Causa CNU : Prisión perpetua para Demarchi, Durquet y Otero

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal N° 1 en el marco de la causa CNU. Además, condenó a 7 años de prisión a José Luis Granel, a 5 a Juan Pedro Asaro, a 3 años en suspenso a Juan Carlos Asaro y a 3 años en suspenso a Roberto Justel. Fueron absueltos Raúl Viglizzo y Raúl Moleón.

En un juicio histórico para reconstruir lo ocurrido en Mar del Plata durante los años previos al golpe de Estado de 1976, el Tribunal Oral Federal N°1 condenó este martes  a la pena de prisión perpetua al ex fiscal federal Gustavo Demarchi al considerarlo culpable de seis asesinatos y asociación ilícita en el marco de la causa donde se investigaron los crímenes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU).

La misma pena recibieron el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mario Ernesto Durquet. En tanto, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión por ser coautor del delito de asociación ilícita. De acuerdo al veredicto, continuará en libertad hasta tanto la sentencia quede firme, aunque se dispuso la prohibición de la salida del país.

Por su parte, Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años por el delito de asociación ilícita y absuelto respecto al homicidio de María del Carmen Maggi. La condena, advirtió el Tribunal, ya fue cumplida por los años que lleva de prisión preventiva por lo que se ordenó su inmediata libertad.

Por otro lado, Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados por el delito de asociación ilícita a la pena de tres años de prisión en suspenso y no quedarán detenidos. Raúl Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón fueron absueltos. Respecto de los imputados fallecidos, Roberto Coronel y Marcelo Arenaza, se determinó extinguida la acción penal.

El veredicto fue leído este martes a la tarde en el Tribunal Oral Federal N°1 ante una sala colmada por familiares de los acusados y de las víctimas y organismos de Derechos Humanos. Los magistrados Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas sólo dieron a conocer los montos de las penas y las absoluciones y anunciaron que el 20 de marzo se sabrán los fundamentos.

En el primer tramo de la lectura del veredicto, los jueces declararon que los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad. De esa manera descartaron el pedido de las defensas que habían requerido la prescripción de los delitos cometidos el año previo a la instauración de la última dictadura.

Demarchi, Otero y Durquet fueron condenados a la pena de prisión perpetua, por ser coautores de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg –cometidos en la denominada noche del 5×1-, la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de Maggi, y en el caso de los dos últimos imputados también los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. A su vez, Demarchi y Durquet fueron condenados también por el delito de asociación ilícita.


Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, los jueces.

Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, los jueces.



Juicio histórico

En el juicio declararon alrededor de 125 testigos. Durante las audiencias se apuntó a Demarchi -en 1974 se convirtió en el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata- como el líder de la organización CNU.

Al ex funcionario judicial, procesado desde el 9 de octubre de 2012, se lo acusó de haber sido el organizador o jefe de la asociación ilícita y de instigar seis homicidios calificados y un secuestro, cometidos entre el año 75 y el 76.
Según la investigación, Demarchi tenía una rol fundamental dentro de la CNU: contrataba la mano de obra para cometer los crímenes y luego pedía el sobreseimiento o archivo de las causas que involucraban a algún integrante de la organización ultraderechista.

Los crímenes fueron parte de una venganza llamada “5 X 1” por el asesinato del abogado Ernesto Piantoni, quien se dirigía a su casa cuando al llegar a Formosa, entre Olavarría y Güemes, fue interceptado por un Peugeot 504 verde claro, desde el que le dispararon una ráfaga de ametralladora antes de huir.

Las heridas le provocaron la muerte horas más tarde, en una cama de la Clínica Modelo. Era 20 de marzo del ‘75 y con el asesinato del letrado comenzaba una sucesión de secuestros y crímenes a sangre a fría que se planearon durante su velatorio. Este martes, tras 41 años, las víctimas de la banda de ultraderecha tuvieron justicia.


1) Gustavo Modesto Demarchi
Condena: prisión perpetua
Delitos: homicidios calificados de los que fueron víctimas Jorque Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagara, María del Carmen Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. También fue encontrado culpable de asociación ilícita.

2) Mario Durquet
Condena: prisión perpetua
Delitos: homicidios calificados de los que fueron víctimas Jorque Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagara, María del Carmen Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. También fue encontrado culpable de asociación ilícita.

3) Fernando Otero
Condena: prisión perpetua
Delitos: homicidios calificados de los que fueron víctimas Jorque Videla, Guillermo Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Enrique “Pacho” Elizagara, María del Carmen Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. También fue encontrado culpable de asociación ilícita.

4) José Luis Granel
Condena: 7 años
Delito: asoción ilícita.
Dato: continuará en libertad hasta que la condena quede firme. Los jueces consideraron que se ajustó a derecho
mientras estuvo libre durante el juicio.

5) Juan Pedro Asaro
Condena: 5 años
Delito: asoción ilícita.
Dato: Los jueces ordenaron su inmediata libertad ya que la condena la cumplió durante el periodo de prisión preventiva.

6) Juan Carlos Asaro
Condena: tres años de prisión en suspenso.
Delito: asoción ilícita.
Dato: continuará en libertad

7) Roberto Justel
Condena: tres años de prisión en suspenso.
Delito: asociación ilícita.
Dato: continúa en libertad

8) Raúl Viglizzo
Veredicto: absuelto.
Dato: llegó al juicio acusado de los delitos de homicidio y asociación ilícita.

9) Raúl Moleón
Veredicto: absuelto.
Dato: llegó al juicio acusado de los delitos de homicidio y asociación ilícita.

Causa Base Naval: tres sobrevivientes volvieron 39 años después

“Me cuesta creer que, en Auschwitz, permitieran que se construyera un Disneylandia”, pensó en voz alta.

Pablo Mancini, Osvaldo Durán y Edgardo Gabbín compartieron cautiverio durante la última dictadura. Hoy, participaron de una inspección ocular en la Base Naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en el marco del juicio que tiene a 14 militares acusados por crímenes cometidos contra 123 personas en centros clandestinos de detención de la Armada.

Fotos: Diego FeuerFotos: Diego FeuerFotos: Diego Feuer

Enviar por mailPor: Federico Desántolo

ANTECEDENTES

Base Naval: el juicio que muestra la articulación entre Ejército y...

Mar del Plata: procesaron a los acusados por los crímenes de la Base...

Pablo Mancini y Osvaldo Durán se adelantan a la comitiva. Se dan ánimo y reconocen el lugar, los olores y los sonidos. Edgardo Gabbín camina más lento. Se toma unos segundos, se separa del grupo. Al rato, deja de lado la emoción y avanza. Los tres compartieron lugar de cautiverio en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico–militar y hoy, 39 años después, regresaron al sitio donde conocieron el terror.

Desde la entrada principal, no se puede ver la dependencia de Buzos Tácticos. Para llegar al lugar donde fueron alojados cientos de detenidos hay que recorrer unos 500 metros, por un camino serpenteante. Los tres detenidos coincidieron en el primer detalle: el árbol que se veía desde la celda. Mancini lo recuerda bien porque durante los 20 días que pasó en la Base Naval, en una oportunidad, fue sacado sin capucha al exterior e identificó dónde estaba.

Los sobrevivientes hicieron un gran ejercicio de memoria sensorial porque finalizada la dictadura y con el comienzo del Juicio a la Juntas, la mayoría de las dependencias militares que funcionaron como centros clandestinos de detención fueron modificadas a contrarreloj, para despistar a quienes pudieran dar testimonio.

A partir de 1973, Gabbín comenzó a militar en el peronismo de base. El intervalo en su militancia se dio a partir de 1974 cuando le tocó hacer la colimba en la ESIM pero, al poco tiempo, desertó.  Con un documento falso, el “Gordo” siguió con su vida hasta el 11 de enero de 1977. Ese día fue descubierto por dos oficiales de la Armada y fue llevado a la Base Naval. Desde entonces, y durante poco más de un año, fue torturado; intentó fugarse y hasta pensó en suicidarse.

