Causa Base Naval: tres sobrevivientes volvieron 39 años después

“Me cuesta creer que, en Auschwitz, permitieran que se construyera un Disneylandia”, pensó en voz alta.

Pablo Mancini, Osvaldo Durán y Edgardo Gabbín compartieron cautiverio durante la última dictadura. Hoy, participaron de una inspección ocular en la Base Naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en el marco del juicio que tiene a 14 militares acusados por crímenes cometidos contra 123 personas en centros clandestinos de detención de la Armada.

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Enviar por mailPor: Federico Desántolo

ANTECEDENTES

Base Naval: el juicio que muestra la articulación entre Ejército y...

Mar del Plata: procesaron a los acusados por los crímenes de la Base...

Pablo Mancini y Osvaldo Durán se adelantan a la comitiva. Se dan ánimo y reconocen el lugar, los olores y los sonidos. Edgardo Gabbín camina más lento. Se toma unos segundos, se separa del grupo. Al rato, deja de lado la emoción y avanza. Los tres compartieron lugar de cautiverio en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico–militar y hoy, 39 años después, regresaron al sitio donde conocieron el terror.

Desde la entrada principal, no se puede ver la dependencia de Buzos Tácticos. Para llegar al lugar donde fueron alojados cientos de detenidos hay que recorrer unos 500 metros, por un camino serpenteante. Los tres detenidos coincidieron en el primer detalle: el árbol que se veía desde la celda. Mancini lo recuerda bien porque durante los 20 días que pasó en la Base Naval, en una oportunidad, fue sacado sin capucha al exterior e identificó dónde estaba.

Los sobrevivientes hicieron un gran ejercicio de memoria sensorial porque finalizada la dictadura y con el comienzo del Juicio a la Juntas, la mayoría de las dependencias militares que funcionaron como centros clandestinos de detención fueron modificadas a contrarreloj, para despistar a quienes pudieran dar testimonio.

A partir de 1973, Gabbín comenzó a militar en el peronismo de base. El intervalo en su militancia se dio a partir de 1974 cuando le tocó hacer la colimba en la ESIM pero, al poco tiempo, desertó.  Con un documento falso, el “Gordo” siguió con su vida hasta el 11 de enero de 1977. Ese día fue descubierto por dos oficiales de la Armada y fue llevado a la Base Naval. Desde entonces, y durante poco más de un año, fue torturado; intentó fugarse y hasta pensó en suicidarse.

La parte trasera del edificio de Buzos Tácticos mira hacia la pequeña playa donde el personal militar realiza los entrenamientos en el agua. Gabbín necesitó volver a escuchar el ruido del oleaje para  confirmar que había estado allí. “Este ruido del mar y chicos jugando era lo que escuchaba cuando me tenían encerrado”, aseguró.

No fue un sueño

El 17 de junio, Gabbín declaró en el juicio a los 14 militares responsables de los crímenes cometidos en las dependencias de la Armada, en Mar del Plata. Frente a los jueces Néstor Parra, Mario Portela, Alejandro Esmoris y Jorge Aníbal  Micheli, contó un episodio confuso que, hasta ese momento, nunca había mencionado. En su memoria había una imagen de hombres que caminaban bajo el agua, cargando peso en un espacio de color celeste. Gabbín dudaba: creía que podía ser un recuerdo o un sueño. La certeza de su existencia llegó hoy, cuando descubrió que el espacio celeste era –y es– una de las cámaras de agua que utilizan los buzos en el entrenamiento de inmersión y que está camino a la enfermería, lugar donde a los detenidos les daban una pastilla para dormirlos. 

El último tramo del cautiverio en la Base Naval, Gabbín lo pasó en un calabozo muy pequeño, ubicado en el edificio de “servicios generales”. Contra todos los pronósticos, esos calabozos están casi intactos. Ahora almacenan gaseosas y cajones de cerveza. “Yo estuve en el del medio hasta que me trasladaron a Buenos Aires”, recordó el testigo.

