Piden prisión perpetua para siete represores de Mar del Plata

El horror de la Base Naval

Por delitos de lesa humanidad, la fiscalía solicitó la máxima pena para Alfredo Arrillaga, Juan Lombardo, Raúl Marino, Roberto Pertusio, Rafael Guiñazú, José Lodigiani y Mario Forbice. Para otros cinco imputados pidió 25 años de prisión.

La fiscalía federal de Mar del Plata solicitó prisión perpetua para siete acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval II de esa ciudad, 25 años de cárcel para otros cinco imputados y penas menores al resto de los imputados en lo que fue el último de los alegatos de las partes acusatorias en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron la prisión perpetua para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice por los delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra 69 víctimas durante la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de la Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad. Los pedidos coincidieron con los de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las tres querellantes en la causa y que emitieron sus alegatos durante la semana.

Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez fueron las responsables de realizar parte de los alegatos de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que compartieron con César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II.

Las cuatro partes acusatorias también solicitaron penas de 25 años de cárcel a Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar Falcke y Angel Narciso Racedo. La diferencia radicó en lo pedido para el ex marino Juan Carlos Guyot, para quien la fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron cuatro años de encierro, en tanto que la APDH exigió seis y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió que le apliquen 15 años de cárcel.

En esta causa además estaba involucrado Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud, mientras que durante la instrucción fallecieron los imputados Juan Carlos Malugani y Pedro Barda. El tribunal –integrado por Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo– dispuso que el debate continúe el próximo 14 de noviembre, cuando comienzan los alegatos de los defensores.

De los 69 casos que se investigaron en el juicio, la mitad son mujeres y la mayoría sufrió abusos sexuales. Las partes acusatorias lo calificaron como un juicio de “documentación”, ya que fue un proceso que se fue armando a partir de archivos rescatados de la “burocracia”. A partir de los datos surgidos podrían identificarse cien nuevos represores.

Se trata del segundo juicio que se lleva a cabo por crímenes imprescriptibles cometidos durante la última dictadura en ciudades balnearias. El primero, que obtuvo sentencia hace poco menos de un mes por los hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata y Necochea conocidos como La Cueva, obtuvieron condenas que los organismos de derechos humanos calificaron de “reprochables”.

Alegato de querellas por los crímenes en la Base Naval de Mar del Plata

“Fueron entregados cual botín de guerra”

Las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo se concentraron en los casos de las víctimas embarazadas de ese centro clandestino, que fueron despojadas de sus hijos luego de dar a luz.

 Por Alejandra Dandan

¿Se puede hablar de mayor o menor crueldad cuando se habla de los centros de exterminio y detención? Existe la tentación de hacerlo ante las mujeres embarazadas, los nacimientos de sus hijos o frente a los niños que pasaron por la experiencia de encierro y tormentos con sus padres. Ese es uno de los escenarios en los que ingresó el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, en Mar del Plata. En el relevamiento de las pruebas sobre el secuestro de un grupo de mujeres embarazadas, de sus compañeros y de los partos, las abogadas se detuvieron a observar a los niños que pasaron por la Base Naval: “Esta incertidumbre respecto de la suerte que pudieran correr los hijos de cualquiera de las víctimas –dijeron– era funcional al aparato represivo y constituía otra forma sádica de infundir el terror”.

Santiago Kraiselburd contó en una audiencia su experiencia de niño. Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez de Abuelas retomaron parte de su testimonio en el alegato. A Santiago lo subieron al camión en el que también trasladaron a su madre, Patricia Valera. Les taparon las cabezas con bolsas y los llevaron a la Base Naval. Después los llevaron en un auto hasta la ESMA “todavía tabicados con las bolsas”. A Santiago lo reprendieron en el camino porque “con su inocencia de niño, sin medir las consecuencias, intentó sacarse las bolsas para espiar”, dijeron las abogadas. “Fue en la ESMA donde hicieron que se despidiera de su madre, para luego ser abandonado en el Hospital de Niños de Buenos Aires y finalmente concluir su trágico periplo en un orfanato a sus cinco años.”

A las niñas Bonn y Ríos, recordaron, las dejaron en la puerta del Hospital Regional de Mar del Plata. Bonn murió poco después y a Ríos la recuperó su abuela materna. Daniel Mogilner es el hijo de Graciela Arriola: “Fue liberado a su suerte con su hermanita de 4 años cuando el grupo de tareas de la Base Naval los dejó con el portero de la casa”.

La primera parte del alegato la hizo César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II: trasladadas a dar a luz a la ESMA y luego desaparecidas. “Sufrieron el secuestro, la tortura, el asesinato, fueron constituidos en desaparecidos y les fueron arrancados sus hijos, quienes fueron entregados, cual botín de guerra, a otras familias, las que los apropiaron continuando así con esta práctica sistemática y aberrante”, dijo Murgier.

La sentencia del juicio por el Plan Sistemático de Robo de Niños apareció como telón de fondo del alegato. “Esto demuestra que el interés de la organización represiva por ellas cesaba luego del nacimiento de los niños. Los militares argentinos se quedaron con lo más preciado de sus opositores políticos: su descendencia.”

El alegato recorrió puntos generales de un juicio caracterizado por la enorme producción de prueba documental. Abuelas puntuó algo que una y otra vez apareció en las audiencias como “miedo” no sólo de los detenidos-desaparecidos sino de sus familias: “Usted es muy joven, doctora, usted no sabe cómo nos trataban, el miedo que había”, dijo Anahí Marocchi en una audiencia, como lo recordaron las abogadas.

Hubo una lectura en perspectiva sobre lo que sucedió con otros niños en otros momentos históricos y el contexto del nazismo y el franquismo. Una mención al rol de los padrinos y luego el análisis de los casos. En todas las descripciones, aparecieron las voces sobre la vida de cada quién, sus filiaciones militantes y, dentro del campo, el intento de caracterizar el modo que adquirieron los traslados de Mar del Plata a la ESMA. El primer caso fue el de Susana Haydeé Valor y Omar Alejandro Marocchi. Susana estaba embarazada cuando la secuestraron en 1976. Los dos militaban en Montoneros. Y la reconstrucción del secuestro dio cuenta de las dificultades que tiene aún el sistema judicial para incorporar como víctimas a quienes no fueron vistos por sobrevivientes de los centros clandestinos. La reconstrucción se hizo por vías alternativas: relatos de familiares, una carta del comandante de la Base Naval Juan Carlos Malugani a la familia durante la búsqueda, testimonios escalofriantes de los propietarios de la casa que alquilaban Omar y Susana. Ante la Conadep, contaron cómo después del secuestro el grupo de tareas pasó a robar todo y les dijeron que sus vecinos eran “peligrosos terroristas”. Otros dos procedimientos realizados ese mismo día sirvieron para mostrar que la lógica era la misma: “Los tres procedimientos son idénticos”, dijo Murgier. “Secuestran un día, regresa el mismo grupo operativo para materializar la rapiña y también se hacen del dinero depositado por los locatarios. Es evidente que la fuerza de tareas es la misma y que el destino de todos estos jóvenes estaba decidido: los desaparecerían.”