La parte trasera del edificio de Buzos Tácticos mira hacia la pequeña playa donde el personal militar realiza los entrenamientos en el agua. Gabbín necesitó volver a escuchar el ruido del oleaje para  confirmar que había estado allí. “Este ruido del mar y chicos jugando era lo que escuchaba cuando me tenían encerrado”, aseguró.

No fue un sueño

El 17 de junio, Gabbín declaró en el juicio a los 14 militares responsables de los crímenes cometidos en las dependencias de la Armada, en Mar del Plata. Frente a los jueces Néstor Parra, Mario Portela, Alejandro Esmoris y Jorge Aníbal  Micheli, contó un episodio confuso que, hasta ese momento, nunca había mencionado. En su memoria había una imagen de hombres que caminaban bajo el agua, cargando peso en un espacio de color celeste. Gabbín dudaba: creía que podía ser un recuerdo o un sueño. La certeza de su existencia llegó hoy, cuando descubrió que el espacio celeste era –y es– una de las cámaras de agua que utilizan los buzos en el entrenamiento de inmersión y que está camino a la enfermería, lugar donde a los detenidos les daban una pastilla para dormirlos. 

El último tramo del cautiverio en la Base Naval, Gabbín lo pasó en un calabozo muy pequeño, ubicado en el edificio de “servicios generales”. Contra todos los pronósticos, esos calabozos están casi intactos. Ahora almacenan gaseosas y cajones de cerveza. “Yo estuve en el del medio hasta que me trasladaron a Buenos Aires”, recordó el testigo.

ESIM: el terror en el Faro

Pablo Mancini fue secuestrado la madrugada del 9 de septiembre de 1976. El grupo de tareas ya había secuestrado a su primera víctima esa noche; Mancini era la segunda. En dos Ford Falcon, ambos fueron llevados a la Base Naval. Durante 20 días, fue sometido a un feroz interrogatorio en el que le preguntaron por sus compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

El mismo camino que hizo este miércoles, desde la Base Naval hasta la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina –ubicada en el Faro al sur de la ciudad– Mancini lo hizo 39 años atrás, en un camión de la Armada junto a otros detenidos.

El lugar donde funcionó el centro clandestino de detención de El Faro ya no pertenece a fuerza. Por decisión del gobierno nacional, fue cedido para la creación de un Espacio de la Memoria.  Mancini visitó varias veces la ex ESIM y ya exorcizó los viejos fantasmas. Dentro del lugar donde permaneció dos meses cautivo, describió con detalle cómo trascurrían aquellos días. “Nos tenían sentados. Éramos diez detenidos en filas de cinco, espalda con espalda. Teníamos manos y pies atados, algodones en los ojos y orejas, más la capucha. Y se escuchaba música las 24 horas del día. Unos siete discos que se repetían a todo volumen”.

Mancini se animó a adivinar dónde estaba ubicado el tocadiscos que reproducía a Gardel, a Daniel Toro y a Los del Suquía. Los primeros días estuvieron sentados sin poder moverse. “Tiempo después,  nos pusieron cinco colchones y nos turnábamos para dormir”, recordó.

Desde el regreso de la democracia, el predio de la ESIM sufrió varias modificaciones. Una parte, la que da a la playa, fue cedida en los ’90 a una empresa privada que construyó el Aquarium, un parque marino que sepultó parte de la estructura del terror estatal. Mancini formó parte del grupo que se opuso a que los negocios del Aquarium se siguieran extendiendo sobre el predio del Faro. Hace más de 15 años, lograron que el Concejo Deliberante no aprobara el nuevo emprendimiento: un parque de diversiones con vista al mar.

“Me cuesta creer que, en Auschwitz, permitieran que se construyera un Disneylandia”, pensó en voz alta.

FD/LL

¿Por qué no emiten desde Argentina, la orden de extradición para el médico represor Gori?

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad con medidas cautelares al médico argentino Carlos Fernando Gori a la espera de que se resuelva la extradición a su país de origen, donde está acusado de participar en homicidios y torturas cometidos a partir del primer año de la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, informaron fuentes jurídicas. 

 
El doctor Gori está acusado por las autoridades judiciales argentinas de varios delitos de homicidios agravados, imposición de tormentos, privación de libertad agravada y asociación ilícita que se habrían cometido durante la dictadura militar, que se prolongó entre 1976 y 1983, está acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la Dictadura. Fue jefe de Sanidad de la fuerza de submarinos en 1976

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El magistrado le ha impuesto a Gori la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio. El médico había sido enviado a prisión provisional el pasado 19 de septiembre tras ser detenido un día antes en Alicante en virtud de la petición de entrega cursada por el país andino.

 
El detenido, de 74 años, trabajaba desde 2002 en la compañía Medibarox, radicada en Alicante y dedicada a la medicina hiperbárica, según consta en el perfil que mantiene abierto en la red social Linkedin.

 
"Condiciones inhumanas"
Según la reclamación, efectuada por el Juzgado Federal de Primera Instancia Criminal y Correccional número 3 de Mar de Plata Secretaría 8, Gori era en 1976 el jefe del Departamento de Sanidad de la Fuerza de Submarinos, desde el que habría contribuido a "mantener ilegalmente detenidas en condiciones inhumanas a disidentes y presos políticos".

 
El magistrado español le tomó declaración el pasado septiembre y cursó entonces una comisión rogatoria internacional a Argentina para preguntar a sus autoridades si la reclamación de extradición continúa vigente o los delitos han prescrito.

 
Del mismo modo, solicitó que se detallen los cargos que se sostienen contra él y que se realice una narración detallada de los hechos delictivos que se le imputan. El juez Velasco también quiso conocer si existe en el país argentino alguna norma de perdón, olvido o archivo que permita exonerar a Gori de responsabilidad penal.

Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad

Quince militares acusados en Mardel

Cerca de una quincena de militares que actuaron en diferentes centros clandestinos de detención de Mar del Plata comenzaron a ser juzgados ayer por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra 124 personas. Se trata del tercer debate oral que evaluará hechos comprendidos en lo que se conoce como la megacausa Base Naval de la ciudad balnearia.

Los imputados –once de ellos cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos– deberán responder por haber mantenido secuestrados, haber torturado y, en algunos casos, haber asesinado a más de un centenar de hombres y mujeres en centros clandestinos que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en el cuartel de Prefectura.

En una sala colmada, representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas y de imputados, así como los acusados y los jueces que integran el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris, oyeron la elevación a juicio que imputa por “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita” a catorce ex militares que actuaron en centros clandestinos de detención que controló la Fuerza de Tareas 6, entre ellos la Base Naval de Mar del Plata, la ESIM y la Prefectura, en la jurisdicción de la Subzona Militar 15, que dependía de la agrupación de artillería antiaérea del Ejército AADA 601.

El banco de los acusados lo integran Juan José Lombardo –quien saludó a las cámaras de los fotógrafos sacando la lengua–, Justo Ortiz, Roberto y Luis Pertusio –los cuatro cargan con dos sentencias previas a prisión perpetua–, Alfredo Arrillaga, Raúl Marino, Mario Forbice, Rafael Guiñazú, Juan Mosqueda, José Lodigiani, Ariel Silva y Julio César Fulgencio Falcke –todos con una condena–. Los acompañan José Bujedo, Daniel Robelo, Francisco Rioja y Aldo Máspero, quien no pudo ser juzgado en la denominada causa Base Naval 2 por haber sufrido un accidente cerebrovascular a fines de 2011. Roberto Pertusio y Rioja permanecen en Buenos Aires, así que participarán del debate vía teleconferencia. Ortiz estuvo conectado desde San Luis. Narciso Racedo, imputado también en esta causa, falleció el pasado 26 de abril.

Las imputaciones de la fiscalía, representada en el juicio por Pablo Larriera, María Eugenia Montero y Walter Romero, continuarán hoy y durante las próximas audiencias. Recién la segunda semana de junio comenzarán los testimonios. Fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta fin de año.

