martes, 2 de octubre de 2012

Justicia a medias en La Cueva?


No hubo conformidad por el fallo de los jueces. 

Dos de los catorce imputados por los crímenes cometidos en lo que se llamó el circuito represivo Mar del Plata – Necochea fueron absueltos. Sólo seis fueron condenados a prisión perpetúa y el resto recibió “penas bajas” que no dejaron conforme a las partes acusadoras
Siete militares y cinco policías fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea durante la última dictadura cívico militar. No obstante, dos de los catorce imputados fueron absueltos.

La decisión del Tribunal Oral Federal 1 chocó de frente contra la expectativa de un fallo condenatorio para los 14 imputados por los crímenes cometidos en la megacausa La Cueva que incluye los centros clandestinos de detención La Cueva -que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea-, la actual comisaría cuarta y las dependencias policiales de Necochea: la comisaría primera y el antiguo destacamento de playa Díaz Vélez.

Después de 15 meses de debate oral los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, a los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino. La misma pena recibieron los miembros de la Fuerza Aérea, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio. Los seis militares son culpables de los delitos de de privación ilegitima de la libertad calificada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidios calificados por premeditación de dos o más personas.

Por su parte, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia y por la aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos.
Lo que se creía un fallo condenatorio ejemplar mutó en un sin fin de interrogantes cuando el tribunal anunció la decisión de absolver a dos de los seis policías imputados y condenar con penas menores a los cuatro restantes.

El ex comisario Ernesto Orosco por el cual la Fiscalía había pedido la pena de 20 años de prisión fue condenado a 12. Lo mismo ocurrió con el ex oficial Héctor Carlos Cerutti que recibió 5 años de prisión a pesar del pedido de una condena de 12 años por parte del fiscal Daniel Adler.

Por su parte el ex comisarío de Necochea Héctor Francisco Biccarelli fue condenado a 7 años de prisión cuando el Ministerio Público había solicitado 15. El ex oficial Mario Larrea fue sentenciado a 5 años -tres menos de lo pedido por Adler- no obstante el tribunal entendió que esa pena ya fue cumplida con los años de cárcel preventiva durante la instrucción de la causa y el desarrollo del juicio por lo que ordenó la inmediata libertad del condenado.

Los ex oficiales Marcelino Blaustein, quien cumplió funciones en la comisaría cuarta donde se alojaban detenidos desaparecidos y su compañero de armas Aldo Sagasti fueron absueltos porque el tribunal entendió que no cometieron ninguno de los delitos que se le imputaron.

Por último, y en contra de lo esperado, los jueces decidieron condenar a 5 años de prisión al ex integrante de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarello, quien cumplía funciones como integrante del servicio de inteligencia del Ejército. El “Tano Nicola”, así apodado durante aquellos años, estaba imputado por tres casos de secuestro y torturas, de los cuales dos terminaron en homicidio.

El tribunal consideró que Caffarello solo es responsable del secuestro del militante Daniel Nario pero no de su destino final: la tortura y la muerte. Además entendió que no se pudo probar su participación en el secuestro y las torturas al ex secretario general del sindicato de Prensa, Amílcar González y en el crimen del ex militante Jorge Toledo, desaparecido en La Cueva.

No obstante, en la etapa de alegatos, todas las partes acusadoras habían solicitado la prisión perpetúa para Caffarello.

Por último, el tribunal hizo lugar al pedido de las querellas y decidió revocar los arrestos domiciliarios de los condenados a prisión perpetúa ordenando su alojamiento en cárceles federales.

Con una sala de audiencias repleta, el hall de entrada del tribunal oral federal también fue auditorio para que el público escuchara el fallo. La avenida Luro fue cortada al menos un centenar de militantes de distintas agrupaciones políticas y sociales que se reunieron en la puerta del Tribunal.

Así aplausos y gritos de euforia que provenían devinieron en silbidos e insultos con las absoluciones y las bajas penas para los policías. El momento de mayor tensión se produjo cuando el camión del servicio penitenciario salió del interior del tribunal. Un grupo de manifestantes intentó acercarse para insultar a los condenados, pero un cordón policial se los impidió. Se produjeron algunos incidentes cuando un uniformado pateó a una mujer. Hubo empujones, insultos y algunos policías utilizaron gas pimienta contra los manifestantes.

Sin condena

Los juicios por lesa humanidad celebrados en todo el país y después de 30 años de cometidos los hechos presentan una serie de dificultades. Una de ellas es el tiempo transcurrido que hace que muchos de los imputados lleguen a juicio con el último aliento de vida.

En esta causa en particular, que ventiló 85 casos ocurridos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea cinco imputados no llegaron a sentarse en el banquillos de los acusados porque fallecieron durante la etapa de instrucción debido a enfermedades o su avanzada edad. Ellos fueron los coroneles Alberto Pedro Barda y Roberto Atilio Bocalandro, ambos jefes de la subzona militar XV con base operativa en el Gada 601.

También corrieron la misma suerte los policías Manuel Asad –titular de la comisaría cuarta- y Francisco Ríos, quien cumplió funciones en Necochea.

Otro de los imputados que no llegó a la etapa de debate fue el abogado y ex integrante de la CNU, Eduardo Cincotta, quien con el advenimiento del golpe de Estado en marzo del 76 comenzó a colaborar con el Ejército en la represión ilegal.

Por su parte, el oficial de la Aeronáutica Gregorio Rafael Molina murió a causa de un cáncer durante el juicio. En tanto el policía Adriano Arguello y el militar Aldo Carlos Máspero fueron apartados del proceso oral por sufrir afecciones que no le permiten ejercer el derecho de defensa.

Por último, los abogados Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, ex miembros de la CNU, y colaboradores del Ejército permanecen prófugos de la Justicia y tampoco pudieron ser juzgados en este proceso.

Por Federico Desántolo

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