Otra de las víctimas de aquel grupo fue Susana Pegoraro, secuestrada embarazada, con su padre en Constitución. Recordaron el intento de liberación de su padre. El traslado de ella de la ESMA a la Base Naval y de la Base Naval nuevamente a la ESMA para el nacimiento de su hijo. “Susana había cambiado totalmente”, recordaron durante el alegato. “Llegó (a la ESMA) en un estado lamentable, en su cara se veía todo lo que le habían hecho pasar en esos dos o tres meses en la Base Naval: no hablaba, no reía, no lloraba; lo que había vivido en ese lugar era terrorífico.”

Liliana Carmen Pereyra estaba embarazada de cinco meses. Su recorrido prueba a la vez el tránsito entre la Base Naval y la ESMA: luego de dar a luz volvieron a llevarla a la Base Naval. “Fue asesinada en el paraje Barranca de los Lobos, recibió un disparo de bala de escopeta, efectuado a corta distancia en su cabeza”, dijo Yamila Zabala Rodríguez. “Señores jueces, cada uno de ustedes, como muchas de las personas aquí presentes, a lo largo de la vida, han compartido con una hija, una nieta, una sobrina o algún ser querido, su embarazo y el alumbramiento del bebé”, le dijo al Tribunal. “Pues bien, a Liliana nada de eso se le permitió, nada de eso pudo hacer ni ella ni sus familiares. Dado que fue ilegalmente secuestrada.”

Durante el juicio declaró por primera vez Sebastián Rosenfeld Marcuzzo, el hijo de Patricia Marcuzzo y de Walter Rosenfeld. Patricia fue una de las últimas embarazadas de la ESMA. Yamila leyó durante el alegato la poesía que ella bordó en un pañuelo que tiempo después una de las sobrevivientes logró alcanzarle a su hijo. Luego habló de Laura Godoy, otra de las embarazadas.

 “Señores jueces, es el momento de ustedes, es el desafío de la Justicia, es el momento para dar respuesta a tanta impunidad, a las víctimas, a los familiares y a toda la sociedad, condenando los más aberrantes delitos cometidos por los aquí imputados”.

El ex fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la banda criminal

El exfiscal fue procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de seis homicidios calificados y un secuestro en el marco de crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 y 1976

El juez Santiago Incahusti, que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) cometidos durante 1975 y 1976, procesó este miércoles a Gustavo Demarchi por considerarlo jefe de una asociación ilícita e instigador de seis asesinatos y el secuestro de María Del carmen Maggi. Además le trabó un embargo por 2 millones de pesos.

Inchausti utilizó hasta el último día de plazo que le otorga el procedimiento para llegar a una decisión. Luego de 10 días, ayer les notificó a las partes de la causa 13.793 que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que dictó el procesamiento con prisión preventiva para el ex fiscal Gustavo Demarchi.

La resolución reza: “por considerarlo jefe u organizador del delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con el delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg y María del Carmen Maggi -decana de la Facultad de Humanidades secuestrada y asesinada el 9 de mayo de 1975- en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia respecto de esta última víctima, en calidad de instigador”.

Demarchi, quien se encuentra alojado en el pabellón de delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, recibió la noticia por notificación. Por la distancia, el juez no lo convocó al juzgado.

A lo largo de las 92 páginas de la resolución, el juez Inchausti determinó que Demarchi no sólo integraba la CNU sino que era uno de sus lideres o referentes. Además fue responsable del nombramiento de la mano de obra contratada para los hechos violentos y como fiscal se expidió solicitando el sobreseimiento o archivo de las causas en que aparecía involucrado un miembro del grupo. Por último, el juez consideró que fue Demarchi quien cumplió la función de “instigador o determinador mientras que los otros integrantes de la organización (Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, Piero Asaro, Raúl Viglizzo, Raúl Molleón, y los fallecidos José Luis Piatti y Carlos González”, inducidos por un mandato ejecutaron las ordenes.

Por otro lado, el juez consideró que, en base a las constancias recolectadas en la causa, también hay elementos como para que el imputado sea indagado por el crimen de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani ocurrido el 25 de abril de 1975. Ambos fueron hallados sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo. El cuerpo del primero estaba calcinado dentro de un auto. A pocos metros estaba el segundo que presentaba innumerables impactos de balas.

Demarchi llegó al país el viernes 21 de septiembre proveniente de Colombia, donde intentó refugiarse cuando huyó de la Argentina en noviembre de 2010. Al país cafetero ingresó como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió protección al gobierno de Juan Manuel Santos, quien finalmente le negó el asilo y así aceleró el proceso de extradición.

Demarchi fue asesor legal de la CGT, coordinador docente de la Universidad provincial en la década del '70 y candidato a intendente de General Pueyrredon por el peronismo en las elecciones de 1983. A partir de 1974 fue el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata. Ejerció el cargo hasta el '76. Uno de sus oficiales de Justicia- Eduardo Salvador Ullúa- también integró la CNU y es uno de los acusados en esta causa.

La captura de Demarchi fue producto de una denuncia formulada en junio de 2008 por los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de recibir durante años testimonios en el Juicio por la Verdad.

La causa judicial por los crímenes de la CNU aún cuenta con cuatro prófugos. Se trata de Eduardo Salvador Ullúa -ex ayudante fiscal de Demarchi en la fiscalía federal-, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero -quien cumplió condena por el crimen del diputado Ramón Rojas, ocurrido en San Juan en noviembre del 1975-, y Raúl Viglizzo, quien antes de darse a la fuga vivía en Buenos Aires y era docente universitario. Por todos ellos, el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

El 5x1

Pasadas las dos de la tarde del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni, uno de los líderes de la CNU, muere en la clínica Modelo. Horas antes cuando se dirigía a su casa fue interceptado en la calle Formosa entre Olavarría y Güemes por un Peugeot 504. Una ráfaga de ametralladora lo dejó muy mal herido y no hubo forma de salvarle la vida.

Las primeras noticias hablaron de un ataque por parte de Montoneros pero también se rumoreó una interna entre miembros de la UOM, que tenían muy buena relación con militantes de la CNU.

La madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio de Piantoni un grupo armado conformado por personas de entre 24 y 30 años irrumpió en la vivienda de la calle España 856. La venganza por la muerte del líder de la CNU había comenzado. Se identificaron como policías e hicieron bajar a todos los moradores de la casa.

Enrique “Pacho” Elizagaray era el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Mar del Plata. Cuando el grupo armado irrumpió, Elizagaray pretendió huir por los techos. Algunas de las personas salieron a la terraza y dispararon sus armas automáticas. “Pacho” murió de forma instantánea.

Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Los cuerpos de los Videla fueron hallados en el paraje Montemar.Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo 27 y su padre Jorge Enrique 33.Elizagaray, que quedó muerto en la casa de la calle España, presentaba 23 balazos.