Tres represoreds fueron condenados a prisión perpetua por los delitos cometidos en Monte Peloni

“Un aparato organizado de poder que tragó vidas”

En Olavarría, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata dictó penas de prisión perpetua para Ignacio Aníbal Verdura, Walter Grosse y Omar Ferreyra por homicidios, secuestros y torturas. Horacio Leites fue condenado a ocho años de cárcel.

 Por Silvana Melo y Claudia Rafael - Desde Olavarría

Treinta y siete años después, la misma ciudad que en agosto se vio sacudida ante la aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto, y que aún espera la investigación sobre la responsabilidad de Loma Negra en el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, vislumbró una luz de justicia. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata dictó penas de prisión perpetua en tres casos y de ocho años de cárcel en otro a los represores que –desde diferentes roles– manejaron los hilos del poder en la Olavarría durante la dictadura.

La sala estaba atestada. Un par de ventiladores y decenas de abanicos aliviaban escasamente el calor agobiante en el SUM de la Universidad del Centro, mientras los cuatro acusados esperaban la sentencia por su participación en los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el circuito represivo de la zona. Olavarría hervía en su cemento fundante con más de 33 grados al mediodía. Ignacio Aníbal Verdura, Walter “el Vikingo” Grosse, Omar “Pájaro” Ferreyra y Horacio Leites escucharon la determinación de su destino inmediato sin inmutarse. Verdura, con más de 80 años y una salud extremadamente frágil que se hacía visible en su andar inseguro, sabía que cualquier condena para él sería perpetua. Literalmente lo fue. De ese hombre omnipotente, de ese criminal convencido de los servicios ofrendados a la patria, sólo quedaba la mirada. La mirada terrible. El resto es un muestrario de los estragos del tiempo.

Para los sobrevivientes, las casi cuatro décadas en espera de justicia, en un andén donde durante años sólo se detuvo la soledad, también gastaron las piernas, marcaron la piel y ensombrecieron el alma. Algunos no llegaron a ver esa justicia consumada. Pero ayer, cuando los nubarrones de una inminente tormenta de verano hacían un poco más soportable la intemperie, la recuperación de la alegría como militancia fue la sensación mayoritaria. Acaso sintetizada en las palabras de Rosana Cassataro, familiar de cuatro desaparecidos: “Nosotros nunca buscamos venganza. La única venganza es la alegría, la que no nos pudieron arrebatar”.

Apenas pasados unos minutos de las 11, se abrió la audiencia con sólo un testimonio pendiente: las últimas palabras que Omar Antonio Ferreyra aceptó pronunciar. Afectado por un cáncer, dijo que no pediría clemencia porque “clemencia piden los culpables”. Responsabilizó a las superioridades, juró su inocencia y pidió ser devuelto de inmediato “al hospital por mi estado crítico”. Luego del cuarto intermedio de dos horas, Ferreyra volvió: el tribunal había rechazado el pedido.


La voz del juez Roberto Falcone repasaba cada tramo de la sentencia mientras la mirada de Verdura apuntaba hacia el gris de los baldosones de la sala. Walter Grosse y Omar Ferreyra quedaron unidos en el destino de las penas: “Prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, suspendiéndose el goce de toda jubilación, pensión o retiro” como autores de “homicidios agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas de los que resultaron víctimas Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini”, más la privación ilegítima de la libertad agravada en 20 hechos y tormentos en otros 15. Apenas un par de músculos de sus rostros se movieron mínimamente ante un destino esperado.

En el campus, una pantalla gigante transmitía la audiencia para quienes se habían quedado afuera. El clima agobiante era compartido. Los aplausos y algunos abucheos inmediatamente abortados por el juez Falcone se replicaban afuera, donde no había sala para desalojar.

Sin embargo, el residente más estable en los dos ámbitos fue el profundo dolor que sobrevive a los tiempos, que quiebra a los Fernández (Osvaldo, sobreviviente; y Jorge Oscar, asesinado), que sube la presión y la diabetes de Araceli Gutiérrez (víctima y actual casera de Monte Peloni), que atraviesa la vida de Juan Pablo Villeres y su abuela Purita, ambos todavía esperando una noticia de Graciela Follini y Rubén Villeres, devorados por las fauces del Estado terrorista. El mismo que ayer, como definió Carmelo Vinci (víctima y parte de la Comisión por la Memoria), “fue condenado a perpetua”.

A la derecha de la sala, los familiares de los represores se replegaban en su soledad de minoría. Los hijos de Verdura escucharon el veredicto entre lágrimas. El hijo de Walter Grosse eligió la mirada desafiante. Todos salieron en silencio cuando la lectura de las condenas cerró el juicio hasta el 25 de febrero en la sede marplatense del Tribunal, cuando se leerán los fundamentos de la sentencia.

La suerte de Leites fue más benigna: apenas ocho años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tormentos. Su participación podría tener mayores elementos probatorios en el juicio Monte Peloni II, aún en etapa de instrucción penal.

Tras una lectura que se extendió por 26 minutos exactos, el último punto fue la revocatoria del arresto domiciliario de Verdura por los “peligros procesales” y “las amenazas durante el juicio”.

Cada uno de los imputados –advirtió Falcone previo al inicio de la lectura del fallo– hizo aportes a “un sujeto colectivo, que es el aparato organizado de poder, que se tragó vidas, secuestró y torturó. Los delitos cometidos no son delitos de mano propia. No tortura solamente el que ejerce violencia sobre la víctima sino, también, el que lo permite o el que no lo interrumpe, teniendo el deber de hacerlo”.

Para Juan Pablo Villeres, hijo de padres desaparecidos, las sensaciones fueron “contradictorias; uno se resiste a pensar que están muertos”. La sentencia “no calma el dolor”, pero “marca la permanencia de la esperanza”. Araceli Gutiérrez sintió el peso de la muerte definitiva de su hermana Pichuca: “Se condenó por su muerte; ya no están desaparecidos, están muertos; no están porque los mataron”.

A Pura Puente de Villeres, con sus 90 años, “la sentencia me cambia la vida, que haya justicia me cambia la vida, con todo lo que yo he recorrido”, dice con su pañuelo blanco, sus magros 37 kilos y su esperanza de más vida.

A un costado, el fiscal federal Daniel Adler decía que “lo importante es que este juicio repara a toda la comunidad. Una prisión perpetua que se dicta, responde a la necesidad de mucha gente, no sólo de quienes fueron víctimas aquí. Este juicio tuvo un alto valor simbólico”.

Procesan a un ex policía por matar a una joven

Silvia Filler estudiaba arquitectura en Mar del Plata cuando fue asesinada

Héctor Corres integraba la CNU, una organización parapolicial que respondía a la dictadura de Lanusse. El hecho aconteció en 1971.

Silvia Filler - Murió durante una asamblea.

El ex policía y miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Héctor Oscar Corres, fue procesado por la justicia federal de Mar del Plata por el asesinato –en 1971– de la estudiante de arquitectura, Silvia Filler.
Corres quedó procesado por considerarlo integrante de una asociación ilícita que conformó la CNU, organización parapolicial de ultraderecha que llevó adelante una campaña de persecución y eliminación de quienes consideró sus enemigos, durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina.

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal 3, dictó el procesamiento sin prisión preventiva al considerar que el imputado demostró "sujeción al proceso" por haberse presentado siempre que fue citado por la justicia e informando sus salidas del país. Sí trabó un embargo de 100 mil pesos "con el fin de garantizar las responsabilidades patrimoniales emergentes del delito y las costas del proceso", y se le prohibió salir del país.

Corres es un ex oficial administrativo de la Bonaerense y, como otros miembros de la CNU, había egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Mar del Plata.
Su caso se enmarca en la causa por los delitos cometidos por la CNU . En ese expediente ya fueron elevados a juicio oral once acusados, encabezado por el ex fiscal Gustavo Demarchi, por ocho asesinatos y el debate comenzará el año próximo.

