Piden prisión perpetua para siete represores de Mar del Plata

El horror de la Base Naval

Por delitos de lesa humanidad, la fiscalía solicitó la máxima pena para Alfredo Arrillaga, Juan Lombardo, Raúl Marino, Roberto Pertusio, Rafael Guiñazú, José Lodigiani y Mario Forbice. Para otros cinco imputados pidió 25 años de prisión.

La fiscalía federal de Mar del Plata solicitó prisión perpetua para siete acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval II de esa ciudad, 25 años de cárcel para otros cinco imputados y penas menores al resto de los imputados en lo que fue el último de los alegatos de las partes acusatorias en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron la prisión perpetua para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani y Mario José Osvaldo Forbice por los delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra 69 víctimas durante la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de la Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad. Los pedidos coincidieron con los de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las tres querellantes en la causa y que emitieron sus alegatos durante la semana.

Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez fueron las responsables de realizar parte de los alegatos de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que compartieron con César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II.

Las cuatro partes acusatorias también solicitaron penas de 25 años de cárcel a Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar Falcke y Angel Narciso Racedo. La diferencia radicó en lo pedido para el ex marino Juan Carlos Guyot, para quien la fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron cuatro años de encierro, en tanto que la APDH exigió seis y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación requirió que le apliquen 15 años de cárcel.

En esta causa además estaba involucrado Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud, mientras que durante la instrucción fallecieron los imputados Juan Carlos Malugani y Pedro Barda. El tribunal –integrado por Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo– dispuso que el debate continúe el próximo 14 de noviembre, cuando comienzan los alegatos de los defensores.

De los 69 casos que se investigaron en el juicio, la mitad son mujeres y la mayoría sufrió abusos sexuales. Las partes acusatorias lo calificaron como un juicio de “documentación”, ya que fue un proceso que se fue armando a partir de archivos rescatados de la “burocracia”. A partir de los datos surgidos podrían identificarse cien nuevos represores.

Se trata del segundo juicio que se lleva a cabo por crímenes imprescriptibles cometidos durante la última dictadura en ciudades balnearias. El primero, que obtuvo sentencia hace poco menos de un mes por los hechos sucedidos en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata y Necochea conocidos como La Cueva, obtuvieron condenas que los organismos de derechos humanos calificaron de “reprochables”.

Alegato de querellas por los crímenes en la Base Naval de Mar del Plata

“Fueron entregados cual botín de guerra”

Las abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo se concentraron en los casos de las víctimas embarazadas de ese centro clandestino, que fueron despojadas de sus hijos luego de dar a luz.

 Por Alejandra Dandan

¿Se puede hablar de mayor o menor crueldad cuando se habla de los centros de exterminio y detención? Existe la tentación de hacerlo ante las mujeres embarazadas, los nacimientos de sus hijos o frente a los niños que pasaron por la experiencia de encierro y tormentos con sus padres. Ese es uno de los escenarios en los que ingresó el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, en Mar del Plata. En el relevamiento de las pruebas sobre el secuestro de un grupo de mujeres embarazadas, de sus compañeros y de los partos, las abogadas se detuvieron a observar a los niños que pasaron por la Base Naval: “Esta incertidumbre respecto de la suerte que pudieran correr los hijos de cualquiera de las víctimas –dijeron– era funcional al aparato represivo y constituía otra forma sádica de infundir el terror”.

Santiago Kraiselburd contó en una audiencia su experiencia de niño. Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez de Abuelas retomaron parte de su testimonio en el alegato. A Santiago lo subieron al camión en el que también trasladaron a su madre, Patricia Valera. Les taparon las cabezas con bolsas y los llevaron a la Base Naval. Después los llevaron en un auto hasta la ESMA “todavía tabicados con las bolsas”. A Santiago lo reprendieron en el camino porque “con su inocencia de niño, sin medir las consecuencias, intentó sacarse las bolsas para espiar”, dijeron las abogadas. “Fue en la ESMA donde hicieron que se despidiera de su madre, para luego ser abandonado en el Hospital de Niños de Buenos Aires y finalmente concluir su trágico periplo en un orfanato a sus cinco años.”