Los jóvenes de saco y corbata que llegaron hasta la casa de la familia Videla habían salido del velatorio de Piantoni: Eduardo Ullúa, Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo y Raúl Moleon. Según la resolución de Inchausti, la viudad de Piantoni le habría pedido a Demarchi la “cabeza de todos los responsables” y la orden del imputado a los integrantes de la CNU habría sido “arrasar contra todo militante”.

El cirujano Bernardo Goldemberg fue otra de las víctimas de la venganza por la muerte de Piantoni. La misma madrugada del 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armados con ametralladoras lo secuestró en su casa de la calle Falucho 3634 en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.

Redacción El Atlántico

Justicia a medias en La Cueva?

No hubo conformidad por el fallo de los jueces. 

Dos de los catorce imputados por los crímenes cometidos en lo que se llamó el circuito represivo Mar del Plata – Necochea fueron absueltos. Sólo seis fueron condenados a prisión perpetúa y el resto recibió “penas bajas” que no dejaron conforme a las partes acusadoras

Siete militares y cinco policías fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea durante la última dictadura cívico militar. No obstante, dos de los catorce imputados fueron absueltos.

La decisión del Tribunal Oral Federal 1 chocó de frente contra la expectativa de un fallo condenatorio para los 14 imputados por los crímenes cometidos en la megacausa La Cueva que incluye los centros clandestinos de detención La Cueva -que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea-, la actual comisaría cuarta y las dependencias policiales de Necochea: la comisaría primera y el antiguo destacamento de playa Díaz Vélez.

Después de 15 meses de debate oral los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, a los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino. La misma pena recibieron los miembros de la Fuerza Aérea, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio. Los seis militares son culpables de los delitos de de privación ilegitima de la libertad calificada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidios calificados por premeditación de dos o más personas.

Por su parte, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia y por la aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos.

Lo que se creía un fallo condenatorio ejemplar mutó en un sin fin de interrogantes cuando el tribunal anunció la decisión de absolver a dos de los seis policías imputados y condenar con penas menores a los cuatro restantes.

El ex comisario Ernesto Orosco por el cual la Fiscalía había pedido la pena de 20 años de prisión fue condenado a 12. Lo mismo ocurrió con el ex oficial Héctor Carlos Cerutti que recibió 5 años de prisión a pesar del pedido de una condena de 12 años por parte del fiscal Daniel Adler.

Por su parte el ex comisarío de Necochea Héctor Francisco Biccarelli fue condenado a 7 años de prisión cuando el Ministerio Público había solicitado 15. El ex oficial Mario Larrea fue sentenciado a 5 años -tres menos de lo pedido por Adler- no obstante el tribunal entendió que esa pena ya fue cumplida con los años de cárcel preventiva durante la instrucción de la causa y el desarrollo del juicio por lo que ordenó la inmediata libertad del condenado.

Los ex oficiales Marcelino Blaustein, quien cumplió funciones en la comisaría cuarta donde se alojaban detenidos desaparecidos y su compañero de armas Aldo Sagasti fueron absueltos porque el tribunal entendió que no cometieron ninguno de los delitos que se le imputaron.

Por último, y en contra de lo esperado, los jueces decidieron condenar a 5 años de prisión al ex integrante de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarello, quien cumplía funciones como integrante del servicio de inteligencia del Ejército. El “Tano Nicola”, así apodado durante aquellos años, estaba imputado por tres casos de secuestro y torturas, de los cuales dos terminaron en homicidio.

El tribunal consideró que Caffarello solo es responsable del secuestro del militante Daniel Nario pero no de su destino final: la tortura y la muerte. Además entendió que no se pudo probar su participación en el secuestro y las torturas al ex secretario general del sindicato de Prensa, Amílcar González y en el crimen del ex militante Jorge Toledo, desaparecido en La Cueva.

No obstante, en la etapa de alegatos, todas las partes acusadoras habían solicitado la prisión perpetúa para Caffarello.

Por último, el tribunal hizo lugar al pedido de las querellas y decidió revocar los arrestos domiciliarios de los condenados a prisión perpetúa ordenando su alojamiento en cárceles federales.

Con una sala de audiencias repleta, el hall de entrada del tribunal oral federal también fue auditorio para que el público escuchara el fallo. La avenida Luro fue cortada al menos un centenar de militantes de distintas agrupaciones políticas y sociales que se reunieron en la puerta del Tribunal.

Así aplausos y gritos de euforia que provenían devinieron en silbidos e insultos con las absoluciones y las bajas penas para los policías. El momento de mayor tensión se produjo cuando el camión del servicio penitenciario salió del interior del tribunal. Un grupo de manifestantes intentó acercarse para insultar a los condenados, pero un cordón policial se los impidió. Se produjeron algunos incidentes cuando un uniformado pateó a una mujer. Hubo empujones, insultos y algunos policías utilizaron gas pimienta contra los manifestantes.

Sin condena

Los juicios por lesa humanidad celebrados en todo el país y después de 30 años de cometidos los hechos presentan una serie de dificultades. Una de ellas es el tiempo transcurrido que hace que muchos de los imputados lleguen a juicio con el último aliento de vida.

En esta causa en particular, que ventiló 85 casos ocurridos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea cinco imputados no llegaron a sentarse en el banquillos de los acusados porque fallecieron durante la etapa de instrucción debido a enfermedades o su avanzada edad. Ellos fueron los coroneles Alberto Pedro Barda y Roberto Atilio Bocalandro, ambos jefes de la subzona militar XV con base operativa en el Gada 601.

También corrieron la misma suerte los policías Manuel Asad –titular de la comisaría cuarta- y Francisco Ríos, quien cumplió funciones en Necochea.

Otro de los imputados que no llegó a la etapa de debate fue el abogado y ex integrante de la CNU, Eduardo Cincotta, quien con el advenimiento del golpe de Estado en marzo del 76 comenzó a colaborar con el Ejército en la represión ilegal.

Por su parte, el oficial de la Aeronáutica Gregorio Rafael Molina murió a causa de un cáncer durante el juicio. En tanto el policía Adriano Arguello y el militar Aldo Carlos Máspero fueron apartados del proceso oral por sufrir afecciones que no le permiten ejercer el derecho de defensa.

Por último, los abogados Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, ex miembros de la CNU, y colaboradores del Ejército permanecen prófugos de la Justicia y tampoco pudieron ser juzgados en este proceso.

Por Federico Desántolo

“Sometidos a simulacros de fusilamiento”

La Fiscalía empezó su alegato contra trece represores de la Base Naval de Mar del Plata.

En base al testimonio de los propios acusados se fue rearmando el cuadro operativo de los integrantes del grupo de tareas en el que predominaban los oficiales de la Marina. Los legajos aportados por Defensa permitieron completar el cuadro.