Corres está acusado por el primer asesinato de la CNU, ocurrido el 6 de diciembre de 1971, durante el regimen de Agustín Lanusse. La organización realizó un violento ataque contra una asamblea estudiantil que se realizaba en la Facultad de Arquitectura de la UCA Mar del Plata, en el que Filler fue asesinada de un disparo en la cabeza.

Junto a otros miembros de la organización parapolicial, el acusado fue condenado por el hecho, señalado como autor del disparo que dio muerte a la joven estudiante. Sin embargo quedaron en libertad por la amnistía decretada por el presidente Héctor Cámpora en mayo de 1973. 

Una “carta abierta” que revela vínculos de la CNU con la policía y la Justicia

El documento recuperado luego de más de 40 años. / 

Silvia Filler, asesinada el 6 de diciembre de 1971 por la CNU.  

Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal investigacioncnu@gmail.com

Se trata de un documento de principios de 1972, donde el grupo propone una versión del asesinato de Silvia Filler y utiliza información policial y judicial para intimidar y “marcar” a los testigos del crimen.

Una “carta abierta” de la Concentración Nacional Universitaria dirigida “a los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista” confirma que ya en 1971 y 1972 la CNU marplatense tenía fuertes vínculos con un sector de la Justicia Federal de esa ciudad y con la Policía Bonaerense. Se trata de un documento prácticamente desconocido, con una portada y dos páginas de texto, producido en Mar del Plata e impreso por la CNU de Rosario (se distribuyeron folletos similares en la ciudad atlántica y en La Plata), uno de cuyos ejemplares en papel –recuperado por el archivo digital El Topo Blindado– fue facilitado a los autores de la investigación de Miradas al Sur sobre el accionar de ese grupo parapolicial de la ultraderecha peronista.
El documento –confeccionado en stencil y reproducido en mimeógrafo, como casi todos los de la época– data de los primeros meses de 1972, poco tiempo después de que una patota de la CNU marplatense interrumpiera a los tiros una asamblea en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata y asesinara a la estudiante Silvia Filler, el 6 de diciembre de 1971.
El texto apunta a dos objetivos: por una parte, “despegar” a la CNU del crimen adjudicándoselo a “grupos armados de bolches de la Facultad de Humanidades” y, por la otra, a “marcar” públicamente e intimidar a 17 testigos del asesinato que ya habían declarado en sede judicial. Los testigos no sólo están identificados por sus nombres sino que el documento hace públicos los domicilios de cada uno de ellos, dato que la CNU sólo pudo obtener del propio juzgado de instrucción.

EL ASESINATO DE SILVIA FILLER. Como fue probado en su momento por la Justicia, Silvia Filler fue asesinada por un grupo comando de la Concentración Nacional Universitaria que irrumpió disparando armas de fuego en una asamblea que se estaba realizando en el aula magna la Facultad de Arquitectura de la entonces Universidad Provincial de Mar del Plata. La patota de la CNU estaba integrada por alrededor de veinte personas, de las cuales por lo menos dos realizaron disparos al bulto contra los estudiantes allí reunidos.

Una de las balas, calibre 38, impactó en la frente de Filler, que murió poco después en la Clínica Central de esa ciudad. Otros cuatro estudiantes resultaron también heridos de bala: José Fiscaletti, Marcos Chueque –luego desaparecido durante la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976–, Oscar Alberto Ibarra y Nestor Adolfo Vila. Múltiples testimonios recogidos por la Justicia aseguran que frente a la Facultad –ubicada por entonces en el edificio de Alberdi 2621, actualmente sede del rectorado– estaba apostado un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que permitió que se desarrollara el ataque sin intervenir.
Los hechos fueron investigados por el juez Adolfo H. Martijena. En el juicio fueron condenados 17 integrantes de la CNU, que fueron encontrados responsables del delito de “homicidio en riña”: Oscar Héctor Corres –autor del disparo mortal–, Raúl Arturo Viglizzo, Marcelo Arenaza, Ricardo Alberto Cagliolo, José Luis Piatti, Alberto José Dalmaso, Raúl Rogelio Moleón, Eduardo Salvador Ullúa, Luis Horacio Raya, Eduardo Aníbal Raya, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Roberto Cuadrado, Ricardo Scheggia, Carlos Eduardo Zapatero, Martha Silvia Bellini y Beatriz María Arenaza. Todos ellos salieron en libertad el 25 de mayo de 1973, beneficiados por la amnistía dictada por el gobierno de Héctor J. Cámpora.

LA VERSIÓN DE LOS FACHOS. La “carta abierta” de la CNU fue publicada mientras la Justicia estaba investigando el asesinato de Filler y mostraba una clara intención de influir sobre la instrucción y el desarrollo del juicio posterior.
En el inicio mismo del documento, la CNU reproduce la versión que luego terminaría siendo probada en parte por la Justicia y que denunciaba sus vinculaciones con sectores del poder y del aparato sindical. Decía: “Toda la propaganda de los sectores antinacionales se centró en describir el hecho (el asesinato de Silvia Filler) como ‘un ataque a mansalva contra una pacífica asamblea de estudiantes indefensos por parte de un grupo de choque organizado y mantenido por militares y dirigentes sindicales corrompidos’”.
A partir de ahí, bajo el subtítulo “Los hechos”, el libelo de la CNU desarrolla la historia que busca instalar en la opinión pública: “A partir de una continua agresión de grupos izquierdistas de la Facultad de Arquitectura (Partido Comunista Revolucionario, Partido Revolucionario de los Trabajadores, FUA, Tarea, etc.) un sector de estudiantes nacionalistas aglutinados en el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo (CEAU) se acercó a la CNU a efecto de obtener asesoramiento sobre los problemas universitarios y material de propaganda de corte nacional para enfrentar a los activistas ‘bolches’ y su prédica disolvente. Esta actitud del CEAU y algunos enfrentamientos menores, motivaron que los bolches convocaran a una ‘asamblea’ en la que un ‘tribunal revolucionario’ juzgaría la actitud de ese grupo que trataba de frustrar la tarea de la trenza izquierdista de profesores y alumnos que controla la Facultad con la complacencia de las autoridades universitarias”, dice.

Una lectura atenta de esta parte del documento pone en evidencia lo que la CNU trata de ocultar: que la patota era externa a la Facultad y que su irrupción en la asamblea de 6 de diciembre de 1971 fue previamente planificada. “El día de la ‘asamblea’ –sigue el texto– algunos militantes de CNU y otros jóvenes peronistas decidieron evitar que el grupo nacionalista que sería juzgado por los bolches fuera agredido por éstos y resolvieron hacerse presentes en la asamblea a fin de prestar apoyo moral al CEAU e impedir que se consume la agresión y posterior expulsión de la Facultad por la fuerza que pretendían imponerles los bolches”. Y continúa: “A la asamblea concurrieron también grupos armados (bolches) de la Facultad de Humanidades para apoyar las pretensiones de sus camaradas maoístas”.

Hablando en buen cristiano: según los fachos, la CNU concurrió desarmada a la asamblea, simplemente para dar “apoyo moral”; en cambio, lo que estaban armados eran los “bolches”.
A partir de ahí, la “carta abierta” arma una historieta fantástica sobre lo ocurrido: “Apenas iniciada la asamblea comenzaron los insultos y agresiones verbales contra los compañeros del CEAU al punto que se generalizó una pelea a golpes de puño y cachiporras entre ambos bandos, lo que motivó que los jóvenes peronistas irrumpieran en apoyo de sus compañeros en razón de su inferioridad numérica. Al ingresar éstos al hall contiguo al aula magna, en que se desarrollaban los incidentes, fueron recibidos con un disparo de arma de fuego que efectuara Marcos CHUEKE (n. de los autores: por Marcos Chueque) (militante del Partido Socialista de Izquierda Nacional, domiciliado en Las Heras 2310); ese disparo fue a herir –por error o no– a otro militante izquierdista: Néstor A. Villa, 25 años, domiciliado en 14 de julio 2446, en la cabeza. Esta agresión motivó que los peronistas hicieran uso que las armas que llevaban en prevención de ella (sic). También en el aula magna hicieron disparos de calibre 38, desde el sector bolche, contra la militante del CEAU Silvia Martín, sin que dieran en el blanco pero motivando la muerte de Silvia Filler, que fuera adjudicada a los grupos peronistas. Estos sólo se limitaron a disparar contra las paredes tratando de intimar a los bolches, y contra Marcos CHUEKE, que fue herido en las piernas, pues portaba una pistola calibre 22, que inmediatamente de ser herido fue ocultada por una estudiante de Humanidades llamada Zulma OPEN, para evitar reconocer el enfrentamiento y simular un ataque a mansalva”, dice el documento.