ESIM: el terror en el Faro

Pablo Mancini fue secuestrado la madrugada del 9 de septiembre de 1976. El grupo de tareas ya había secuestrado a su primera víctima esa noche; Mancini era la segunda. En dos Ford Falcon, ambos fueron llevados a la Base Naval. Durante 20 días, fue sometido a un feroz interrogatorio en el que le preguntaron por sus compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

El mismo camino que hizo este miércoles, desde la Base Naval hasta la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina –ubicada en el Faro al sur de la ciudad– Mancini lo hizo 39 años atrás, en un camión de la Armada junto a otros detenidos.

El lugar donde funcionó el centro clandestino de detención de El Faro ya no pertenece a fuerza. Por decisión del gobierno nacional, fue cedido para la creación de un Espacio de la Memoria.  Mancini visitó varias veces la ex ESIM y ya exorcizó los viejos fantasmas. Dentro del lugar donde permaneció dos meses cautivo, describió con detalle cómo trascurrían aquellos días. “Nos tenían sentados. Éramos diez detenidos en filas de cinco, espalda con espalda. Teníamos manos y pies atados, algodones en los ojos y orejas, más la capucha. Y se escuchaba música las 24 horas del día. Unos siete discos que se repetían a todo volumen”.

Mancini se animó a adivinar dónde estaba ubicado el tocadiscos que reproducía a Gardel, a Daniel Toro y a Los del Suquía. Los primeros días estuvieron sentados sin poder moverse. “Tiempo después,  nos pusieron cinco colchones y nos turnábamos para dormir”, recordó.

Desde el regreso de la democracia, el predio de la ESIM sufrió varias modificaciones. Una parte, la que da a la playa, fue cedida en los ’90 a una empresa privada que construyó el Aquarium, un parque marino que sepultó parte de la estructura del terror estatal. Mancini formó parte del grupo que se opuso a que los negocios del Aquarium se siguieran extendiendo sobre el predio del Faro. Hace más de 15 años, lograron que el Concejo Deliberante no aprobara el nuevo emprendimiento: un parque de diversiones con vista al mar.

“Me cuesta creer que, en Auschwitz, permitieran que se construyera un Disneylandia”, pensó en voz alta.

FD/LL

¿Por qué no emiten desde Argentina, la orden de extradición para el médico represor Gori?

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad con medidas cautelares al médico argentino Carlos Fernando Gori a la espera de que se resuelva la extradición a su país de origen, donde está acusado de participar en homicidios y torturas cometidos a partir del primer año de la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, informaron fuentes jurídicas. 

 
El doctor Gori está acusado por las autoridades judiciales argentinas de varios delitos de homicidios agravados, imposición de tormentos, privación de libertad agravada y asociación ilícita que se habrían cometido durante la dictadura militar, que se prolongó entre 1976 y 1983, está acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la Dictadura. Fue jefe de Sanidad de la fuerza de submarinos en 1976

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El magistrado le ha impuesto a Gori la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio. El médico había sido enviado a prisión provisional el pasado 19 de septiembre tras ser detenido un día antes en Alicante en virtud de la petición de entrega cursada por el país andino.

 
El detenido, de 74 años, trabajaba desde 2002 en la compañía Medibarox, radicada en Alicante y dedicada a la medicina hiperbárica, según consta en el perfil que mantiene abierto en la red social Linkedin.

 
"Condiciones inhumanas"
Según la reclamación, efectuada por el Juzgado Federal de Primera Instancia Criminal y Correccional número 3 de Mar de Plata Secretaría 8, Gori era en 1976 el jefe del Departamento de Sanidad de la Fuerza de Submarinos, desde el que habría contribuido a "mantener ilegalmente detenidas en condiciones inhumanas a disidentes y presos políticos".

 
El magistrado español le tomó declaración el pasado septiembre y cursó entonces una comisión rogatoria internacional a Argentina para preguntar a sus autoridades si la reclamación de extradición continúa vigente o los delitos han prescrito.

 
Del mismo modo, solicitó que se detallen los cargos que se sostienen contra él y que se realice una narración detallada de los hechos delictivos que se le imputan. El juez Velasco también quiso conocer si existe en el país argentino alguna norma de perdón, olvido o archivo que permita exonerar a Gori de responsabilidad penal.