 Por Alejandra Dandan

“En la Base Naval de Mar del Plata había una playa privada con carpas de lona donde fueron alojadas varias víctimas. Las carpas viejas tenían un asiento de madera y una especie de vestuario interior sin cortina. Los cautivos eran puestos en la arena fría, expuestos a los cambios del clima, atados sin poder moverse. Los que pasaron por ahí recordaron durante el juicio que estuvieron atados en invierno, a veces una semana, con poca ropa, golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Así lo dijeron José Angel Nicolo, Ricardo Alfredo Valente, Guillermo Eduardo Cángaro y Miguel Angel Erreguerena.”

Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly describieron en la primera jornada de alegatos la participación de los trece acusados por la represión ilegal. Las pruebas que se elaboraron durante el juicio a partir de la voz de los testimonios, contaron además con lo que los fiscales definen como “un impresionante” acervo documental basado especialmente en dos grandes archivos: el de la Prefectura de Bahía Blanca y los legajos aportados por el Ministerio de Defensa. Con ese material rearmaron después de 36 años, de modo milimétrico, la arquitectura de los grupos operativos y exactamente qué hizo cada quien. De los legajos extrajeron además alrededor de cien nombres que fueron leyendo ayer, producto de la evaluación que los acusados hicieron a sus subordinados. A partir de esos nombres los fiscales pedirán al tribunal el impulso de una nueva investigación.

“Llegado el momento de esta discusión final estamos en condiciones de efectuar una acusación constitucionalmente válida por entender que se ha reunido un cuadro probatorio suficiente contra quienes pusieron en crisis el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución”, dijo Soiza Reilly.

La primera de las cuatro jornadas previstas para los alegatos de la fiscalía avanzó en dos aspectos. Una pequeña presentación del perfil de las víctimas, sobre todo de las mujeres que constituyeron la mitad de las 70 víctimas del juicio y de sus hijos. Y, por otro lado, el nombre de cada imputado desde el punto de vista de quién fue quién, dónde estuvo y cuáles son los cargos.

“Constancias documentales acreditaron que un grupo de víctimas murió en condiciones de indefensión y fueron cruelmente ejecutadas”, dijo la fiscalía. “Fuimos testigos, con el correr de las audiencias, del trato dispensado a mujeres y niños. Probaremos que los aquí juzgados ordenaron y dirigieron a sus subordinados para que dentro de los lugares de cautiverio las víctimas supieran que con ellas nadie haría excepciones. Las mujeres fueron maltratadas, abusadas, violadas y sometidas a vejámenes. Tanto las que salieron con vida como las desaparecidas o asesinadas que estaban embarazadas.” Los niños tampoco tuvieron un trato diferente: los encapucharon e interrogaron en los domicilios, como Damián Mogilmner, Sebastián Kraiselburg, Liliana Elizabeth Ortiz. A otros los abandonaron en lugares públicos, como a Anita Ríos y Victoria Bon. Otros fueron secuestrados con sus madres, como Santiago Kraiselburg. Hubo apropiaciones como la de Ilario Federico Cagnola y Evelin Bauer. Otros nacieron en cautiverio y los reintegraron a las familias, imponiéndoles el miedo de no hablar, como Sebastián Rosenfeld. “Mujeres, niños y jóvenes, todos sin excepción padecieron y perecieron en este circuito represivo, pergeñado e ideado por los aquí acusados para dar cumplimiento al plan de aniquilamiento instaurado.”

La mayor parte de los acusados son de la Marina y pertenecieron a la Fuerza de Tareas 6 (Fuertar 6). Como también un acusado es del Ejército, los fiscales intentaron demostrar la vinculación entre las dos fuerzas: “En estos sucesos, personal dependiente del Ejército tuvo responsabilidad en los hechos y los miembros de la Fuertar 6 actuaron de manera coordinada en los secuestros, para luego facilitar los espacios clandestinos donde las víctimas fueron mantenidas en cautiverio”, dijeron.

En la segunda parte de la jornada describieron a los represores. Entre los acusados hay dos comandantes de la Fuertar: Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino. Y hay quienes fueron parte del Estado Mayor: Roberto Luis Pertusio, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazú, entre otros. La lectura de la información de los legajos le permitió a la fiscalía una de la tareas más complicadas: recuperar ahora sin las condiciones de clandestinidad los lugares por los que estuvo cada uno. La evaluación de sus jefes confirmó las actuaciones. Y la evaluación que a su vez ellos les hicieron a otros subordinados permitió localizar a quienes intervinieron en los grupos de tareas. Ese es uno de los logros del juicio.

Uno de los casos más representativos de los que se escuchó fue el de Pertusio, hasta hace poco reciclado como asesor del jefe de la Armada. De su legajo surgió buena parte de su carrera. En marzo de 1976 aparece como intendente de General Alvarado; enseguida pasa a jefe del Departamento de Personal de la Fuerza de Submarinos (FASE) y hasta enero de 1977 es director de la Escuela de Submarinos. En enero lo ascendieron a jefe del Estado Mayor y de Operaciones de FASE, un período en el que “absorbe dos puestos de máxima responsabilidad”, dijeron. “Todo el Estado Mayor dependía de él. Era el colaborador inmediato del comandante. Dirigía y coordinaba las actividades del aquél, transmitía las resoluciones y decisiones del comandante y fue responsable de la preparación y emisión de directivas y órdenes para la fuerza.”

El comandante de la FASE, Juan José Lombardo, lo reconoció en su legajo como un “sobresaliente colaborador. Siempre bien dispuesto para el cumplimiento integral de sus obligaciones. Ha sido no sólo un muy valioso colaborador del suscriptor, sino a la par un amable camarada”.

En febrero de 1978, escala como subjefe de la Base Naval de Mar del Plata hasta abril de 1979. En la audiencia, los fiscales reconstruyeron las listas de quienes integraron los grupos de tareas del Fuertar a partir de las calificaciones que dio. Calificó por ejemplo a Horacio Carlos Michelis jefe de Operaciones del GT 6.1 y como tarea subsidiaria, coordinador general del Programa de Instrucción de Lucha Contra la Subversión (CO-104). También calificó a Alfredo Oscar Campero, Hugo Luis Núñez, Ciencio Delfor Zalazar y Luis Borgeat, por ejemplo, “por ocupar un puesto de combate conforme el Placintara”. También a Rubén Angel Gregorio Romero en su rol de combate por ser ayudante de operaciones en el GT 6.1, entre otros.

Del volumen de información aportada por los testigos, los fiscales recogieron para ése y el resto de los casos el resto de la prueba. Roberto Frigerio e Ilda Daseville de Yudi, por ejemplo, lo mencionaron como la persona que con los comandantes informaba a los familiares sobre el destino final de las víctimas. Y otra de las víctimas lo mencionó como la persona a quien dirigía las cartas durante el secuestro de su hija.

