miércoles, 22 de febrero de 2012

Voces de dignidad y justicia

Leda Barreiro, sobreviviente de La Cueva

“En este momento estoy pensando, que lo duro que es el camino hacia la justicia vale la pena. Estoy, más que nada, con el corazón puesto en los que no pudieron salir de La Cueva. En ellos está mi pensamiento y pienso: no están, pero acá estamos luchando por reivindicar su memoria y que se sepa que hubo carniceros que los masacraron. Que la gente, la “ciudad feliz” sepa qué pasaba, como se masacraba gente a metros del aeropuerto donde llegaban los turistas.

Seguiremos luchando para que se siga haciendo justicia. Este es el comienzo”.
“Esto es para los que quedaron en La Cueva, para los que no están hoy aquí con esta emoción que tenemos nosotros porque ya no están”.

Lucía Martín, sobreviviente de La Cueva


“Estoy profundamente conmovida, es un poco tardía la justicia pero llegó. Que una, todavía estando viva lo pueda presenciar, -no sé si la palabra para describir lo que siento es disfrutar, porque esto es muy doloroso para todos- pero sí disfruto de poder vivir que nuestro país empiece a hacer justicia porque ha sido muy grave lo que pasó en los centros clandestinos, y sólo los que estuvimos ahí lo sabemos”.

“Pase dos noches con una joven que lo único que sé es que se llamaba Alicia y por lo poquito que la conocí no se merecía –nadie se lo merece- estar integrando la lista de los desaparecidos. Por ella y por su esposo, vaya un homenaje hoy”.

Marta García de Candeloro, sobreviviente de La Cueva


“Si uno piensa, en 33 años no hubo justicia, porque son 33 años que Molina ha estado libre –Molina como tantos otros-. Si es desde el punto de vista social, me parece importantísimo. Esto marca que empieza a terminar la impunidad. Es un aliento de vida, para un furo… ya no pueden hacer lo mismo porque pueden ser jugados. Todos estos juicios son rompimiento de la idea de que se puede llegar a semejante terror y quedar impune. Nunca Más.

Abusos sexuales, imprescriptibles

Al ratificar la condena a Gregorio Molina, Casación consideró que las violaciones fueron un instrumento de la represión.

 Por Alejandra Dandan

“Los abusos sexuales por los que fue acusado, juzgado y condenado Gregorio Rafael Molina constituyen parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de represión estatal que habilita la caracterización de delitos de lesa humanidad y los torna imprescriptibles.” Esa es una de las conclusiones que acaba de dejar sentadas un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que por primera vez ratifica una condena por delitos sexuales situándolos como crímenes de lesa humanidad. El fallo del máximo tribunal penal se expresó sobre el caso de Gregorio Molina, condenado en 2010 por el Tribunal Oral Criminal de Mar del Plata, pero en su espíritu es una guía que debería sentar jurisprudencia para el resto de las causas.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani dictaron sentencia el 17 de febrero pasado. El fallo parece una respuesta a dos procesos. Formalmente responde a la apelación de la defensa del suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina, ex jefe del centro clandestino La Cueva, condenado por secuestros, tormentos agravados, homicidios y, por primera vez en aquel momento, por cinco violaciones y una tentativa. Por otro lado, sin decirlo, responde a los reclamos de las querellas que en todo el país intentan impulsar la acusación por estos delitos que desde el Juicio a las Juntas quedaron invisibilizados bajo las formas del tormento. En ese sentido, los votos explican por qué el delito de violencia sexual debe ser considerado de lesa humanidad. Y por qué una conducta como ésa no debe estar ceñida a la “escala” de las violaciones, sino al contexto represivo.

A la cabeza de los fundamentos de los votos, Borinsky dice que “resulta pertinente y útil recordar que los hechos que se ventilan (...) constituyen una pequeña porción del universo de criminalidad estatal verificado durante la última dictadura militar”. Ese es y no otro, dice, “el contexto histórico de criminalidad” en el que el Tribunal de Mar del Plata condenó a Molina y “pueden ingresar en la categoría de crímenes contra la humanidad” que “debe ser, ex ante, aceptada, por cuanto esta clase de actos constituyen conductas criminales que se encontraron dentro de la discrecionalidad con la cual los comandantes dotaron a sus subordinados para cumplir con el plan criminal –ataque– dirigido contra la población civil”.

Para responder si es necesario que los abusos contra la integridad constituyan una práctica habitual en el centro clandestino para ser considerados de lesa humanidad, Borinsky vuelve a señalar que el camino es inscribirlos como una pequeña fracción de “ese universo” mayor que aparece con el golpe. En ese sentido, y después de enumerar los testimonios de las víctimas que describieron las vejaciones de Molina, el camarista concluye que “las violaciones por las que fue juzgado y condenado (...) Molina constituyeron, en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, parte del ataque generalizado de represión ilegal orquestado por la última dictadura militar. Ello es así por cuanto, además de haberse constatado la regularidad de las agresiones sexuales que padecían las personas, especialmente las mujeres, que permanecieron cautivas en La Cueva, no encuentro razón alguna para excluir a las infracciones sexuales del plan criminal estatal acreditado en la sentencia de la causa 13/84 (del Juicio a las Juntas) pues, si la discrecionalidad otorgada por los comandantes a los cuadros inferiores alcanzó la toma de decisión para sellar la suerte de las víctimas (disyuntiva entre vida o muerte), no se explica por qué se pretende excluir las agresiones sexuales, como conductas criminales, del marco de discrecionalidad otorgado”.