CONTRADICCIONES E INTENCIONES. En el relato que pretende instalar la CNU sobran contradicciones y tela para cortar. Primero: sostiene que concurrió pacíficamente, a brindar apoyo moral, pero resulta que la patota estaba armada. Segundo: asegura que los disparos se iniciaron desde el “sector bolche”, pero resulta que a “los bolches” no se les encontró ningún arma. Tercero: dice que Chueque estaba armado, pero el arma de Chueque nunca apareció. Cuarto: sostiene que el disparo, de calibre 38, que mató a Filler fue disparado por “los bolches” contra una militante del CEAU y no contra Filler, aunque la investigación judicial ya había probado que el revólver 38 del que había partido el disparo mortal pertenecía al policía y miembro de la CNU Oscar Héctor Corres (a quien, llamativamente, el documento no nombra ni identifica como miembro del grupo de choque). Quinto: es notorio que en el documento sólo algunos apellidos están escritos con mayúsculas; son los que pertenecen a los “bolches”, de quienes también se brindan los domicilios, reproducidos como si estuvieran copiados literalmente de una declaración policial o de un informe judicial. En otras palabras: los están marcando con datos brindados por la Justicial y/o la Bonaerense.

Por último, siempre bajo el subtítulo “Los Hechos”, la CNU intenta justificar por qué la Justicia no encontró ningún arma entre “los bolches” que supuestamente habían disparado primero. “Al retirarse los grupos nacionalistas y peronistas –dice la “carta abierta”–, los bolches, al tiempo que atendían a los heridos, se ocuparon de recoger las cápsulas servidas por el arma de Chueke y exhortar a sus militantes sobre lo que debían declarar a la prensa y a la policía. Es necesario aclarar que el grueso de los participantes de la mencionada asamblea se habían retirado cuando comenzaron los incidentes y sólo recogieron las versiones de los bolches que ya se proclamaban víctimas de una agresión ‘fascista’”.
Más claro, imposible: la CNU es víctima de una conspiración bolchevique. Los testigos que señalan a sus integrantes como autores de la agresión armada y de la muerte de Silvia Filler han sido instruidos (exhortados) para que declararan de esa manera. Y los que no han sido instruidos hablan por boca de ganso. La única verdad es la realidad de la CNU.

COMPLICIDAD PARA “MARCAR”. En la segunda página del documento, la CNU se ocupa de identificar a los testigos con nombre, apellido y domicilio. Aquí los objetivos son dos y quedan claramente explicados en el texto.
Primero intenta desacreditarlos: “Luego de la detención de algunos militantes de CNU y otros jóvenes peronistas independientes, comenzaron a desfilar por el Juzgado que tiene a su cargo el proceso penal y alentados por un grupo de abogados bolches, los ‘testigos’ que posibilitan el actual encarcelamiento de nuestros compañeros”, dice la “carta abierta”.

Y, luego, directamente los “marca” para intimidarlos e, incluso, para propiciar acciones contra ellos. El texto no lo oculta: “Las falsedades y contradicciones en que incurren la mayoría de esos ‘testigos’ son por demás evidentes y para conocimiento de los militantes y afiliados del Movimiento Nacional Justicialista, a quienes va destinado este folleto, transcribimos la siguiente lista de los principales testigos falsos”.
El párrafo es revelador: por un lado “marca” a los testigos para conocimiento de “los militantes y afiliados del Movimiento Nacional Justicialista”. Es decir: muchachos, acá están, estos son… hagan con ellos lo que crean necesario. Por el otro, utiliza un verbo que no deja dudas de que la lista les fue brindada desde el Juzgado o desde la instrucción policial: “Transcribimos la siguiente lista”, dice. A confesión de parte, relevo de pruebas.
A continuación viene la lista, que en realidad son dos.

Una es de testigos directos, numerados del uno al doce, a saber: Hugo Roberto TORRADO; Loris Juan LAGO; Luis María RAFALDI; Jesús BLANCO; Pablo José MANCINI; Nélida Lilia GRANT; José Luis CASTORINA; Martha Isabel GUEVARA; Rodolfo Oscar ORSCHITZ; Héctor O. PERUZZOTTI; Carlos Alberto PAEYCHAUX; Arquitecto Nelson QUARATI. En todos los casos la CNU incluye la edad y el domicilio de los nombrados, también transcriptos de la lista que les han brindado.
La segunda lista es de “individuos que no estuvieron presentes en la asamblea”, que se presentaron para avalar “la peligrosidad del grupo” (es decir, de la CNU). Numerados del uno al cinco, son (y aquí los autores de la Carta utilizan deliberadamente mayúsculas no sólo para los apellidos sino también para los nombres, como para “marcarlos” aún más): JORGE JACINTO GAUNA, HUGO ALBERTO RAGO, ROBERTO ENRIQUE MONTECCHIA, JOSÉ LUIS ALGARTE, PEDRO ALBERTO ÁLVAREZ. Todos con edad y domicilio, también “transcriptos”.
Reproducir hoy, a 42 años de ocurridos los hechos, estos nombres no marca otra cosa que la valentía de esos testigos, digna de ser rescatada.
Es fácil descubrir el origen de las listas transcriptas en el folleto de la CNU. El texto de la “carta abierta” confirma lo que ya había sido revelado por los autores de la investigación de Miradas al Sur el 17 de febrero del año pasado, en el artículo titulado “Los informes secretos de la Bonaerense sobre la CNU”.
Allí se decía que entre los asesinos de Silvia Filler había dos policías bonaerenses que integraban la CNU: el oficial subayudante Héctor Oscar Corres (autor del disparo mortal) y el agente Juan Carlos Gómez.
Pero no era sólo la presencia de dos policías bonaerenses en el grupo de tareas lo que ponía al descubierto la vinculación de la CNU con esa fuerza de seguridad, sino la utilización que la Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) le dio a la información que Corres brindó durante su declaración ante sus colegas policías el 8 de diciembre de 1971.
En lugar de dar detalles sobre el crimen –un aspecto que no parece interesar al interrogador–, Corres hace una minuciosa radiografía de las organizaciones de la izquierda marxista y peronista que actúan en la Facultad e identifica a sus principales referentes. Esa descripción será incorporada casi como un parte de inteligencia elaborado por el propio Corres a los informes de inteligencia de la Mesa A, Factor Estudiantil, de la Dippba marplatense.

En el informe de inteligencia del 13 de diciembre de 1971, firmado por el comisario Jorge Hermondari e incorporado al Legajo N° 44 de la Dippba, el autor expresa claramente qué se hizo con la información elaborada por Corres: “Asimismo cabe agregar que el suscrito requirió al Delegado del SIPBA los antecedentes que pudieran registrar las personas, grupos y entidades mencionadas por CORRES, como así también una evaluación de lo expresado por el mismo, informando al Jefe lo siguiente: los nombres de alumnos y profesores mencionados por el imputado CORRES, dentro de la línea izquierdista, que actúan en las distintas Facultades locales, en su mayoría coinciden con los antecedentes obrantes en la Delegación y, particularmente, en el caso de los primeros, la nómina de activistas es mucho más amplia. Sobre las organizaciones mencionadas y sus integrantes, siempre de orientación izquierdista, la información resulta útil porque permite ubicar con mayor precisión a cada uno de los elementos en los grupos que actúan”.