A las niñas Bonn y Ríos, recordaron, las dejaron en la puerta del Hospital Regional de Mar del Plata. Bonn murió poco después y a Ríos la recuperó su abuela materna. Daniel Mogilner es el hijo de Graciela Arriola: “Fue liberado a su suerte con su hermanita de 4 años cuando el grupo de tareas de la Base Naval los dejó con el portero de la casa”.

La primera parte del alegato la hizo César Sivo, abogado de la APDH. Sivo habló del alcance de los delitos de lesa humanidad y explicó un organigrama de la Base Naval y mostró en una pantalla fotos de sus instalaciones. Las abogadas de Abuelas, a su turno, reconstruyeron el circuito que caracterizó a las víctimas embarazadas de la Base Naval II: trasladadas a dar a luz a la ESMA y luego desaparecidas. “Sufrieron el secuestro, la tortura, el asesinato, fueron constituidos en desaparecidos y les fueron arrancados sus hijos, quienes fueron entregados, cual botín de guerra, a otras familias, las que los apropiaron continuando así con esta práctica sistemática y aberrante”, dijo Murgier.

La sentencia del juicio por el Plan Sistemático de Robo de Niños apareció como telón de fondo del alegato. “Esto demuestra que el interés de la organización represiva por ellas cesaba luego del nacimiento de los niños. Los militares argentinos se quedaron con lo más preciado de sus opositores políticos: su descendencia.”

El alegato recorrió puntos generales de un juicio caracterizado por la enorme producción de prueba documental. Abuelas puntuó algo que una y otra vez apareció en las audiencias como “miedo” no sólo de los detenidos-desaparecidos sino de sus familias: “Usted es muy joven, doctora, usted no sabe cómo nos trataban, el miedo que había”, dijo Anahí Marocchi en una audiencia, como lo recordaron las abogadas.

Hubo una lectura en perspectiva sobre lo que sucedió con otros niños en otros momentos históricos y el contexto del nazismo y el franquismo. Una mención al rol de los padrinos y luego el análisis de los casos. En todas las descripciones, aparecieron las voces sobre la vida de cada quién, sus filiaciones militantes y, dentro del campo, el intento de caracterizar el modo que adquirieron los traslados de Mar del Plata a la ESMA. El primer caso fue el de Susana Haydeé Valor y Omar Alejandro Marocchi. Susana estaba embarazada cuando la secuestraron en 1976. Los dos militaban en Montoneros. Y la reconstrucción del secuestro dio cuenta de las dificultades que tiene aún el sistema judicial para incorporar como víctimas a quienes no fueron vistos por sobrevivientes de los centros clandestinos. La reconstrucción se hizo por vías alternativas: relatos de familiares, una carta del comandante de la Base Naval Juan Carlos Malugani a la familia durante la búsqueda, testimonios escalofriantes de los propietarios de la casa que alquilaban Omar y Susana. Ante la Conadep, contaron cómo después del secuestro el grupo de tareas pasó a robar todo y les dijeron que sus vecinos eran “peligrosos terroristas”. Otros dos procedimientos realizados ese mismo día sirvieron para mostrar que la lógica era la misma: “Los tres procedimientos son idénticos”, dijo Murgier. “Secuestran un día, regresa el mismo grupo operativo para materializar la rapiña y también se hacen del dinero depositado por los locatarios. Es evidente que la fuerza de tareas es la misma y que el destino de todos estos jóvenes estaba decidido: los desaparecerían.”

Otra de las víctimas de aquel grupo fue Susana Pegoraro, secuestrada embarazada, con su padre en Constitución. Recordaron el intento de liberación de su padre. El traslado de ella de la ESMA a la Base Naval y de la Base Naval nuevamente a la ESMA para el nacimiento de su hijo. “Susana había cambiado totalmente”, recordaron durante el alegato. “Llegó (a la ESMA) en un estado lamentable, en su cara se veía todo lo que le habían hecho pasar en esos dos o tres meses en la Base Naval: no hablaba, no reía, no lloraba; lo que había vivido en ese lugar era terrorífico.”

