jueves, 8 de marzo de 2012

El héroe que no fue

Testimonio sobre un muerto en Malvinas

Un sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata acusó ayer al capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, “el primer caído en la guerra de Malvinas”, de haberlo interrogado bajo tortura.

Gabriel Della Valle fue quien reconoció a la persona que lo interrogó bajo tortura en la Base Naval seis años después, cuando en la primera plana de un diario aparecía el rostro del primer muerto argentino durante la guerra de Malvinas. Della Valle, ex detenido durante la dictadura, declaró ayer en una nueva audiencia del juicio que ante el tribunal oral federal de Mar del Plata se les sigue a 17 militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Naval, en el cuartel de Prefectura y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). En ese proceso también se investigan hechos en perjuicio de 85 víctimas más, ocurridos en la Comisaría 4 de la ciudad, el Centro Clandestino de Detención La Cueva (ex radar Base Aérea Mar del Plata) y en la Comisaría 1ª y Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

El capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino, un marino nacido en Mendoza pero marplatense por adopción, se convirtió en el primer argentino muerto durante el conflicto del Atlántico Sur. Fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, el máximo reconocimiento que otorgan las Fuerzas Armadas Argentinas.

lunes, 5 de marzo de 2012

En Mar del Plata continúa en funciones juez acusado por delitos durante la dictadura

Pedro Federico Hooft ocupa el juzgado en lo Criminal y Correcional Nº 4 de Mar del Plata. Fue considerado por los querellantes como un “engranaje funcional” de los crímenes de lesa humanidad. Reclaman que no se lo deje abandonar el país.

Denunciado penalmente por delitos de lesa humanidad y a la espera del juicio político en el Consejo de la Magistratura, el juez Pedro Federico Hooft continúa al frente del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Mar del Plata, a pesar de los constantes reclamos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte, según informa hoy el diario Tiempo Argentino.

El célebre Hooft es el último juez acusado por graves delitos cometidos durante la última dictadura que continúa en funciones, luego de las renuncias de los camaristas de Mendoza Otilio Romano, Luis Miret y Julio Petra. El marplatense es considerado por la querella de esas causas como “un engranaje funcional, un partícipe necesario, de los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del sistema represivo que funcionó en la Subzona 15”.

La permanencia en la justicia de este magistrado es denunciada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. A fines del año pasado, el organismo realizó una presentación ante la Suprema Corte bonaerense para solicitar que se conforme de manera urgente el jury que debe tratar el pedido de destitución de Hooft y no esperar hasta marzo, cuando los legisladores provinciales vuelven a sus funciones. También reclamaron que no se lo deje salir del país y así evitar un caso similar al del ex camarista Romano, quien se fugó a Chile y realizó un pedido frustrado de asilo político.

El magistrado es recordado por su participación en la Noche de las Corbatas, nombre que adquirió el secuestro en julio de 1977 de once personas, entre ellas seis abogados marplatenses. Por esos hechos, en 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le imputó el rol de partícipe en varios hechos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, y en noviembre del año pasado, el fiscal Claudio Kishimoto pidió la citación a indagatoria del juez por la omisión en la tramitación de habeas corpus y de las denuncias iniciadas por privación ilegítima de la libertad en 20 casos.

El nombre del juez Hooft aparecía asociado a la Noche de las Corbatas desde 1984, cuando la sobreviviente Marta García de Candeloro lo nombró en su testimonio ante la CONADEP en el que recordó haber visto al juez en la Seccional Cuarta donde estaba detenida. La mujer, que había pasado por el centro clandestino de detención La Cueva, en la Base Aérea local, le solicitó ayuda al magistrado y este la ignoró, a pesar de que en su juzgado tramitaba un habeas corpus sobre su secuestro y el de su marido, Jorge Caldeloro. Luego lo denunció también en el Juicio a las Juntas y en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.

Hooft está acusado además por hacer “desaparecer” el expediente por el secuestro de Candeloro, documento que después de 30 años fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense entre los expedientes del juzgado de Hooft (ver aparte).

Mientras se demora su destitución, en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Mar del Plata por La Cueva, surgieron nuevas evidencias de la relación estrecha de Hooft con el terrorismo de Estado. “Además de no tramitar los habeas corpus y hacerlos desaparecer, de no agregar los informes que le remitía el coronel Pedro Barda, de no reclamar y reconocer los cuerpos de los abogados que aparecían muertos, de no recibir declaración testimonial a los abogados que eran liberados, tenía comunicación directa con la oficina de Inteligencia de La Cueva, es decir, con los verdugos del Centro Clandestino, y decidía, ayudado por sus cómplices civiles, como el doctor Eduardo Cincotta, quién se salvaba y quién no”, señala una de las últimas denuncias sobre Hooft.