Tres represoreds fueron condenados a prisión perpetua por los delitos cometidos en Monte Peloni

“Un aparato organizado de poder que tragó vidas”

En Olavarría, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata dictó penas de prisión perpetua para Ignacio Aníbal Verdura, Walter Grosse y Omar Ferreyra por homicidios, secuestros y torturas. Horacio Leites fue condenado a ocho años de cárcel.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael - Desde Olavarría

Treinta y siete años después, la misma ciudad que en agosto se vio sacudida ante la aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto, y que aún espera la investigación sobre la responsabilidad de Loma Negra en el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, vislumbró una luz de justicia. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata dictó penas de prisión perpetua en tres casos y de ocho años de cárcel en otro a los represores que –desde diferentes roles– manejaron los hilos del poder en la Olavarría durante la dictadura.

La sala estaba atestada. Un par de ventiladores y decenas de abanicos aliviaban escasamente el calor agobiante en el SUM de la Universidad del Centro, mientras los cuatro acusados esperaban la sentencia por su participación en los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el circuito represivo de la zona. Olavarría hervía en su cemento fundante con más de 33 grados al mediodía. Ignacio Aníbal Verdura, Walter “el Vikingo” Grosse, Omar “Pájaro” Ferreyra y Horacio Leites escucharon la determinación de su destino inmediato sin inmutarse. Verdura, con más de 80 años y una salud extremadamente frágil que se hacía visible en su andar inseguro, sabía que cualquier condena para él sería perpetua. Literalmente lo fue. De ese hombre omnipotente, de ese criminal convencido de los servicios ofrendados a la patria, sólo quedaba la mirada. La mirada terrible. El resto es un muestrario de los estragos del tiempo.

Para los sobrevivientes, las casi cuatro décadas en espera de justicia, en un andén donde durante años sólo se detuvo la soledad, también gastaron las piernas, marcaron la piel y ensombrecieron el alma. Algunos no llegaron a ver esa justicia consumada. Pero ayer, cuando los nubarrones de una inminente tormenta de verano hacían un poco más soportable la intemperie, la recuperación de la alegría como militancia fue la sensación mayoritaria. Acaso sintetizada en las palabras de Rosana Cassataro, familiar de cuatro desaparecidos: “Nosotros nunca buscamos venganza. La única venganza es la alegría, la que no nos pudieron arrebatar”.

Apenas pasados unos minutos de las 11, se abrió la audiencia con sólo un testimonio pendiente: las últimas palabras que Omar Antonio Ferreyra aceptó pronunciar. Afectado por un cáncer, dijo que no pediría clemencia porque “clemencia piden los culpables”. Responsabilizó a las superioridades, juró su inocencia y pidió ser devuelto de inmediato “al hospital por mi estado crítico”. Luego del cuarto intermedio de dos horas, Ferreyra volvió: el tribunal había rechazado el pedido.


La voz del juez Roberto Falcone repasaba cada tramo de la sentencia mientras la mirada de Verdura apuntaba hacia el gris de los baldosones de la sala. Walter Grosse y Omar Ferreyra quedaron unidos en el destino de las penas: “Prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro” como autores de “homicidios agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas de los que resultaron víctimas Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini”, más la privación ilegítima de la libertad agravada en 20 hechos y tormentos en otros 15. Apenas un par de músculos de sus rostros se movieron mínimamente ante un destino esperado.

En el campus, una pantalla gigante transmitía la audiencia para quienes se habían quedado afuera. El clima agobiante era compartido. Los aplausos y algunos abucheos inmediatamente abortados por el juez Falcone se replicaban afuera, donde no había sala para desalojar.

Sin embargo, el residente más estable en los dos ámbitos fue el profundo dolor que sobrevive a los tiempos, que quiebra a los Fernández (Osvaldo, sobreviviente; y Jorge Oscar, asesinado), que sube la presión y la diabetes de Araceli Gutiérrez (víctima y actual casera de Monte Peloni), que atraviesa la vida de Juan Pablo Villeres y su abuela Purita, ambos todavía esperando una noticia de Graciela Follini y Rubén Villeres, devorados por las fauces del Estado terrorista. El mismo que ayer, como definió Carmelo Vinci (víctima y parte de la Comisión por la Memoria), “fue condenado a perpetua”.

