Alegato de querellas por los crímenes en la Base Naval de Mar del Plata

“Fueron entregados cual botín de guerra”

Las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo se concentraron en los casos de las víctimas embarazadas de ese centro clandestino, que fueron despojadas de sus hijos luego de dar a luz.

 Por Alejandra Dandan

¿Se puede hablar de mayor o menor crueldad cuando se habla de los centros de exterminio y detención? Existe la tentación de hacerlo ante las mujeres embarazadas, los nacimientos de sus hijos o frente a los niños que pasaron por la experiencia de encierro y tormentos con sus padres. Ese es uno de los escenarios en los que ingresó el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, en Mar del Plata. En el relevamiento de las pruebas sobre el secuestro de un grupo de mujeres embarazadas, de sus compañeros y de los partos, las abogadas se detuvieron a observar a los niños que pasaron por la Base Naval: “Esta incertidumbre respecto de la suerte que pudieran correr los hijos de cualquiera de las víctimas –dijeron– era funcional al aparato represivo y constituía otra forma sádica de infundir el terror”.

Santiago Kraiselburd contó en una audiencia su experiencia de niño. Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez de Abuelas retomaron parte de su testimonio en el alegato. A Santiago lo subieron al camión en el que también trasladaron a su madre, Patricia Valera. Les taparon las cabezas con bolsas y los llevaron a la Base Naval. Después los llevaron en un auto hasta la ESMA “todavía tabicados con las bolsas”. A Santiago lo reprendieron en el camino porque “con su inocencia de niño, sin medir las consecuencias, intentó sacarse las bolsas para espiar”, dijeron las abogadas. “Fue en la ESMA donde hicieron que se despidiera de su madre, para luego ser abandonado en el Hospital de Niños de Buenos Aires y finalmente concluir su trágico periplo en un orfanato a sus cinco años.”

A las niñas Bonn y Ríos, recordaron, las dejaron en la puerta del Hospital Regional de Mar del Plata. Bonn murió poco después y a Ríos la recuperó su abuela materna. Daniel Mogilner es el hijo de Graciela Arriola: “Fue liberado a su suerte con su hermanita de 4 años cuando el grupo de tareas de la Base Naval los dejó con el portero de la casa”.

La primera parte del alegato la hizo César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II: trasladadas a dar a luz a la ESMA y luego desaparecidas. “Sufrieron el secuestro, la tortura, el asesinato, fueron constituidos en desaparecidos y les fueron arrancados sus hijos, quienes fueron entregados, cual botín de guerra, a otras familias, las que los apropiaron continuando así con esta práctica sistemática y aberrante”, dijo Murgier.

La sentencia del juicio por el Plan Sistemático de Robo de Niños apareció como telón de fondo del alegato. “Esto demuestra que el interés de la organización represiva por ellas cesaba luego del nacimiento de los niños. Los militares argentinos se quedaron con lo más preciado de sus opositores políticos: su descendencia.”

El alegato recorrió puntos generales de un juicio caracterizado por la enorme producción de prueba documental. Abuelas puntuó algo que una y otra vez apareció en las audiencias como “miedo” no sólo de los detenidos-desaparecidos sino de sus familias: “Usted es muy joven, doctora, usted no sabe cómo nos trataban, el miedo que había”, dijo Anahí Marocchi en una audiencia, como lo recordaron las abogadas.

Hubo una lectura en perspectiva sobre lo que sucedió con otros niños en otros momentos históricos y el contexto del nazismo y el franquismo. Una mención al rol de los padrinos y luego el análisis de los casos. En todas las descripciones, aparecieron las voces sobre la vida de cada quién, sus filiaciones militantes y, dentro del campo, el intento de caracterizar el modo que adquirieron los traslados de Mar del Plata a la ESMA. El primer caso fue el de Susana Haydeé Valor y Omar Alejandro Marocchi. Susana estaba embarazada cuando la secuestraron en 1976. Los dos militaban en Montoneros. Y la reconstrucción del secuestro dio cuenta de las dificultades que tiene aún el sistema judicial para incorporar como víctimas a quienes no fueron vistos por sobrevivientes de los centros clandestinos. La reconstrucción se hizo por vías alternativas: relatos de familiares, una carta del comandante de la Base Naval Juan Carlos Malugani a la familia durante la búsqueda, testimonios escalofriantes de los propietarios de la casa que alquilaban Omar y Susana. Ante la Conadep, contaron cómo después del secuestro el grupo de tareas pasó a robar todo y les dijeron que sus vecinos eran “peligrosos terroristas”. Otros dos procedimientos realizados ese mismo día sirvieron para mostrar que la lógica era la misma: “Los tres procedimientos son idénticos”, dijo Murgier. “Secuestran un día, regresa el mismo grupo operativo para materializar la rapiña y también se hacen del dinero depositado por los locatarios. Es evidente que la fuerza de tareas es la misma y que el destino de todos estos jóvenes estaba decidido: los desaparecerían.”

Otra de las víctimas de aquel grupo fue Susana Pegoraro, secuestrada embarazada, con su padre en Constitución. Recordaron el intento de liberación de su padre. El traslado de ella de la ESMA a la Base Naval y de la Base Naval nuevamente a la ESMA para el nacimiento de su hijo. “Susana había cambiado totalmente”, recordaron durante el alegato. “Llegó (a la ESMA) en un estado lamentable, en su cara se veía todo lo que le habían hecho pasar en esos dos o tres meses en la Base Naval: no hablaba, no reía, no lloraba; lo que había vivido en ese lugar era terrorífico.”

Liliana Carmen Pereyra estaba embarazada de cinco meses. Su recorrido prueba a la vez el tránsito entre la Base Naval y la ESMA: luego de dar a luz volvieron a llevarla a la Base Naval. “Fue asesinada en el paraje Barranca de los Lobos, recibió un disparo de bala de escopeta, efectuado a corta distancia en su cabeza”, dijo Yamila Zabala Rodríguez. “Señores jueces, cada uno de ustedes, como muchas de las personas aquí presentes, a lo largo de la vida, han compartido con una hija, una nieta, una sobrina o algún ser querido, su embarazo y el alumbramiento del bebé”, le dijo al Tribunal. “Pues bien, a Liliana nada de eso se le permitió, nada de eso pudo hacer ni ella ni sus familiares. Dado que fue ilegalmente secuestrada.”

Durante el juicio declaró por primera vez Sebastián Rosenfeld Marcuzzo, el hijo de Patricia Marcuzzo y de Walter Rosenfeld. Patricia fue una de las últimas embarazadas de la ESMA. Yamila leyó durante el alegato la poesía que ella bordó en un pañuelo que tiempo después una de las sobrevivientes logró alcanzarle a su hijo. Luego habló de Laura Godoy, otra de las embarazadas.

 “Señores jueces, es el momento de ustedes, es el desafío de la Justicia, es el momento para dar respuesta a tanta impunidad, a las víctimas, a los familiares y a toda la sociedad, condenando los más aberrantes delitos cometidos por los aquí imputados”.