En cuanto a la discusión sobre “la escala” de las violaciones, Hornos dejó zanjada la discusión en uno de sus párrafos: que los hechos endilgados a Molina, dice, “hayan sido realizados, o no, ‘a gran escala’, ‘de modo generalizado o sistemático’, ‘con habitualidad’, o cualquier otra expresión equivalente, no constituye obstáculo alguno para su calificación como crímenes de lesa humanidad –dice– pues la norma relevante no exige la concurrencia de dichos elementos sino en lo que respecta al ‘ataque (generalizado y sistemático)’ del cual, eso sí, estas conductas individuales deben formar parte”.

jueves, 16 de febrero de 2012

Se reanudaron los juicios por los crímenes cometidos en la Base Naval

Son los procesos en el marco de las causas conocidas como “Base Naval III” y “Circuito represivo Necochea, Comisaría 4ª y La Cueva”.

Los diarios de la época hablaban de “niñas abandonadas por sus padres” en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, pero se trataba en realidad de las pequeñas hijas de María Cristina García Suarez y Patricia Valera, dos militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) que habían sido secuestradas junto con otra compañera, Mirta Libran, el 4 de febrero de 1978 en una vivienda de Necochea, donde se habían radicado para escapar de la represión. Así lo contó Héctor Daniel Bonn, pareja de María Cristina en aquel entonces, en la reanudación del juicio en el que se investigan los crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.
Dos procesos que empezaron el año pasado dieron comienzo nuevamente luego de la feria judicial de enero en la ciudad balnearia. Se está juzgando a 30 represores, 14 de los cuales forman parte de la causa denominada Base Naval II, y a los otros 16 se los imputa en el juicio que corresponde al circuito represivo de Necochea, Comisaría 4ª de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención de la Base Aérea conocido como La Cueva.

Eduardo Félix Miranda declaró sobre su cautiverio en La Cueva tras su secuestro el 10 de octubre de 1976. Ese año, el 17 de octubre, un día de celebración para un militante de la Federación de Estudiantes Peronistas como él, cayó Día de la Madre y le tocó pasarlo detenido. Sus verdugos les decían: “por culpa de ustedes sus madres están sufriendo, hijos de puta”, aseguró.

Cuando lo liberaron le advirtieron que la condición era que se anotara en el servicio militar obligatorio. Para no realizar la conscripción en Mar del Plata con el riesgo de encontrarse con quienes lo habían tenido en cautiverio se anotó como paracaidista del ejército en la ciudad de Córdoba. Permaneció durante 15 meses en los que nuevamente fue víctima de torturas y maltratos, a causa de lo que sufrió una descompensación y debió recibir atención psiquiátrica. Claudia Miranda, su hermana, aseguró que Eduardo volvió a tener episodios maníaco-depresivos a los 32 años y que le sucedía “cada vez que había hechos políticos donde se recordaba el golpe de Estado”.

En el juicio, Héctor Daniel Bonn habló de la desaparición de su pareja María Cristina García Suárez el 4 de febrero de 1978, secuestrada junto con sus compañeras de vivienda y militancia en el PCML, Patricia Valera y Mirta Libran, en Necochea.

En el ’84 pudo reconstruir los hechos cuando se entrevistó con los vecinos del lugar que le contaron que el operativo fue realizado por un grupo de personas de civil, armados, que se llevaron a las tres mujeres y a las pequeñas hijas de María Cristina y Patricia que luego aparecieron en el Hospital Interzonal de Mar del Plata como “niñas abandonadas por sus padres”, según consignaron algunos diarios de la época. Tras difíciles gestiones, Héctor pudo recuperar a su hija de un año y medio que padecía una enfermedad que le afectaba la tonicidad muscular. La otra niña era hija del secretario general del PCML, Oscar Ríos, desaparecido al igual que su pareja Patricia Valera.  

Durante su exilio, Héctor Daniel Bonn se encontró en 1980, en Holanda, con Oscar Alfredo González, otro camarada, que le contó que había compartido cautiverio con María Cristina en la Base Naval de Mar del Plata “donde había compañeros detenidos y torturados”. Este le aseguró que hasta marzo del ’78 todavía estaba con vida.
Por su parte, declaró Graciela Arriola, que aportó más datos sobre desapariciones de militantes del PCML y la persecución de la que fue víctima. Contó que el 26 de febrero del ’78 vivía en un complejo de departamentos en Mar de Ajó, cuando salió un instante a buscar a su hijo para que entrara a comer y allí vio cómo cinco personas ingresaban al lugar.

Pudo presenciar el secuestro de una de sus compañeras. “A las 6 de la tarde veo a Silvia Siscar entrar a un auto acompañada de dos hombres”, relató. Tras este episodio, Graciela se alejó de la vida que llevaba hasta el momento y recién volvió a ver a su hijo al año siguiente, cuando su suegro se exilió en Suecia. En ese reencuentro su hijo le contó que esa tarde vio a su otro compañero, Juan Miguel Satragno, “tirado en un charco de sangre, pero no sé si vivo o muerto”, dijo. “En mi situación de prófuga parí dos hijos que me salvaron la vida porque me dieron fuerza para seguir viviendo”, finalizó su relato Graciela con la voz entrecortada. El miércoles 22 de febrero continúan las audiencias y se realizará la inspección ocular al centro clandestino de detención La Cueva, perteneciente a la Base Aérea

Por: Lisandro Contreras