A la derecha de la sala, los familiares de los represores se replegaban en su soledad de minoría. Los hijos de Verdura escucharon el veredicto entre lágrimas. El hijo de Walter Grosse eligió la mirada desafiante. Todos salieron en silencio cuando la lectura de las condenas cerró el juicio hasta el 25 de febrero en la sede marplatense del Tribunal, cuando se leerán los fundamentos de la sentencia.

La suerte de Leites fue más benigna: apenas ocho años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tormentos. Su participación podría tener mayores elementos probatorios en el juicio Monte Peloni II, aún en etapa de instrucción penal.

Tras una lectura que se extendió por 26 minutos exactos, el último punto fue la revocatoria del arresto domiciliario de Verdura por los “peligros procesales” y “las amenazas durante el juicio”.

Cada uno de los imputados –advirtió Falcone previo al inicio de la lectura del fallo– hizo aportes a “un sujeto colectivo, que es el aparato organizado de poder, que se tragó vidas, secuestró y torturó. Los delitos cometidos no son delitos de mano propia. No tortura solamente el que ejerce violencia sobre la víctima sino, también, el que lo permite o el que no lo interrumpe, teniendo el deber de hacerlo”.

Para Juan Pablo Villeres, hijo de padres desaparecidos, las sensaciones fueron “contradictorias; uno se resiste a pensar que están muertos”. La sentencia “no calma el dolor”, pero “marca la permanencia de la esperanza”. Araceli Gutiérrez sintió el peso de la muerte definitiva de su hermana Pichuca: “Se condenó por su muerte; ya no están desaparecidos, están muertos; no están porque los mataron”.

A Pura Puente de Villeres, con sus 90 años, “la sentencia me cambia la vida, que haya justicia me cambia la vida, con todo lo que yo he recorrido”, dice con su pañuelo blanco, sus magros 37 kilos y su esperanza de más vida.

A un costado, el fiscal federal Daniel Adler decía que “lo importante es que este juicio repara a toda la comunidad. Una prisión perpetua que se dicta, responde a la necesidad de mucha gente, no sólo de quienes fueron víctimas aquí. Este juicio tuvo un alto valor simbólico”.

Detuvieron a un represor que actuó en la Base Naval de Mar del Plata

Detuvieron ayer al capitán de navío (R) Teodoro Rosauro Sabbino, quien fue director de la Escuela Antisubmarina de la Base Naval Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar. Fue en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en esa dependencia de la Armada.

La detención fue dispuesta por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata. Y el presunto represor fue encontrado en su domicilio particular, de donde la justicia secuestró, además, fotografías, recortes periodísticos de los años de plomo 1976 a 1983 y una credencial a nombre de Sabbino, emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Sabbino, que fue trasladado a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Mar del Plata, es uno de los 19 marinos que están imputados en causas de lesa humanidad –también están implicados dos ex policías–, por crímenes cometidos en el ámbito de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval marplatense y en otros establecimientos que la Armada tiene en esa ciudad balnearia.

"El accionar de la fuerza se ha probado no sólo por las disposiciones normativas vigentes a la época sino por su efectivo funcionamiento como dan cuenta numerosas evidencias incorporadas a la investigación",  sostuvo el fiscal Pablo Larriera en los pedidos de detención que presentó, tiempo atrás, ante Inchausti. En la causa está imputada, además, la ex jueza federal Ana María Teodori, sospechada de haber tomado declaración indagatoria a dos desaparecidos en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina en el marco de la ley "antiterrorista" de la dictadura. «  Por:  Tiempo Argentino

Procesan a la ex jueza Teodori y a un grupo de ex militares por los crímenes en la Base Naval 3

La Mar del Plata que no era feliz

La Justicia consideró a la ex jueza cómplice de los crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en el área de la Armada en Mar del Plata. Permitió que seis personas permanecieran en centros clandestinos.

Es la tercera vez que la Justicia analiza los crímenes cometidos por la Fuerza de Tareas Nº 6.