Otro de los nombres que se escucharon fue el del único civil acusado del juicio, Juan Carlos Guyot, abogado que operaba de nexo entre el centro clandestino y los juzgados. Guyot fue diciendo durante el juicio que sólo “trabajó” de asesor, que su tarea era ir y venir con expedientes de la Base a los juzgados y que no tuvo injerencia en nada. Otra vez, además de los testigos, lo refutaron los legajos. “Conforme surge de su legajo de concepto –dijo la fiscal–, Guyot formó parte de la Fuertar 6 entre el 4/8/76 y el 26/11/76. Fue evaluado por Pertusio en calidad de jefe de la Fuerza, por Malugani como jefe de la Base Naval MDP y comandante de la fuerza, y por Ortiz como subjefe de la Base Naval y jefe del Estado Mayor de la Fuerza.”

Alegatos en Mar del Plata.

La víctimas de la Base.

Por Alejandra Dandan
La mitad de las setenta víctimas del juicio son mujeres. La mayoría sufrió alguna forma de violencia sexual. Sus hijos no tuvieron un trato diferenciado en el plan criminal: a algunos los encapucharon e interrogaron en sus casas, a otros los abandonaron en espacios públicos, a otros los secuestraron con sus madres y otros fueron apropiados o nacieron en cautiverio. Los datos emergieron en el juicio de lesa humanidad que se hace en Mar del Plata por los crímenes de la Base Naval II y que hoy ingresa en su etapa de alegatos. El debate permitió reconstruir en escala mínima la represión en Mar del Plata y las playas aledañas. A partir de los datos surgidos en el juicio podrían identificarse unos cien nuevos represores.

El primer tramo de alegatos estará a cargo de los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele y luego seguirá la querella de Abuelas de Plaza de Mayo representada por Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez y querellas particulares. El juicio tiene trece acusados. La mayoría, marinos de la Fuerza de Tarea 6 (Fuertar6) que según los documentos “secuestraron, trasladaron prisioneros, interrogaron, torturaron y asesinaron a las víctimas”. Entre ellos, los ex comandantes Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino. Como parte del Estado Mayor de la Fuertar6 está Roberto Luis Pertusio, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazú. También hay jefes de los grupos de tareas como José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice. Hombres con roles en la Central de Inteligencia de la Base Naval y en Informaciones de Prefectura como Julio César Falcke y Ariel Macedonio, que obtenían información de inteligencia antes del secuestro y después de los interrogatorios. U otros como Juan Eduardo Mosqueda parte de Fuertar6, encargado con su grupo de seleccionar personal para los grupos de tareas y autorizar seguimientos e inteligencia a todas las víctimas.

“Este es un juicio caracterizado por la documentación”, dice Soiza Reilly. “Hubo mucha documentación que recuperamos de la burocracia a partir de dos grandes acervos: el archivo de Prefectura que se encontró en Bahía Blanca y que contiene ‘el plan de lucha a la subversión’ que plasma de manera nítida el trabajo de la comunidad informativa. Por otro lado, los legajos de los marinos en los que aparecen, por ejemplo, datos sobre cómo calificaron a sus subordinados: esos elementos permitieron recrear una estructura enorme de cómo operó la Base Naval que, por las dimensiones que tuvo y de lo que significa para la ciudad, puede compararse a Bahía Blanca.”

La reconstrucción realizada durante el juicio pudo probar cómo fue la sincronización de las caídas de un conjunto de víctimas. Empezaron con los dirigentes del gremio pesquero. Luego, los estudiantes de la Escuela de Artes Visuales y personas allegadas a los líderes de la agrupación política Montoneros, vinculadas con la impresión gráfica, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, militantes del Partido Comunista Marxista Leninista Argentino, militantes de Vanguardia Comunista y el grupo de las embarazadas que fueron trasladadas a dar a luz en la ESMA.

Tramo final para el juicio por los crímenes de lesa humanidad

Mar del Plata: tramo final para el juicio por los crímenes de lesa humanidad
El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de Mar del Plata ingresará este lunes en su etapa final.

Según informaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal marplatense iniciará las audiencias de réplicas y dúplicas para los querellantes y defensores, luego de que la fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para siete acusados: Ernesto Agustoni, José Beccio, Leandro Marquiegui, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Luis Toccalino y Nicolás Caffarello.

Todos están imputados por delitos perpetrados en perjuicio de 85 víctimas, señaló el Centro de Información Judicial (CIJ). Además, la fiscalía requirió al Tribunal penas de entre ocho y 25 años de prisión para Fortunato Rezett, Ernesto Orosco, Marcelino Blaustein, Héctor Bicarelli, Héctor Carlos Cerutti, Aldo Sagasti y Mario Larrea.

Durante el juicio buscó esclarecerse los crímenes cometidos en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, en el Centro Clandestino de Detención “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea Mar del Plata, y también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez, de la ciudad de Necochea.

Catorce militares y policías acusados

ALEGATOS EN EL JUICIO POR LA REPRESION EN MAR DEL PLATA-NECOCHEA

Los organismos de derechos humanos comenzarán sus alegatos en el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en lo que se conoce como el circuito represivo Mar Del Plata-Necochea, que comenzó hace más de un año. Las sedes marplatenses de Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, además de la secretaría bonaerense dedicada a la protección de esos derechos, ofrecerán sus conclusiones ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad balnearia respecto de la responsabilidad de catorce militares retirados y ex policías por crímenes cometidos contra 85 víctimas.

El 26 de junio pasado, el fiscal federal Daniel Adler solicitó penas que variaron entre prisión perpetua y ocho años de cárcel para los represores Ernesto Agustoni, José Beccio, Leandro Marquiegui, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Nicolás Caffarello, Fortunato Rezett, Ernesto Orosco, Marcelino Blaustein, Héctor Bicarelli, Héctor Cerutti, Aldo Sagasti y Mario Larrea. En todos los casos, el fiscal requirió la pena de prisión en cumplimiento efectivo al considerar “el riesgo de fuga” de los acusados, que se desempeñaron en la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Policía Bonaerense durante la última dictadura militar.

En este juicio se investigan 85 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en las comisarías 1ª y 4ª de Mar del Plata, la subcomisaría de Necochea y el centro de detención clandestino conocido como La Cueva. Se espera que las defensas expresen sus alegatos durante el mes siguiente y que recién en septiembre el TOF marplatense exponga su veredicto y dicte las sentencias.

La caída del prófugo Miguel Angel Chiarello

Un gendarme retirado, acusado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en La Rioja, fue detenido el último fin de semana en el interior bonaerense. Miguel Angel Chiarello, quien se encontraba prófugo desde principios de 2010, es uno de los imputados en la Causa Menéndez, como es conocida en la provincia cuyana la investigación judicial por la que se acusa al represor capturado y al genocida Luciano Benjamín Menéndez, entre otros, por homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de domicilio.

El Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, había ordenado en abril de 2010 la captura nacional e internacional con recompensa de Chiarello, luego de que no se presentara a declarar.

Bajo las directivas del juzgado actuante en la causa, personal de la Subdelegación Concordia de la Policía Federal y de Interpol lo detuvo el sábado pasado en la localidad bonaerense de Quequén, partido de Necochea, en donde vivía. En base a los dos años de trabajo de investigación, las autoridades judiciales suponen que el represor vivió hasta el año pasado en Concordia, Entre Ríos.

