De los 18 imputados en la causa de la CNU, todavía se encuentran prófugos Fernando Delgado, Eduardo Salvador Ullúa -hermano del que fue detenido en España y Raúl Viglizzo.

Entre los detenidos se encuentra en el Penal de Marcos Paz el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, arrestado por Interpol en Bogotá, Colombia, y extraditado en septiembre pasado a nuestro país, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.

Demarchi está acusado del asesinato de un grupo de militantes de la Juventud Universitaria Peronista en la ciudad de Mar del Plata.

Tras escuchar durante ocho años los testimonios en el Juicio por la Verdad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata concluyó en 2008 que los crímenes de la CNU fueron cometidos con “la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.