Por Ailín Bullentini

El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, procesó a la ex jueza marplatense Ana María Teodori y a un grupo de ex militares, algunos con prisión preventiva, por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el área de mando de la Armada en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar, y que fueron analizados en la causa denominada Base Naval 3, que investiga privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados, en perjuicio de 124 víctimas.

Es la tercera vez que la Justicia analiza los crímenes cometidos por la Fuerza de Tareas Nº 6, con acción en Mar del Plata y cuyo territorio de operaciones fue la Base Naval de esa ciudad con sus tres principales centros clandestinos de detención: la sede de la agrupación de buzos tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina y los calabozos de la Prefectura. Los repasos, no obstante, sirven para sumar víctimas y victimarios. La gran mayoría de los procesados en esta etapa son personas cuya participación en el terrorismo de Estado, que se sucedió entre los ’70 y los primeros ’80 en la Argentina, salió a la luz en los informes del Ministerio de Defensa tras el análisis de archivos que las Fuerzas Armadas mantenían escondidos.

Del fallo de Inchausti que se difundió el viernes pasado, el nombre que más resuena es el de la ex jueza Ana María Teodori, a quien el magistrado consideró partícipe secundaria de los delitos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, y de tormentos, agravados por haber sido cometidos en perjuicio de seis víctimas. La procesó sin prisión preventiva y le trabó un embargo. En su resolución, Inchausti detalla la participación de Teodori como defensora y también como jueza subrogante en una causa en la que se “sometió a un proceso penal” a un grupo de muchachos que habían sido previamente secuestrados y torturados, “una posición o rol mixto sobre las mismas circunstancias fácticas”.

Según el juez, Teodori habría permitido que seis personas “permanecieran en un centro clandestino de detención en condiciones inhumanas, pese a la obligación que le imponía su cargo, presentación judicial alguna, pese a los diversos pedidos realizados por las víctimas para expresar las condiciones de detención y los tratos recibidos”. En el fallo, y amparado en transcripciones de declaraciones de víctimas, el juez evaluó que Teodori “no sólo no habría realizado gestión alguna cuando todos ellos, al ampliar indagatoria en el expediente, expresaron los tormentos vividos, sino que habría asesorado a las víctimas para que no denunciaran los tormentos”.

En cambio, Inchausti dictó prisión preventiva y procesamiento para los militares retirados Guillermo Costa, César Marti Garro, Eduardo Frías, Carlos Sala, Roberto Blanco Azcárate, Alfonso Nicolás, Alfredo Weinstabl, Raúl Pagano, Luis Bonnani, Jorge Bardi, Ernesto Davis, Héctor Azcurra y Eduardo Vega por considerarlos jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos.

El juez Pedro Hooft, a indagatoria

El juez Pedro Federico Hooft, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, deberá prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata, según informaron ayer fuentes judiciales. 

El juzgado citó a Hooft a declarar el próximo 13 de marzo, a las 10. El fiscal general Jorge Auat presentó en diciembre último un escrito ante el juez federal Martín Bava para que ordene la “inmediata” indagatoria del imputado. 

La causa se inició en marzo de 2006, con una denuncia impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a Hooft, por su participación en el secuestro de los abogados caídos durante la llamada Noche de las Corbatas. 

La secretaría entendió que Hooft “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que se pudiesen cometer delitos de lesa humanidad” y exigió su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de “tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada” y como autor “del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba”. Luego se sumaron a la denuncia la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria.


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Piden preservar el Faro de Mar del Plata, que fue un CCD y E

Un faro para la memoria

El lugar está aún en manos de la Armada y en la dictadura fue asiento de la Escuela de Suboficiales de Marina. Ahora hay un acuario. Los fiscales del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad consideran “importante que pueda conservarse”.