Tras su detención, el ex gendarme fue puesto a disposición del juez federal de la ciudad de Necochea, Bernardo Bibel, quien dispuso el alojamiento de Chiarello, por razones de seguridad, en la Delegación Mar del Plata de Policía Federal, hasta tanto se cumplan las medidas procesales para efectivizar su traslado a la ciudad de La Rioja.

Miguel Angel Chiarello, conocido por el alias Pantera Rosa, cumplió funciones en el Escuadrón 24 Chilecito, de Gendarmería Nacional, con otro imputado, el entonces alférez de Gendarmería Eduardo Abelardo Britos, quien también se encontraba prófugo en esta causa y fuera capturado y extraditado desde Paraguay.

En el marco de la Causa Menéndez, de La Rioja, también se encuentran detenidos el comisario retirado Juan Carlos Romero y el coronel retirado del Batallón de Ingenieros 141 Heriberto Miguel Goénaga.

La justificación de los crímenes

“Hombres y mujeres quisieron reemplazar el sol de la bandera argentina por una estrella roja o por la cara del asesino Che Guevara, mataron militares y civiles, robaron bancos, atacaron al Poder Judicial, publicaron sus crímenes en sus medios de prensa y nos dejaron libros contando sus hechos”, dijo muy suelto de cuerpo el represor Alfredo Manuel Arrillaga al declarar en la megacanje denominada La Cueva, en Mar del Plata, donde es juzgado por delitos de lesa humanidad.

Arrillaga enfrenta el segundo juicio por crímenes cometidos durante la dictadura y ya tiene una condena a prisión perpetua confirmada días atrás por la Cámara de Casación, por la que cumple arresto domiciliario. Tras su encendida defensa del terrorismo de Estado que desplegaron las Fuerzas Armadas, el militar negó ante los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros haber sido jefe de Inteligencia de la subzona militar XV y segundo jefe del Gada 601.

En tanto, el ex comisario Ernesto Orosco, titular de la comisaría cuarta de Mar del Plata entre 1975 y 1976, admitió que a partir del golpe de Estado su función como comisario fue prestar las instalaciones de esa dependencia para que las Fuerzas Armadas alojaran los presos, pero no pudo recordar que haya visto a detenidos heridos o torturados. Orosco contó que llegaban detenidos a toda hora, hombres y mujeres, que eran alojados en pabellones o en celdas individuales si estaban incomunicados, y agregó que muchas veces esos presos eran sacados de la comisaría por el personal militar y en algunas ocasiones volvían y en otras no. El ex comisario indicó que “por su buen trato a los detenidos, las máximas autoridades militares pidieron su traslado” y lo enviaron a una comisaría rural en la localidad de Maipú.

En este juicio se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría cuarta de Mar del Plata y el centro clandestino de detención conocido como La Cueva, ubicado en el ex radar de la Base Aérea Mar del Plata, así como también en la comisaría primera y en la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

Juicio del Circuito represivo Necochea, Comisaria 4ª y Base Aérea

“Que se haga justicia”

“Fue una noche trágica, de la cual nosotros quedamos marcados para toda la vida”, definió Walter  Omar Leiva su vida y la de sus cinco hermanos luego de la desaparición de su madre Mercedes Longh. “Estábamos todos acostados en la cama de dos plazas, patearon la puerta y entraron dos personas armadas”, describió. El padre no se encontraba en la casa porque trabajaba de sereno en la facultad de ingeniería.
 
Su hermano Raúl agregó que “nos hacen tapar la cara y nos dicen que nos quedemos tranquilos que la iban a traer”. “Le taparon la cabeza, le ataron las manos y le pegaron unos rodillazos en la espalda y la metieron en el baúl de un Falcon verde”, continuó.
Mercedes había trabajado en la casa de la decana de la facultad de Humanidades, María del Carmen Maggi, quien fuera secuestrada mayo de 1975 y cuyo cadáver apareció un día antes del golpe de Estado del año siguiente.  Raúl Leiva aseguró que los secuestradores de su madre buscaban “unos papeles” en relación a esto.

Por el testimonio de Marta García de Candeloro pudieron saber que Mercedes estuvo en cautiverio en la Cueva durante un año. Por intermedio de ella le dio un mensaje a sus hijos: “que nos dijera que nos amaba”, contó Raúl con los ojos cristalizados, que al momento del secuestro tenía 7 años. “Que se haga justicia”, concluyó su testimonio.
Declaró también Alejandro Dondas, que narró su cautiverio del 6 al 23 de diciembre de 1976 en el centro clandestino La Cueva, donde recibió tortura con picana eléctrica  en sus brazos mientras lo interrogaban sobre distintas personas entre las que estaba “Coca” Maggi.

En ese lugar, compartió su secuestro con Héctor Gómez y Eduardo Martínez. Afirmó que a los días “trajeron a Jorge Toledo, herido de bala, que se quejaba y pedía un médico”. Dijo que “le preguntaban por un tal pajarito que aparentemente había dado muerte a alguien del ejército (Cativa Tolosa)”.

Por último declararon tres testigos de concepto del imputado Mario Larrea. Victorio Osvaldo Bisciotti, como diputado nacional de la Unión Cívica Radical, conoció al represor cuando este se desempeñaba como comisario en la localidad de Lobería en los años 1985/86. “Las referencias siempre fueron muy buenas. Nunca recibí una queja contra él”, aseguró.

Ángel Aníbal Sánchez, hermano de un compañero de la escuela del hijo de Larrea, afirmó que “todos lo tenían como una persona excelente, bondadosa. No hay una persona que hable mal de Mario”.

En tanto que José Luis Cipolletti, quien fuera su abogado en la década del 90, dijo que “Larrea despotricaba contra el accionar de los militares. No quería participar de los hechos”. Y agregó que “nunca tuvo descrédito hacia las víctimas del Proceso de Reorganización Nacional”.

Autor/fuente: Lisandro Contreras/ Juan Marco Candeloro@@@

El héroe que no fue

Testimonio sobre un muerto en Malvinas

Un sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata acusó ayer al capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, “el primer caído en la guerra de Malvinas”, de haberlo interrogado bajo tortura.

Gabriel Della Valle fue quien reconoció a la persona que lo interrogó bajo tortura en la Base Naval seis años después, cuando en la primera plana de un diario aparecía el rostro del primer muerto argentino durante la guerra de Malvinas. Della Valle, ex detenido durante la dictadura, declaró ayer en una nueva audiencia del juicio que ante el tribunal oral federal de Mar del Plata se les sigue a 17 militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Naval, en el cuartel de Prefectura y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). En ese proceso también se investigan hechos en perjuicio de 85 víctimas más, ocurridos en la Comisaría 4 de la ciudad, el Centro Clandestino de Detención La Cueva (ex radar Base Aérea Mar del Plata) y en la Comisaría 1ª y Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

El capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, un marino nacido en Mendoza pero marplatense por adopción, se convirtió en el primer argentino muerto durante el conflicto del Atlántico Sur. Fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, el máximo reconocimiento que otorgan las Fuerzas Armadas Argentinas.