Liliana Carmen Pereyra estaba embarazada de cinco meses. Su recorrido prueba a la vez el tránsito entre la Base Naval y la ESMA: luego de dar a luz volvieron a llevarla a la Base Naval. “Fue asesinada en el paraje Barranca de los Lobos, recibió un disparo de bala de escopeta, efectuado a corta distancia en su cabeza”, dijo Yamila Zabala Rodríguez. “Señores jueces, cada uno de ustedes, como muchas de las personas aquí presentes, a lo largo de la vida, han compartido con una hija, una nieta, una sobrina o algún ser querido, su embarazo y el alumbramiento del bebé”, le dijo al Tribunal. “Pues bien, a Liliana nada de eso se le permitió, nada de eso pudo hacer ni ella ni sus familiares. Dado que fue ilegalmente secuestrada.”

Durante el juicio declaró por primera vez Sebastián Rosenfeld Marcuzzo, el hijo de Patricia Marcuzzo y de Walter Rosenfeld. Patricia fue una de las últimas embarazadas de la ESMA. Yamila leyó durante el alegato la poesía que ella bordó en un pañuelo que tiempo después una de las sobrevivientes logró alcanzarle a su hijo. Luego habló de Laura Godoy, otra de las embarazadas.

 “Señores jueces, es el momento de ustedes, es el desafío de la Justicia, es el momento para dar respuesta a tanta impunidad, a las víctimas, a los familiares y a toda la sociedad, condenando los más aberrantes delitos cometidos por los aquí imputados”.

El ex fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la banda criminal

El exfiscal fue procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de seis homicidios calificados y un secuestro en el marco de crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 y 1976

El juez Santiago Incahusti, que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) cometidos durante 1975 y 1976, procesó este miércoles a Gustavo Demarchi por considerarlo jefe de una asociación ilícita e instigador de seis asesinatos y el secuestro de María Del carmen Maggi. Además le trabó un embargo por 2 millones de pesos.

Inchausti utilizó hasta el último día de plazo que le otorga el procedimiento para llegar a una decisión. Luego de 10 días, ayer les notificó a las partes de la causa 13.793 que investiga los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que dictó el procesamiento con prisión preventiva para el ex fiscal Gustavo Demarchi.

La resolución reza: “por considerarlo jefe u organizador del delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con el delito de homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg y María del Carmen Maggi -decana de la Facultad de Humanidades secuestrada y asesinada el 9 de mayo de 1975- en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia respecto de esta última víctima, en calidad de instigador”.

Demarchi, quien se encuentra alojado en el pabellón de delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz, recibió la noticia por notificación. Por la distancia, el juez no lo convocó al juzgado.

A lo largo de las 92 páginas de la resolución, el juez Inchausti determinó que Demarchi no sólo integraba la CNU sino que era uno de sus lideres o referentes. Además fue responsable del nombramiento de la mano de obra contratada para los hechos violentos y como fiscal se expidió solicitando el sobreseimiento o archivo de las causas en que aparecía involucrado un miembro del grupo. Por último, el juez consideró que fue Demarchi quien cumplió la función de “instigador o determinador mientras que los otros integrantes de la organización (Eduardo Ullúa, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, Piero Asaro, Raúl Viglizzo, Raúl Molleón, y los fallecidos José Luis Piatti y Carlos González”, inducidos por un mandato ejecutaron las ordenes.

Por otro lado, el juez consideró que, en base a las constancias recolectadas en la causa, también hay elementos como para que el imputado sea indagado por el crimen de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani ocurrido el 25 de abril de 1975. Ambos fueron hallados sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo. El cuerpo del primero estaba calcinado dentro de un auto. A pocos metros estaba el segundo que presentaba innumerables impactos de balas.

Demarchi llegó al país el viernes 21 de septiembre proveniente de Colombia, donde intentó refugiarse cuando huyó de la Argentina en noviembre de 2010. Al país cafetero ingresó como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió protección al gobierno de Juan Manuel Santos, quien finalmente le negó el asilo y así aceleró el proceso de extradición.

Demarchi fue asesor legal de la CGT, coordinador docente de la Universidad provincial en la década del '70 y candidato a intendente de General Pueyrredon por el peronismo en las elecciones de 1983. A partir de 1974 fue el primer fiscal federal que tuvo Mar del Plata. Ejerció el cargo hasta el '76. Uno de sus oficiales de Justicia- Eduardo Salvador Ullúa- también integró la CNU y es uno de los acusados en esta causa.

La captura de Demarchi fue producto de una denuncia formulada en junio de 2008 por los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de recibir durante años testimonios en el Juicio por la Verdad.