Allí se aportaron testimonios de dos ex soldados de la Base Aérea de Mar del Plata que declararon en el juicio oral donde fue condenado el ex subjefe de la base Gregorio Rafael Molina.

Además de confirmar la realización de los vuelos de la muerte, los conscriptos brindaron información relevante acerca de quiénes eran las personas que operaban en la Base Aérea y en La Cueva, entre ellas el juez Hooft que siempre pedía hablar con Inteligencia. “El testimonio referenciado viene a confirmar lo que se viene sosteniendo y denunciando hace más de 30 años: que Hooft sabía de la existencia de Centros Clandestinos de Detención, que Hooft visitaba los Centros Clandestinos de Detención y que tenía directa vinculación con los civiles partícipes del terrorismo de Estado”, señala la denuncia impulsada por Antonia Acuña de Segarra, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata.

viernes, 2 de marzo de 2012

Testigos reconocen el centro clandestino



Fue en el marco del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Necochea, Comisaría 4ª de Mar del Plata y La Cueva. Casación ratificó condena a cadena perpetua a un represor.

Ante la atenta mirada del personal militar, testigos y los miembros del tribunal que lleva adelante el juicio en el que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Necochea, Comisaría 4ª de Mar del Plata y en el llamado La Cueva, durante la última dictadura cívico militar, se realizó ayer la inspección ocular ordenada por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler en el ex centro clandestino de detención conocido como La Cueva.
Víctor Lencina, ex detenido desaparecido contó parte de su calvario, reconoció distintos lugares de La Cueva pero afirmó que “el lugar estaba cambiado”. Lo cierto es que con el paso del tiempo la Fuerza Aérea remodeló el lugar, tiró paredes y levantó otro tipo de mampostería e incluso transformó lo que fue un centro de tortura en aulas para la formación de nuevas generaciones.
Durante su testimonio Lencina recordó: “Yo inauguré La Cueva.” Cuando fue llevado a ese Centro Clandestino era el único detenido y el sitio aún no había sido terminado. Luego fue el turno de Héctor Gómez que pese a haber sido trasladado con capucha, pudo reconocer el lugar de su cautiverio. “A mí me hicieron lavar los platos”, recordó Gómez. Durante los tres meses que duró su secuestro lo obligaron entre otras cosas a lavar la vajilla que usaban los detenidos y los militares. Según relató al tribunal fue ahí donde pudo identificar la insignia de la Fuerza Aérea en los platos y bandejas. También contó que pudo percibir la presencia de por lo menos 15 o 20 personas más, que estaban en su misma condición, que por las noches traían y se llevaban personas y que los guardias les decían: “Ahora viene el parrillero”, en alusión a la llegada del grupo que torturaba e interrogaba a los detenidos.
De la inspección y reconocimiento del lugar también participaron Miguel Lorenzo, Lucía Martín, Margarita Ferré, Jorge Medina, Carlos Bozzi y Pedro Daniel Espiño, todos ellos secuestrados y detenidos ilegalmente en La Cueva. Varios de los testigos reconocieron la entrada del centro clandestino de detención aunque señalaron que “antes había otro piso”.
Por otra parte, la Cámara de Casación ratificó la condena de un feroz represor. Se trata de Gregorio Rafael Molina, alias “Charly”, condenado el 9 de junio de 2010 a prisión perpetua y cárcel común por los crímenes y abusos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el Centro de Detención denominado La Cueva.

El juicio que llevó tras las rejas al represor duró dos meses y Molina fue condenado por ser el autor material de los asesinatos de Norberto Centeno y Jorge Candeloro, dos abogados laboralistas desaparecidos en la denominada “Noche de las corbatas”, por privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos a más de 36 víctimas y por abusos sexuales reiterados. Su condena sentó precedentes a nivel nacional y está encuadrada entre las más modernas a nivel mundial, ya que tipifica a los delitos sexuales como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Así cualquier violación ocurrida en el marco del terrorismo de Estado podrá ser juzgada a pesar del paso del tiempo. Tal es así que la sentencia, que en estas horas ratificó la Cámara de Casación Penal, ya fue distinguida en 2011 en la tercera edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto con el Mallete de Oro, galardón que se le otorga las mejores decisiones vinculadas con la equidad de género, efectuadas dentro de un proceso judicial y que entrega la Women’s Link Worldwide, una organización no gubernamental internacional de Derechos Humanos


Juan Marco Candeloro; para Tiempo Argentino