En Mar del Plata continúa en funciones juez acusado por delitos durante la dictadura

Pedro Federico Hooft ocupa el juzgado en lo Criminal y Correcional Nº 4 de Mar del Plata. Fue considerado por los querellantes como un “engranaje funcional” de los crímenes de lesa humanidad. Reclaman que no se lo deje abandonar el país.

Denunciado penalmente por delitos de lesa humanidad y a la espera del juicio político en el Consejo de la Magistratura, el juez Pedro Federico Hooft continúa al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, a pesar de los constantes reclamos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte, según informa hoy el diario Tiempo Argentino.

El célebre Hooft es el último juez acusado por graves delitos cometidos durante la última dictadura que continúa en funciones, luego de las renuncias de los camaristas de Mendoza Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra. El marplatense es considerado por la querella de esas causas como “un engranaje funcional, un partícipe necesario, de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del sistema represivo que funcionó en la Subzona 15”.

La permanencia en la justicia de este magistrado es denunciada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, el organismo realizó una presentación ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar que se conforme de manera urgente el jury que debe tratar el pedido de destitución de Hooft y no esperar hasta marzo, cuando los legisladores provinciales vuelven a sus funciones. También reclamaron que no se lo deje salir del país y así evitar un caso similar al del ex camarista Romano, quien se fugó a Chile y realizó un pedido frustrado de asilo político.

El magistrado es recordado por su participación en la Noche de las Corbatas, nombre que adquirió el secuestro en julio de 1977 de once personas, entre ellas seis abogados marplatenses. Por esos hechos, en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le imputó el rol de partícipe en varios hechos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, y en noviembre del año pasado, el fiscal Claudio Kishimoto pidió la citación a indagatoria del juez por la omisión en la tramitación de habeas corpus y de las denuncias iniciadas por privación ilegítima de la libertad en 20 casos.

El nombre del juez Hooft aparecía asociado a la Noche de las Corbatas desde 1984, cuando la sobreviviente Marta García de Candeloro lo nombró en su testimonio ante la CONADEP en el que recordó haber visto al juez en la Seccional Cuarta donde estaba detenida. La mujer, que había pasado por el centro clandestino de detención La Cueva, en la Base Aérea local, le solicitó ayuda al magistrado y este la ignoró, a pesar de que en su juzgado tramitaba un habeas corpus sobre su secuestro y el de su marido, Jorge Caldeloro. Luego lo denunció también en el Juicio a las Juntas y en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.

Hooft está acusado además por hacer “desaparecer” el expediente por el secuestro de Candeloro, documento que después de 30 años fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense entre los expedientes del juzgado de Hooft (ver aparte).

Mientras se demora su destitución, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mar del Plata por La Cueva, surgieron nuevas evidencias de la relación estrecha de Hooft con el terrorismo de Estado. “Además de no tramitar los habeas corpus y hacerlos desaparecer, de no agregar los informes que le remitía el coronel Pedro Barda, de no reclamar y reconocer los cuerpos de los abogados que aparecían muertos, de no recibir declaración testimonial a los abogados que eran liberados, tenía comunicación directa con la oficina de Inteligencia de La Cueva, es decir, con los verdugos del Centro Clandestino, y decidía, ayudado por sus cómplices civiles, como el doctor Eduardo Cincotta, quién se salvaba y quién no”, señala una de las últimas denuncias sobre Hooft.

Allí se aportaron testimonios de dos ex soldados de la Base Aérea de Mar del Plata que declararon en el juicio oral donde fue condenado el ex subjefe de la base Gregorio Rafael Molina.

Además de confirmar la realización de los vuelos de la muerte, los conscriptos brindaron información relevante acerca de quiénes eran las personas que operaban en la Base Aérea y en La Cueva, entre ellas el juez Hooft que siempre pedía hablar con Inteligencia. “El testimonio referenciado viene a confirmar lo que se viene sosteniendo y denunciando hace más de 30 años: que Hooft sabía de la existencia de Centros Clandestinos de Detención, que Hooft visitaba los Centros Clandestinos de Detención y que tenía directa vinculación con los civiles partícipes del terrorismo de Estado”, señala la denuncia impulsada por Antonia Acuña de Segarra, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata.

Testigos reconocen el centro clandestino

Fue en el marco del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Necochea, Comisaría 4ª de Mar del Plata y La Cueva. Casación ratificó condena a cadena perpetua a un represor.

Ante la atenta mirada del personal militar, testigos y los miembros del tribunal que lleva adelante el juicio en el que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Necochea, Comisaría 4ª de Mar del Plata y en el llamado La Cueva, durante la última dictadura cívico militar, se realizó ayer la inspección ocular ordenada por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler en el ex centro clandestino de detención conocido como La Cueva.
Víctor Lencina, ex detenido desaparecido contó parte de su calvario, reconoció distintos lugares de La Cueva pero afirmó que “el lugar estaba cambiado”. Lo cierto es que con el paso del tiempo la Fuerza Aérea remodeló el lugar, tiró paredes y levantó otro tipo de mampostería e incluso transformó lo que fue un centro de tortura en aulas para la formación de nuevas generaciones.
Durante su testimonio Lencina recordó: “Yo inauguré La Cueva.” Cuando fue llevado a ese Centro Clandestino era el único detenido y el sitio aún no había sido terminado. Luego fue el turno de Héctor Gómez que pese a haber sido trasladado con capucha, pudo reconocer el lugar de su cautiverio. “A mí me hicieron lavar los platos”, recordó Gómez. Durante los tres meses que duró su secuestro lo obligaron entre otras cosas a lavar la vajilla que usaban los detenidos y los militares. Según relató al tribunal fue ahí donde pudo identificar la insignia de la Fuerza Aérea en los platos y bandejas. También contó que pudo percibir la presencia de por lo menos 15 o 20 personas más, que estaban en su misma condición, que por las noches traían y se llevaban personas y que los guardias les decían: “Ahora viene el parrillero”, en alusión a la llegada del grupo que torturaba e interrogaba a los detenidos.
De la inspección y reconocimiento del lugar también participaron Miguel Lorenzo, Lucía Martín, Margarita Ferré, Jorge Medina, Carlos Bozzi y Pedro Daniel Espiño, todos ellos secuestrados y detenidos ilegalmente en La Cueva. Varios de los testigos reconocieron la entrada del centro clandestino de detención aunque señalaron que “antes había otro piso”.
Por otra parte, la Cámara de Casación ratificó la condena de un feroz represor. Se trata de Gregorio Rafael Molina, alias “Charly”, condenado el 9 de junio de 2010 a prisión perpetua y cárcel común por los crímenes y abusos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Centro de Detención denominado La Cueva.