 Por Alejandra Dandan

El trabajo sobre la memoria intenta modificar sentidos acerca de una de las postales más clásicas de Mar del Plata: la imagen del Faro. Durante la dictadura el predio alojó a la Escuela de Suboficiales de Marina, conocida con la abreviatura de ESIM, y dependía de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada. Desde los años de la Conadep, el chalet es denunciado como centro clandestino, dado que se establecieron celdas en un sótano con detenidos. Durante el juicio oral que se lleva adelante ahora en esa ciudad, nuevos testimonios dieron cuenta de que la Sala de Comunicaciones de la escuela también funcionó como espacio de detención de prisioneros. En ese contexto, la fiscalía federal a cargo del juicio está pidiendo “la inmediata preservación del espacio”. El predio todavía está en manos de la Armada, no tiene ningún tipo de señalización y, como si fuera poco, el lugar de las celdas subterráneas está ocupado por el Acuario de la ciudad. Uno de los datos del pedido de los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly es que dirigieron la carta al Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, cuyo director es Víctor Abramovich. El Instituto adoptó en septiembre pasado un “protocolo” diseñado como “guía” para las políticas públicas de la región sobre sitios de Memoria (ver aparte). Con copias a Presidencia, la Procuración y las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y provincia de Buenos Aires, los fiscales pidieron que “se preserve de inmediato el espacio clandestino de detención y torturas del ESIM, ubicado en las proximidades del emblemático Faro de la ciudad”. Señalan que “aún se mantiene incólume, descuidado por el paso del tiempo (y) preserva los signos del horror”. Indican que la Armada franquea el paso con personal militar apostado en las cercanías pero impide el acceso. Y dijeron que, a diferencia de otros lugares, “las víctimas se acercan a la fiscalía y abrumadas nos relatan que aún no pueden creer que el ESIM no haya sido preservado correctamente. Nos dan como ejemplo que el Acuario de la ciudad hoy ocupa gran parte de lo que fue el centro clandestino reconocido por la Conadep como el Pozo y ubicado también en el predio mencionado”.
La historia

Durante la dictadura, la Marina concibió a Mar del Plata como zona prioritaria para la lucha. En el lugar actuaron la Armada y el Ejército. La primera centralizada en el borde de la costa, sobre la Base Naval. Y el Ejército a metros del aeropuerto de Camet, en la Agrupación de Artillería Antiaérea. La Marina, que estaba organizada por una jefatura cuyo vértice era la Fuerza de Tareas 6 (TF 6), tenía como brazo operativo a la Base Naval y el ESIM. Ambos tuvieron una llamativa red de centros clandestinos. La Base Naval, el Polígono de tiro, la Agrupación Buzos Tácticos, los calabozos, ciertos espacios de la enfermería, las aulas y las carpas ubicadas en la playa, indicaron los fiscales en su alegato. Hubo centros clandestinos en la Prefectura Naval ubicada cerca del puerto y en la Escuela de Suboficiales o ESIM, que mientras actuaba como centro de torturas sirvió para adoctrinar a los infantes de marina con la lógica de una escuela de formación, como en la Escuela Mecánica de la Armada.

Recién con los testimonios del último juicio y la lectura de legajos y documentos de la Marina apareció la arquitectura completa del ESIM: específicamente la fisonomía marcada por la relación entre ese lugar y la Base Naval y la distribución de tareas entre ambos. Físicamente, el ESIM tuvo dos áreas de alojamiento clandestino de personas: la “Sala de comunicaciones” y un espacio subterráneo cercano al mar reconocido como “El Pozo” desde el comienzo de la democracia.

La “Sala de comunicaciones” estaba ubicada a metros del faro y aún conserva las formas de las que hablaron los sobrevivientes durante el juicio: tenía al menos dos salones con pisos de madera. Uno, con baño interno, paredes revestidas por paneles acústicos, mesas y sillas. “Las víctimas dijeron haber permanecido durante horas sentadas ahí, lo que les produjo importantes problemas de infecciones y circulatorios en los miembros inferiores. El lugar se caracterizó por su música estridente, los cautivos eran custodiados las 24 horas y no podían cambiar de posición”, indicaron los alegatos. Algunos sobrevivientes contaron que los fumigaron y los bañaban luego de arrojarles baldes de agua. “El Pozo”, en cambio, estaba cerca del mar. La Conadep hizo una inspección. Encontró el lugar subterráneo frente a un polvorín y disimulado por un médano. Se accedía por unas escaleras y tenía celdas precarias muy “reducidas” en sus dimensiones. Durante el juicio actual, el Tribunal ordenó una inspección ocular en el lugar: ahí encontraron que el espacio subterráneo está ocupado por el Acuario.
El “batallón de alumnos”