En otras palabras, el objetivo de la Bonaerense no era el esclarecimiento del asesinato de Silvia Filler sino la identificación de militantes de izquierda. Para la policía Corres no era un imputado de asesinato sino un agente de inteligencia de suma utilidad.

La lectura atenta del texto de la “carta” no hace más que confirmar las vinculaciones de la CNU con la Bonaerense y sectores de la Justicia marplatense, aún en tiempos de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Para unos y otros, los “bolches” constituían un enemigo común.

Detuvieron a un represor que actuó en la Base Naval de Mar del Plata

Detuvieron ayer al capitán de navío (R) Teodoro Rosauro Sabbino, quien fue director de la Escuela Antisubmarina de la Base Naval Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar. Fue en el marco de la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en esa dependencia de la Armada.

La detención fue dispuesta por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata. Y el presunto represor fue encontrado en su domicilio particular, de donde la justicia secuestró, además, fotografías, recortes periodísticos de los años de plomo 1976 a 1983 y una credencial a nombre de Sabbino, emitida por el gobierno de Estados Unidos.

Sabbino, que fue trasladado a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Mar del Plata, es uno de los 19 marinos que están imputados en causas de lesa humanidad –también están implicados dos ex policías–, por crímenes cometidos en el ámbito de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval marplatense y en otros establecimientos que la Armada tiene en esa ciudad balnearia.

"El accionar de la fuerza se ha probado no sólo por las disposiciones normativas vigentes a la época sino por su efectivo funcionamiento como dan cuenta numerosas evidencias incorporadas a la investigación",  sostuvo el fiscal Pablo Larriera en los pedidos de detención que presentó, tiempo atrás, ante Inchausti. En la causa está imputada, además, la ex jueza federal Ana María Teodori, sospechada de haber tomado declaración indagatoria a dos desaparecidos en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina en el marco de la ley "antiterrorista" de la dictadura. «  Por:  Tiempo Argentino

Causa BASE NAVAL 2

La audiencia de hoy, que tenia que empezar a las 10hs, se retraso por la una descompensaciòn que sufrio la def of. N. Castro, se retoma a las 12:10 con la dra Benavidez, que se encargo de las replicas que habian solicitado.

Luego pasaron a decir sus ultima palabras los imputados Falcke, Racedo, el Prefecto Silva.
Mañana jueves el tribunal se traslada al domicilio del Marino LODIGIANI, p escuchar sus ultimas palabras.

VIERNES 15 - 10hs, daràn sus ULTIMA PALABRAS el resto de los IMPUTADOS. NO ESTA EL HORARIO DEL VEREDICTO, pero seria el mismo dìa!!!

TODOS AL TRIBUNAL A LA ESPERA DEL VEREDCITO!!!!

--OJO, A LAS 11hs està prevista la señalizaciòn del CCD el faro (ESIM)
-cada uno sabrà en que lugar estar-

CNU: la justicia española liberó a Arenaza y Ullúa

Arenaza y Ullúa fueron liberados por la Justicia española.

La justicia española liberó de forma provisional a dos argentinos capturados en España hace 20 días para ser extraditados a la Argentina, en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió liberar a Beatriz María Arenaza Corres y Daniel Alejandro Ullúa a pedido de la Fiscalía, que se opuso a su extradición alegando que los argentinos “no están acusados de lesa humanidad sino de organización criminal” y por hechos “cometidos en los años 70”.

Asimismo, la Fiscalía argumentó que ambos están arraigados en España, por lo que no necesario su permanencia en prisión para evitar el riesgo de fuga, explicó una fuente de la Audiencia Nacional.

No obstante, el magistrado ordenó que Arenaza y Ullúa comparezcan cada 15 días en la comisaría más cercana a sus domicilios, en La Coruña, Galicia, y Palma de Mallorca, Islas Baleares, respectivamente.

La justicia argentina tiene un plazo de 40 días para formalizar el pedido de extradición ante la Audiencia Nacional.

El juez federal Santiago Ichausti, que dictó la orden de captura en el marco de la causa 13.793, acusó a los dos argentinos de “asociación ilícita y homicidio” contra 18 víctimas.

Si el magistrado mantiene esta acusación en vez de lesa humanidad, la extradición difícilmente prosperará porque cuenta con la oposición de la Fiscalía del tribunal, según las fuentes consultadas.

Los dos argentinos eran miembros de la CNU de Mar del Plata, agrupación de ultraderecha que actuaba bajo la órbita de la Triple A y responsable de medio centenar de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975, antes del último golpe de Estado cívico-militar.

Arenaza ya fue condenada a principios de los `70 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler, pero quedó en libertad en 1973 al beneficiarse de la ley de amnistía aprobada durante el gobierno del presidente Héctor Cámpora.

La mujer, de 60 años, que durante casi 40 años vivió tranquila en España y se ganó la vida en la actividad comercial, niega las acusaciones en su contra y asegura que son fruto de las “mentiras” de aquellos años.

Por su parte, Ullúa, quien vivía con una mujer, negó los delitos que se le imputan, y argumentó que en aquellos años convulsivos él era menor de edad.

De los 18 imputados en la causa de la CNU, todavía se encuentran prófugos Fernando Delgado, Eduardo Salvador Ullúa -hermano del que fue detenido en España y Raúl Viglizzo.

Entre los detenidos se encuentra en el Penal de Marcos Paz el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, arrestado por Interpol en Bogotá, Colombia, y extraditado en septiembre pasado a nuestro país, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010.

Demarchi está acusado del asesinato de un grupo de militantes de la Juventud Universitaria Peronista en la ciudad de Mar del Plata.

Tras escuchar durante ocho años los testimonios en el Juicio por la Verdad, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata concluyó en 2008 que los crímenes de la CNU fueron cometidos con “la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”.

El juez Pedro Hooft, a indagatoria

El juez Pedro Federico Hooft, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, deberá prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata, según informaron ayer fuentes judiciales. 

El juzgado citó a Hooft a declarar el próximo 13 de marzo, a las 10. El fiscal general Jorge Auat presentó en diciembre último un escrito ante el juez federal Martín Bava para que ordene la “inmediata” indagatoria del imputado. 

La causa se inició en marzo de 2006, con una denuncia impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a Hooft, por su participación en el secuestro de los abogados caídos durante la llamada Noche de las Corbatas. 

La secretaría entendió que Hooft “contribuyó intencionalmente con el terrorismo de Estado, permitiendo que se pudiesen cometer delitos de lesa humanidad” y exigió su indagatoria, procesamiento y detención como presunto responsable por acción u omisión de los delitos de “tormentos seguidos de muerte, tormentos cometidos en forma reiterada, violación reiterada” y como autor “del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba”. Luego se sumaron a la denuncia la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Comisión Provincial por la Memoria.


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Identificaron a un matrimonio asesinado en 1978 en Luna Roja.

Se trata de un veterinario y de su esposa, una docente de nacionalidad española. Habían sido secuestrados tres meses antes por un grupo de tareas. Se cree que estuvieron cautivos en la Base Naval hasta la madrugada en que los mataron junto a otras personas.

El 2 de agosto de 1978 al menos cuatro personas murieron al producirse una explosión cerca del balneario Luna Roja, a la vera de la Ruta 11, entre el Faro y Chapadmalal. La información recogida y difundida por la prensa indicó en aquel entonces que se trataba de “extremistas” que murieron accidentalmente mientras manipulaban explosivos en una parrilla abandonada.
A 34 años del hecho, el Equipo Argentino de Antropología Forense acaba de identificar a dos de las víctimas, cuyos restos estaban enterrados como “NN” en el Cementerio Parque de esta ciudad. Se trata del veterinario y profesor universitario Ricardo Alberto Téllez (34) y de su esposa, la ciudadana española Antonia Margarita Fernández (34), profesora de educación física.

El matrimonio había sido secuestrado por un "grupo de tareas" a principios de mayo de ese año y sufrió casi tres meses de cautiverio, posiblemente en la Base Naval, antes de ser asesinado por su captores mediante la utilización de explosivos.