La causa judicial por los crímenes de la CNU aún cuenta con cuatro prófugos. Se trata de Eduardo Salvador Ullúa -ex ayudante fiscal de Demarchi en la fiscalía federal-, Fernando Federico Delgado, Fernando Otero -quien cumplió condena por el crimen del diputado Ramón Rojas, ocurrido en San Juan en noviembre del 1975-, y Raúl Viglizzo, quien antes de darse a la fuga vivía en Buenos Aires y era docente universitario. Por todos ellos, el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

El 5x1

Pasadas las dos de la tarde del 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni, uno de los líderes de la CNU, muere en la clínica Modelo. Horas antes cuando se dirigía a su casa fue interceptado en la calle Formosa entre Olavarría y Güemes por un Peugeot 504. Una ráfaga de ametralladora lo dejó muy mal herido y no hubo forma de salvarle la vida.

Las primeras noticias hablaron de un ataque por parte de Montoneros pero también se rumoreó una interna entre miembros de la UOM, que tenían muy buena relación con militantes de la CNU.

La madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio de Piantoni un grupo armado conformado por personas de entre 24 y 30 años irrumpió en la vivienda de la calle España 856. La venganza por la muerte del líder de la CNU había comenzado. Se identificaron como policías e hicieron bajar a todos los moradores de la casa.

Enrique “Pacho” Elizagaray era el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Mar del Plata. Cuando el grupo armado irrumpió, Elizagaray pretendió huir por los techos. Algunas de las personas salieron a la terraza y dispararon sus armas automáticas. “Pacho” murió de forma instantánea.

Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Los cuerpos de los Videla fueron hallados en el paraje Montemar.Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo 27 y su padre Jorge Enrique 33.Elizagaray, que quedó muerto en la casa de la calle España, presentaba 23 balazos.

Los jóvenes de saco y corbata que llegaron hasta la casa de la familia Videla habían salido del velatorio de Piantoni: Eduardo Ullúa, Carlos “Flipper” González, Mario Durquet, Fernando Delgado, Patricio Fernández Rivero, José Luis Piatti, Raúl Viglizzo y Raúl Moleon. Según la resolución de Inchausti, la viudad de Piantoni le habría pedido a Demarchi la “cabeza de todos los responsables” y la orden del imputado a los integrantes de la CNU habría sido “arrasar contra todo militante”.

El cirujano Bernardo Goldemberg fue otra de las víctimas de la venganza por la muerte de Piantoni. La misma madrugada del 21 de marzo un grupo de personas jóvenes armados con ametralladoras lo secuestró en su casa de la calle Falucho 3634 en presencia de su esposa. Su cadáver fue hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.

Redacción El Atlántico

Justicia a medias en La Cueva?

No hubo conformidad por el fallo de los jueces. 

Dos de los catorce imputados por los crímenes cometidos en lo que se llamó el circuito represivo Mar del Plata – Necochea fueron absueltos. Sólo seis fueron condenados a prisión perpetúa y el resto recibió “penas bajas” que no dejaron conforme a las partes acusadoras

Siete militares y cinco policías fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea durante la última dictadura cívico militar. No obstante, dos de los catorce imputados fueron absueltos.

La decisión del Tribunal Oral Federal 1 chocó de frente contra la expectativa de un fallo condenatorio para los 14 imputados por los crímenes cometidos en la megacausa La Cueva que incluye los centros clandestinos de detención La Cueva -que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea-, la actual comisaría cuarta y las dependencias policiales de Necochea: la comisaría primera y el antiguo destacamento de playa Díaz Vélez.

Después de 15 meses de debate oral los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, a los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino. La misma pena recibieron los miembros de la Fuerza Aérea, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio. Los seis militares son culpables de los delitos de de privación ilegitima de la libertad calificada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidios calificados por premeditación de dos o más personas.

Por su parte, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia y por la aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos.

Lo que se creía un fallo condenatorio ejemplar mutó en un sin fin de interrogantes cuando el tribunal anunció la decisión de absolver a dos de los seis policías imputados y condenar con penas menores a los cuatro restantes.

El ex comisario Ernesto Orosco por el cual la Fiscalía había pedido la pena de 20 años de prisión fue condenado a 12. Lo mismo ocurrió con el ex oficial Héctor Carlos Cerutti que recibió 5 años de prisión a pesar del pedido de una condena de 12 años por parte del fiscal Daniel Adler.