Un importante y todavía asombroso dato sobre el espacio surgió durante el último juicio de la mano de la declaración de un ex estudiante de la Marina que ya había declarado en la Conadep. Héctor Grumblat fue convocado como testigo. Hizo sus estudios en 1978 y acercó a la audiencia no sólo su experiencia, sino los relatos posteriores al golpe. Allí confirmó la existencia de detenidos “civiles” a los que “catalogaban de subversivos”. Señaló dos espacios de detención: la “sala de armas” y la “sala de comunicaciones” y dijo que después se construyó una especie de pozo subterráneo con celdas, cerca de la playa. El dato más relevante, sin embargo, llegó después: en la escuela había un “batallón de alumnos” de Infantería de Marina a quienes adoctrinaron en relación con la “Realidad social argentina” en cursos de lucha antisubversiva. Según Grumblat, los profesores “permanentemente bajaban línea sobre el gobierno militar y explicaban por qué los hombres de esa generación habían decidido tomar el poder, afirmando que los que estaban en contra eran ‘elementos subversivos’ a quienes debían combatir”, recordaron los fiscales sobre su testimonio en el alegato. A los alumnos les enseñaron la forma en la que debía proceder un grupo operativo en materia de lucha antisubversiva. Así dijo que existían dos tipos de “patrullas”: las que se clasificaban como a) “‘patrulla fantasma’ donde se salía de civil con armas largas, a secuestrar gente y combatirla, usándolas en zonas urbanas y rurales; y b) la ‘patrulla resorte’, que estaba a disposición de las necesidades de cualquier comando perteneciente a las tres fuerzas, como la Base, la Fuerza Aérea o al GADA 601”.

Las “patrullas fantasma” tenían un oficial, 4 personas vestidas de civil y eran integradas por alumnos recibidos. Las “patrullas resortes” tenían personal del ESIM, concretamente soldados conscriptos, que usaban camionetas marca Dodge con asiento en el medio; con soldados distribuidos espalda con espalda, un conductor y un suboficial con mucha jerarquía, que daba las órdenes. También aseguró que para los operativos se utilizaban vehículos particulares que en general ingresaban de noche. En cuanto a la relación con la Base Naval, indicó que desde allí trasladaban detenidos en botes de goma hasta la ESIM y los dejaban en los “pozos”.
Los responsables

En el juicio actual sólo hay un imputado de la ESIM: se trata de Mario José Osvaldo Forbice, director de la Escuela entre 1976 y 1979. Forbice no reconoció ninguna de sus órdenes, pero admitió en la indagatoria su tarea como director y la existencia del Placintara, clave para entender el programa de represión clandestina de la Marina. Dijo que “existía un plan utilizado para el caso de conmoción interna que era usado en cualquier problema que pudiera necesitar la intervención de las Fuerzas Armadas como por ejemplo, la subversión. Creyó que este plan se llamaba Placintara”.

En función del plan, Forbice tenía el doble rol que quedó probado durante el juicio: por un lado era director de la Escuela y por otro jefe de un grupo de tareas que operaba dentro de la FT6. El dato aparece reflejado en su legajo cuando uno de sus supervisores destacó su desempeño en el período 7/09/76 al 26/12/76 como comandante de un GT y ocasionalmente como comandante de la FT 6.

“Esto nos llevó a reclamar que el espacio sea reconocido como centro clandestino de detención, y como el lugar está intacto, y es un chalet, sería importante que pueda conservarse”, dice Soiza Reilly. “Entendemos que el Faro atrae muchos visitantes y que es una oportunidad para que se conozca qué ocurrió en ese lugar; el lugar puede aportar información valiosa para reconstruir la verdad de lo que pasó y ofrecer una garantía de reparación simbólica para las víctimas, por eso recurrimos al Instituto.”

La sentencia del juicio llamado Base Naval II está prevista para el 15 de febrero.