Otra de las víctimas de Luna Roja había sido identificada el 13 de mayo de 2011 como  Lilia Mabel Venegas (32). Se trataba de una veterinaria que trabajaba con Tellez y cuyo marido, Carlos Alberto Miguel -veterinario y militante de la izquierda peronista- había sido asesinado en 1974 por la Triple A en La Plata.

Piden prisión perpetua para siete represores de Mar del Plata

El horror de la Base Naval

Por delitos de lesa humanidad, la fiscalía solicitó la máxima pena para Alfredo Arrillaga, Juan Lombardo, Raúl Marino, Roberto Pertusio, Rafael Guiñazú, José Lodigiani y Mario Forbice. Para otros cinco imputados pidió 25 años de prisión.

La fiscalía federal de Mar del Plata solicitó prisión perpetua para siete acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval II de esa ciudad, 25 años de cárcel para otros cinco imputados y penas menores al resto de los imputados en lo que fue el último de los alegatos de las partes acusatorias en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron la prisión perpetua para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice por los delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra 69 víctimas durante la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de la Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad. Los pedidos coincidieron con los de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las tres querellantes en la causa y que emitieron sus alegatos durante la semana.

Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez fueron las responsables de realizar parte de los alegatos de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que compartieron con César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II.

Las cuatro partes acusatorias también solicitaron penas de 25 años de cárcel a Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar Falcke y Angel Narciso Racedo. La diferencia radicó en lo pedido para el ex marino Juan Carlos Guyot, para quien la fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron cuatro años de encierro, en tanto que la APDH exigió seis y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió que le apliquen 15 años de cárcel.

En esta causa además estaba involucrado Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud, mientras que durante la instrucción fallecieron los imputados Juan Carlos Malugani y Pedro Barda. El tribunal –integrado por Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo– dispuso que el debate continúe el próximo 14 de noviembre, cuando comienzan los alegatos de los defensores.

De los 69 casos que se investigaron en el juicio, la mitad son mujeres y la mayoría sufrió abusos sexuales. Las partes acusatorias lo calificaron como un juicio de “documentación”, ya que fue un proceso que se fue armando a partir de archivos rescatados de la “burocracia”. A partir de los datos surgidos podrían identificarse cien nuevos represores.

Se trata del segundo juicio que se lleva a cabo por crímenes imprescriptibles cometidos durante la última dictadura en ciudades balnearias. El primero, que obtuvo sentencia hace poco menos de un mes por los hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata y Necochea conocidos como La Cueva, obtuvieron condenas que los organismos de derechos humanos calificaron de “reprochables”.

El ex fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la banda criminal

El exfiscal fue procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de seis homicidios calificados y un secuestro en el marco de crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 y 1976

El juez Santiago Incahusti, que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) cometidos durante 1975 y 1976, procesó este miércoles a Gustavo Demarchi por considerarlo jefe de una asociación ilícita e instigador de seis asesinatos y el secuestro de María Del carmen Maggi. Además le trabó un embargo por 2 millones de pesos.

Inchausti utilizó hasta el último día de plazo que le otorga el procedimiento para llegar a una decisión. Luego de 10 días, ayer les notificó a las partes de la causa 13.793 que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que dictó el procesamiento con prisión preventiva para el ex fiscal Gustavo Demarchi.

La resolución reza: “por considerarlo jefe u organizador del delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con el delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg y María del Carmen Maggi -decana de la Facultad de Humanidades secuestrada y asesinada el 9 de mayo de 1975- en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia respecto de esta última víctima, en calidad de instigador”.

Demarchi, quien se encuentra alojado en el pabellón de delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, recibió la noticia por notificación. Por la distancia, el juez no lo convocó al juzgado.

A lo largo de las 92 páginas de la resolución, el juez Inchausti determinó que Demarchi no sólo integraba la CNU sino que era uno de sus lideres o referentes. Además fue responsable del nombramiento de la mano de obra contratada para los hechos violentos y como fiscal se expidió solicitando el sobreseimiento o archivo de las causas en que aparecía involucrado un miembro del grupo. Por último, el juez consideró que fue Demarchi quien cumplió la función de “instigador o determinador mientras que los otros integrantes de la organización (Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, Piero Asaro, Raúl Viglizzo, Raúl Molleón, y los fallecidos José Luis Piatti y Carlos González”, inducidos por un mandato ejecutaron las ordenes.

Por otro lado, el juez consideró que, en base a las constancias recolectadas en la causa, también hay elementos como para que el imputado sea indagado por el crimen de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani ocurrido el 25 de abril de 1975. Ambos fueron hallados sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo. El cuerpo del primero estaba calcinado dentro de un auto. A pocos metros estaba el segundo que presentaba innumerables impactos de balas.

Demarchi llegó al país el viernes 21 de septiembre proveniente de Colombia, donde intentó refugiarse cuando huyó de la Argentina en noviembre de 2010. Al país cafetero ingresó como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió protección al gobierno de Juan Manuel Santos, quien finalmente le negó el asilo y así aceleró el proceso de extradición.

Demarchi fue asesor legal de la CGT, coordinador docente de la Universidad provincial en la década del '70 y candidato a intendente de General Pueyrredon por el peronismo en las elecciones de 1983. A partir de 1974 fue el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata. Ejerció el cargo hasta el '76. Uno de sus oficiales de Justicia- Eduardo Salvador Ullúa- también integró la CNU y es uno de los acusados en esta causa.

La captura de Demarchi fue producto de una denuncia formulada en junio de 2008 por los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de recibir durante años testimonios en el Juicio por la Verdad.

La causa judicial por los crímenes de la CNU aún cuenta con cuatro prófugos. Se trata de Eduardo Salvador Ullúa -ex ayudante fiscal de Demarchi en la fiscalía federal-, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero -quien cumplió condena por el crimen del diputado Ramón Rojas, ocurrido en San Juan en noviembre del 1975-, y Raúl Viglizzo, quien antes de darse a la fuga vivía en Buenos Aires y era docente universitario. Por todos ellos, el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

El 5x1

Pasadas las dos de la tarde del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni, uno de los líderes de la CNU, muere en la clínica Modelo. Horas antes cuando se dirigía a su casa fue interceptado en la calle Formosa entre Olavarría y Güemes por un Peugeot 504. Una ráfaga de ametralladora lo dejó muy mal herido y no hubo forma de salvarle la vida.

Las primeras noticias hablaron de un ataque por parte de Montoneros pero también se rumoreó una interna entre miembros de la UOM, que tenían muy buena relación con militantes de la CNU.

La madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio de Piantoni un grupo armado conformado por personas de entre 24 y 30 años irrumpió en la vivienda de la calle España 856. La venganza por la muerte del líder de la CNU había comenzado. Se identificaron como policías e hicieron bajar a todos los moradores de la casa.

Enrique “Pacho” Elizagaray era el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Mar del Plata. Cuando el grupo armado irrumpió, Elizagaray pretendió huir por los techos. Algunas de las personas salieron a la terraza y dispararon sus armas automáticas. “Pacho” murió de forma instantánea.

Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Los cuerpos de los Videla fueron hallados en el paraje Montemar.Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo 27 y su padre Jorge Enrique 33.Elizagaray, que quedó muerto en la casa de la calle España, presentaba 23 balazos.

Los jóvenes de saco y corbata que llegaron hasta la casa de la familia Videla habían salido del velatorio de Piantoni: Eduardo Ullúa, Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo y Raúl Moleon. Según la resolución de Inchausti, la viudad de Piantoni le habría pedido a Demarchi la “cabeza de todos los responsables” y la orden del imputado a los integrantes de la CNU habría sido “arrasar contra todo militante”.

El cirujano Bernardo Goldemberg fue otra de las víctimas de la venganza por la muerte de Piantoni. La misma madrugada del 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armados con ametralladoras lo secuestró en su casa de la calle Falucho 3634 en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.

Redacción El Atlántico

“Sometidos a simulacros de fusilamiento”

La Fiscalía empezó su alegato contra trece represores de la Base Naval de Mar del Plata.