Por su parte el ex comisarío de Necochea Héctor Francisco Biccarelli fue condenado a 7 años de prisión cuando el Ministerio Público había solicitado 15. El ex oficial Mario Larrea fue sentenciado a 5 años -tres menos de lo pedido por Adler- no obstante el tribunal entendió que esa pena ya fue cumplida con los años de cárcel preventiva durante la instrucción de la causa y el desarrollo del juicio por lo que ordenó la inmediata libertad del condenado.

Los ex oficiales Marcelino Blaustein, quien cumplió funciones en la comisaría cuarta donde se alojaban detenidos desaparecidos y su compañero de armas Aldo Sagasti fueron absueltos porque el tribunal entendió que no cometieron ninguno de los delitos que se le imputaron.

Por último, y en contra de lo esperado, los jueces decidieron condenar a 5 años de prisión al ex integrante de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarello, quien cumplía funciones como integrante del servicio de inteligencia del Ejército. El “Tano Nicola”, así apodado durante aquellos años, estaba imputado por tres casos de secuestro y torturas, de los cuales dos terminaron en homicidio.

El tribunal consideró que Caffarello solo es responsable del secuestro del militante Daniel Nario pero no de su destino final: la tortura y la muerte. Además entendió que no se pudo probar su participación en el secuestro y las torturas al ex secretario general del sindicato de Prensa, Amílcar González y en el crimen del ex militante Jorge Toledo, desaparecido en La Cueva.

No obstante, en la etapa de alegatos, todas las partes acusadoras habían solicitado la prisión perpetúa para Caffarello.

Por último, el tribunal hizo lugar al pedido de las querellas y decidió revocar los arrestos domiciliarios de los condenados a prisión perpetúa ordenando su alojamiento en cárceles federales.

Con una sala de audiencias repleta, el hall de entrada del tribunal oral federal también fue auditorio para que el público escuchara el fallo. La avenida Luro fue cortada al menos un centenar de militantes de distintas agrupaciones políticas y sociales que se reunieron en la puerta del Tribunal.

Así aplausos y gritos de euforia que provenían devinieron en silbidos e insultos con las absoluciones y las bajas penas para los policías. El momento de mayor tensión se produjo cuando el camión del servicio penitenciario salió del interior del tribunal. Un grupo de manifestantes intentó acercarse para insultar a los condenados, pero un cordón policial se los impidió. Se produjeron algunos incidentes cuando un uniformado pateó a una mujer. Hubo empujones, insultos y algunos policías utilizaron gas pimienta contra los manifestantes.

Sin condena

Los juicios por lesa humanidad celebrados en todo el país y después de 30 años de cometidos los hechos presentan una serie de dificultades. Una de ellas es el tiempo transcurrido que hace que muchos de los imputados lleguen a juicio con el último aliento de vida.

En esta causa en particular, que ventiló 85 casos ocurridos en el circuito represivo Mar del Plata – Necochea cinco imputados no llegaron a sentarse en el banquillos de los acusados porque fallecieron durante la etapa de instrucción debido a enfermedades o su avanzada edad. Ellos fueron los coroneles Alberto Pedro Barda y Roberto Atilio Bocalandro, ambos jefes de la subzona militar XV con base operativa en el Gada 601.

También corrieron la misma suerte los policías Manuel Asad –titular de la comisaría cuarta- y Francisco Ríos, quien cumplió funciones en Necochea.

Otro de los imputados que no llegó a la etapa de debate fue el abogado y ex integrante de la CNU, Eduardo Cincotta, quien con el advenimiento del golpe de Estado en marzo del 76 comenzó a colaborar con el Ejército en la represión ilegal.

Por su parte, el oficial de la Aeronáutica Gregorio Rafael Molina murió a causa de un cáncer durante el juicio. En tanto el policía Adriano Arguello y el militar Aldo Carlos Máspero fueron apartados del proceso oral por sufrir afecciones que no le permiten ejercer el derecho de defensa.

Por último, los abogados Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, ex miembros de la CNU, y colaboradores del Ejército permanecen prófugos de la Justicia y tampoco pudieron ser juzgados en este proceso.

Por Federico Desántolo