El juicio que llevó tras las rejas al represor duró dos meses y Molina fue condenado por ser el autor material de los asesinatos de Norberto Centeno y Jorge Candeloro, dos abogados laboralistas desaparecidos en la denominada “Noche de las corbatas”, por privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos a más de 36 víctimas y por abusos sexuales reiterados. Su condena sentó precedentes a nivel nacional y está encuadrada entre las más modernas a nivel mundial, ya que tipifica a los delitos sexuales como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Así cualquier violación ocurrida en el marco del terrorismo de Estado podrá ser juzgada a pesar del paso del tiempo. Tal es así que la sentencia, que en estas horas ratificó la Cámara de Casación Penal, ya fue distinguida en 2011 en la tercera edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto con el Mallete de Oro, galardón que se le otorga las mejores decisiones vinculadas con la equidad de género, efectuadas dentro de un proceso judicial y que entrega la Women’s Link Worldwide, una organización no gubernamental internacional de Derechos Humanos

Juan Marco Candeloro; para Tiempo Argentino

Voces de dignidad y justicia

Leda Barreiro, sobreviviente de La Cueva

“En este momento estoy pensando, que lo duro que es el camino hacia la justicia vale la pena. Estoy, más que nada, con el corazón puesto en los que no pudieron salir de La Cueva. En ellos está mi pensamiento y pienso: no están, pero acá estamos luchando por reivindicar su memoria y que se sepa que hubo carniceros que los masacraron. Que la gente, la “ciudad feliz” sepa qué pasaba, como se masacraba gente a metros del aeropuerto donde llegaban los turistas.

Seguiremos luchando para que se siga haciendo justicia. Este es el comienzo”.
“Esto es para los que quedaron en La Cueva, para los que no están hoy aquí con esta emoción que tenemos nosotros porque ya no están”.

Lucía Martín, sobreviviente de La Cueva

“Estoy profundamente conmovida, es un poco tardía la justicia pero llegó. Que una, todavía estando viva lo pueda presenciar, -no sé si la palabra para describir lo que siento es disfrutar, porque esto es muy doloroso para todos- pero sí disfruto de poder vivir que nuestro país empiece a hacer justicia porque ha sido muy grave lo que pasó en los centros clandestinos, y sólo los que estuvimos ahí lo sabemos”.

“Pase dos noches con una joven que lo único que sé es que se llamaba Alicia y por lo poquito que la conocí no se merecía –nadie se lo merece- estar integrando la lista de los desaparecidos. Por ella y por su esposo, vaya un homenaje hoy”.

Marta García de Candeloro, sobreviviente de La Cueva

“Si uno piensa, en 33 años no hubo justicia, porque son 33 años que Molina ha estado libre –Molina como tantos otros-. Si es desde el punto de vista social, me parece importantísimo. Esto marca que empieza a terminar la impunidad. Es un aliento de vida, para un furo… ya no pueden hacer lo mismo porque pueden ser jugados. Todos estos juicios son rompimiento de la idea de que se puede llegar a semejante terror y quedar impune. Nunca Más.

Abusos sexuales, imprescriptibles

Al ratificar la condena a Gregorio Molina, Casación consideró que las violaciones fueron un instrumento de la represión.

 Por Alejandra Dandan

“Los abusos sexuales por los que fue acusado, juzgado y condenado Gregorio Rafael Molina constituyen parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de represión estatal que habilita la caracterización de delitos de lesa humanidad y los torna imprescriptibles.” Esa es una de las conclusiones que acaba de dejar sentadas un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que por primera vez ratifica una condena por delitos sexuales situándolos como crímenes de lesa humanidad. El fallo del máximo tribunal penal se expresó sobre el caso de Gregorio Molina, condenado en 2010 por el Tribunal Oral Criminal de Mar del Plata, pero en su espíritu es una guía que debería sentar jurisprudencia para el resto de las causas.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani dictaron sentencia el 17 de febrero pasado. El fallo parece una respuesta a dos procesos. Formalmente responde a la apelación de la defensa del suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, ex jefe del centro clandestino La Cueva, condenado por secuestros, tormentos agravados, homicidios y, por primera vez en aquel momento, por cinco violaciones y una tentativa. Por otro lado, sin decirlo, responde a los reclamos de las querellas que en todo el país intentan impulsar la acusación por estos delitos que desde el Juicio a las Juntas quedaron invisibilizados bajo las formas del tormento. En ese sentido, los votos explican por qué el delito de violencia sexual debe ser considerado de lesa humanidad. Y por qué una conducta como ésa no debe estar ceñida a la “escala” de las violaciones, sino al contexto represivo.

A la cabeza de los fundamentos de los votos, Borinsky dice que “resulta pertinente y útil recordar que los hechos que se ventilan (...) constituyen una pequeña porción del universo de criminalidad estatal verificado durante la última dictadura militar”. Ese es y no otro, dice, “el contexto histórico de criminalidad” en el que el Tribunal de Mar del Plata condenó a Molina y “pueden ingresar en la categoría de crímenes contra la humanidad” que “debe ser, ex ante, aceptada, por cuanto esta clase de actos constituyen conductas criminales que se encontraron dentro de la discrecionalidad con la cual los comandantes dotaron a sus subordinados para cumplir con el plan criminal –ataque– dirigido contra la población civil”.

Para responder si es necesario que los abusos contra la integridad constituyan una práctica habitual en el centro clandestino para ser considerados de lesa humanidad, Borinsky vuelve a señalar que el camino es inscribirlos como una pequeña fracción de “ese universo” mayor que aparece con el golpe. En ese sentido, y después de enumerar los testimonios de las víctimas que describieron las vejaciones de Molina, el camarista concluye que “las violaciones por las que fue juzgado y condenado (...) Molina constituyeron, en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, parte del ataque generalizado de represión ilegal orquestado por la última dictadura militar. Ello es así por cuanto, además de haberse constatado la regularidad de las agresiones sexuales que padecían las personas, especialmente las mujeres, que permanecieron cautivas en La Cueva, no encuentro razón alguna para excluir a las infracciones sexuales del plan criminal estatal acreditado en la sentencia de la causa 13/84 (del Juicio a las Juntas) pues, si la discrecionalidad otorgada por los comandantes a los cuadros inferiores alcanzó la toma de decisión para sellar la suerte de las víctimas (disyuntiva entre vida o muerte), no se explica por qué se pretende excluir las agresiones sexuales, como conductas criminales, del marco de discrecionalidad otorgado”.

En cuanto a la discusión sobre “la escala” de las violaciones, Hornos dejó zanjada la discusión en uno de sus párrafos: que los hechos endilgados a Molina, dice, “hayan sido realizados, o no, ‘a gran escala’, ‘de modo generalizado o sistemático’, ‘con habitualidad’, o cualquier otra expresión equivalente, no constituye obstáculo alguno para su calificación como crímenes de lesa humanidad –dice– pues la norma relevante no exige la concurrencia de dichos elementos sino en lo que respecta al ‘ataque (generalizado y sistemático)’ del cual, eso sí, estas conductas individuales deben formar parte”.