En base al testimonio de los propios acusados se fue rearmando el cuadro operativo de los integrantes del grupo de tareas en el que predominaban los oficiales de la Marina. Los legajos aportados por Defensa permitieron completar el cuadro.

 Por Alejandra Dandan

“En la Base Naval de Mar del Plata había una playa privada con carpas de lona donde fueron alojadas varias víctimas. Las carpas viejas tenían un asiento de madera y una especie de vestuario interior sin cortina. Los cautivos eran puestos en la arena fría, expuestos a los cambios del clima, atados sin poder moverse. Los que pasaron por ahí recordaron durante el juicio que estuvieron atados en invierno, a veces una semana, con poca ropa, golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Así lo dijeron José Angel Nicolo, Ricardo Alfredo Valente, Guillermo Eduardo Cángaro y Miguel Angel Erreguerena.”

Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly describieron en la primera jornada de alegatos la participación de los trece acusados por la represión ilegal. Las pruebas que se elaboraron durante el juicio a partir de la voz de los testimonios, contaron además con lo que los fiscales definen como “un impresionante” acervo documental basado especialmente en dos grandes archivos: el de la Prefectura de Bahía Blanca y los legajos aportados por el Ministerio de Defensa. Con ese material rearmaron después de 36 años, de modo milimétrico, la arquitectura de los grupos operativos y exactamente qué hizo cada quien. De los legajos extrajeron además alrededor de cien nombres que fueron leyendo ayer, producto de la evaluación que los acusados hicieron a sus subordinados. A partir de esos nombres los fiscales pedirán al tribunal el impulso de una nueva investigación.

“Llegado el momento de esta discusión final estamos en condiciones de efectuar una acusación constitucionalmente válida por entender que se ha reunido un cuadro probatorio suficiente contra quienes pusieron en crisis el principio de inocencia contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución”, dijo Soiza Reilly.

La primera de las cuatro jornadas previstas para los alegatos de la fiscalía avanzó en dos aspectos. Una pequeña presentación del perfil de las víctimas, sobre todo de las mujeres que constituyeron la mitad de las 70 víctimas del juicio y de sus hijos. Y, por otro lado, el nombre de cada imputado desde el punto de vista de quién fue quién, dónde estuvo y cuáles son los cargos.

“Constancias documentales acreditaron que un grupo de víctimas murió en condiciones de indefensión y fueron cruelmente ejecutadas”, dijo la fiscalía. “Fuimos testigos, con el correr de las audiencias, del trato dispensado a mujeres y niños. Probaremos que los aquí juzgados ordenaron y dirigieron a sus subordinados para que dentro de los lugares de cautiverio las víctimas supieran que con ellas nadie haría excepciones. Las mujeres fueron maltratadas, abusadas, violadas y sometidas a vejámenes. Tanto las que salieron con vida como las desaparecidas o asesinadas que estaban embarazadas.” Los niños tampoco tuvieron un trato diferente: los encapucharon e interrogaron en los domicilios, como Damián Mogilmner, Sebastián Kraiselburg, Liliana Elizabeth Ortiz. A otros los abandonaron en lugares públicos, como a Anita Ríos y Victoria Bon. Otros fueron secuestrados con sus madres, como Santiago Kraiselburg. Hubo apropiaciones como la de Ilario Federico Cagnola y Evelin Bauer. Otros nacieron en cautiverio y los reintegraron a las familias, imponiéndoles el miedo de no hablar, como Sebastián Rosenfeld. “Mujeres, niños y jóvenes, todos sin excepción padecieron y perecieron en este circuito represivo, pergeñado e ideado por los aquí acusados para dar cumplimiento al plan de aniquilamiento instaurado.”

La mayor parte de los acusados son de la Marina y pertenecieron a la Fuerza de Tareas 6 (Fuertar 6). Como también un acusado es del Ejército, los fiscales intentaron demostrar la vinculación entre las dos fuerzas: “En estos sucesos, personal dependiente del Ejército tuvo responsabilidad en los hechos y los miembros de la Fuertar 6 actuaron de manera coordinada en los secuestros, para luego facilitar los espacios clandestinos donde las víctimas fueron mantenidas en cautiverio”, dijeron.

En la segunda parte de la jornada describieron a los represores. Entre los acusados hay dos comandantes de la Fuertar: Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino. Y hay quienes fueron parte del Estado Mayor: Roberto Luis Pertusio, Justo Alberto Ignacio Ortiz y Rafael Alberto Guiñazú, entre otros. La lectura de la información de los legajos le permitió a la fiscalía una de la tareas más complicadas: recuperar ahora sin las condiciones de clandestinidad los lugares por los que estuvo cada uno. La evaluación de sus jefes confirmó las actuaciones. Y la evaluación que a su vez ellos les hicieron a otros subordinados permitió localizar a quienes intervinieron en los grupos de tareas. Ese es uno de los logros del juicio.

Uno de los casos más representativos de los que se escuchó fue el de Pertusio, hasta hace poco reciclado como asesor del jefe de la Armada. De su legajo surgió buena parte de su carrera. En marzo de 1976 aparece como intendente de General Alvarado; enseguida pasa a jefe del Departamento de Personal de la Fuerza de Submarinos (FASE) y hasta enero de 1977 es director de la Escuela de Submarinos. En enero lo ascendieron a jefe del Estado Mayor y de Operaciones de FASE, un período en el que “absorbe dos puestos de máxima responsabilidad”, dijeron. “Todo el Estado Mayor dependía de él. Era el colaborador inmediato del comandante. Dirigía y coordinaba las actividades del aquél, transmitía las resoluciones y decisiones del comandante y fue responsable de la preparación y emisión de directivas y órdenes para la fuerza.”

El comandante de la FASE, Juan José Lombardo, lo reconoció en su legajo como un “sobresaliente colaborador. Siempre bien dispuesto para el cumplimiento integral de sus obligaciones. Ha sido no sólo un muy valioso colaborador del suscriptor, sino a la par un amable camarada”.

En febrero de 1978, escala como subjefe de la Base Naval de Mar del Plata hasta abril de 1979. En la audiencia, los fiscales reconstruyeron las listas de quienes integraron los grupos de tareas del Fuertar a partir de las calificaciones que dio. Calificó por ejemplo a Horacio Carlos Michelis jefe de Operaciones del GT 6.1 y como tarea subsidiaria, coordinador general del Programa de Instrucción de Lucha Contra la Subversión (CO-104). También calificó a Alfredo Oscar Campero, Hugo Luis Núñez, Ciencio Delfor Zalazar y Luis Borgeat, por ejemplo, “por ocupar un puesto de combate conforme el Placintara”. También a Rubén Angel Gregorio Romero en su rol de combate por ser ayudante de operaciones en el GT 6.1, entre otros.

Del volumen de información aportada por los testigos, los fiscales recogieron para ése y el resto de los casos el resto de la prueba. Roberto Frigerio e Ilda Daseville de Yudi, por ejemplo, lo mencionaron como la persona que con los comandantes informaba a los familiares sobre el destino final de las víctimas. Y otra de las víctimas lo mencionó como la persona a quien dirigía las cartas durante el secuestro de su hija.

Otro de los nombres que se escucharon fue el del único civil acusado del juicio, Juan Carlos Guyot, abogado que operaba de nexo entre el centro clandestino y los juzgados. Guyot fue diciendo durante el juicio que sólo “trabajó” de asesor, que su tarea era ir y venir con expedientes de la Base a los juzgados y que no tuvo injerencia en nada. Otra vez, además de los testigos, lo refutaron los legajos. “Conforme surge de su legajo de concepto –dijo la fiscal–, Guyot formó parte de la Fuertar 6 entre el 4/8/76 y el 26/11/76. Fue evaluado por Pertusio en calidad de jefe de la Fuerza, por Malugani como jefe de la Base Naval MDP y comandante de la fuerza, y por Ortiz como subjefe de la Base Naval y jefe del Estado Mayor de la Fuerza.”